La agenda del Partido Popular dirigida a su electorado más ultramontano –caso de las políticas impulsadas por los ministerios de Educación o Interior – ha ido acompañada de un discurso y política del miedo, enarbolada bajo el discurso de la seguridad ciudadana. El proyecto de ley con ese mismo nombre da continuidad a una reforma del Código Penal que implica un espectacular recorte en las libertades. A los casos de exageración de una supuesta alarma en torno a la seguridad, se le une la sistematización y generalización del recurso a la represión basada en sanciones económicas en las que la Administración hace el papel de juez y parte. Tampoco tranquilizan las compras de material antidisturbios, una de las pocas partidas que prácticamente no han sufrido recortes respecto a las cuentas del año anterior. Las listas y ficheros de activistas y la larga ristra de condenas por participar en acciones no violentas, de desobediencia, y piquetes informativos han sido respondidas por los movimientos con la creación de varios grupos y plataformas de desobediencia civil, así como por el aumento de cajas de resistencia.

No ha sido, sin embargo, un año de grandes movilizaciones. En 2013, las fórmulas para movilizaciones masivas e inclusivas de los años anteriores han mostrado sus límites. No ha habido una agenda única y aquí se ha de anotar el repliegue de los principales sindicatos tras la huelga general del 14 de noviembre de 2012 y la falta de concreción de las propuestas de referendum contra los recortes puestas sobre la mesa por la llamada Cumbre Social. La reforma de las pensiones tampoco ha servido para el “otoño caliente” que anunció el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, entrado el mes de octubre. Según los datos de diciembre, en el último año se llevaron a cabo un 62% menos de horas de huelga que en el anterior. Las dos huelgas generales de 2012 no han tenido continuidad este año. Pese a ello, conflictos como los de HP, Panrico, Tragsa, Canal 9 o las contratas de basura de Madrid y Sevilla han trascendido el ámbito de la información laboral para apelar a toda la sociedad.

Hay que valorar que las movilizaciones con mayor grado de adhesión han sido aquellas que han seguido siendo impulsadas por la diversidad de organizaciones y sujetos sociales convocados (caso de la marea blanca en Madrid) o directamente protagonizadas por asambleas, como fue el caso de la huelga indefinida de tres semanas en la enseñanza en Baleares.

Los tribunales y la calle

Organizaciones y movimientos como Izquierda Unida, el Partido X, Ecolo­gis­tas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, el Observatori Desc o el Tribunal Ciudadano de Justicia son algunos de los actores que se han lanzado a la vía judicial con querellas contra directivos de Bankia y empresarios relacionados con las supuestas donaciones ilegales al PP. Una vía que en el caso de la sanidad ha conseguido resultados este año con la paralización del proceso de privatización de seis hospitales de Madrid a partir de una querella presentada por la Asociación de Médicos Facultativos.

El de la sanidad ha sido el ámbito donde mayores victorias se han conseguido. Las acciones de desobediencia impulsadas por el colectivo Yo Sí Sanidad Universal han permitido  esquivar en muchos casos la ley que dejaba sin protección sanitaria a las personas sin papeles. Mientras, en vivienda, a las acciones para paralizar desahucios se han unido durante este año la recuperación de edificios vacíos en manos de la banca. Son 22 los nuevos edificios recuperados por la Obra Social de la PAH y las asambleas de Vivienda que se unen al movimiento de las corralas en Andalucía y que han dado alojamiento al menos a 712 personas sólo en Catalunya. En febrero, la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios volvía a mostrar el blindaje de la política institucional y su nula capacidad de dar respuesta a los debates que preocupan a una mayoría social.