Gestión de residuos en manos privadas
El millón en la basura

Grandes grupos empresariales se reparten el pastel de la gestión de residuos urbanos

, Redacción
25/11/13 · 8:00
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La cara de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, apareció en algunos de los montones de basura que se acumularon durante las dos semanas de huelga. / Ana Botella Crew

Tras la huelga en la limpieza viaria en Madrid, la huelga en la recogida de basuras. Raquel López, concejal de Izquierda Unida en el Ayun­ta­miento madrileño que ya avisó en julio del conflicto que se iba a dar en el área de limpieza de la ciudad, advierte que la renovación de la contrata de la recogida de basuras, hasta ahora a cargo de FCC, que expira el 26 de noviembre, va a llevar a una nueva huelga. “Se estima que haya una pérdida del 50% de empleos [sobre una plantilla de 1.500 trabajadores] porque desde el Ayuntamiento no se ha fijado el número de puestos de trabajo”, afirma López a DIAGONAL sobre la futura adjudicación, que partirá, según anuncia, de una rebaja del 10% respecto a la adjudicación anterior. Desde el Gobierno de Ana Botella se ha retrasado un mes y medio para intentar alejar en el tiempo el posible conflicto de la recién finalizada huelga de limpieza, que ha supuesto una batalla ganada frente a las concesionarias.

Alemania, Francia y Reino Unido apuestan por volver a la gestión pública en el servicio de basuras
“Sin duda es una victoria, y así tenemos que valorarlo. Les hemos parado los pies a las empresas y al Ayuntamiento de Madrid y se lo van a pensar mucho antes de hacer otro ataque a los trabajadores”, resalta Daniel Gismero, de la sección sindical de CC OO en PAU Vallecas, sobre el acuerdo alcanzado entre los trabajadores del servicio de limpieza viaria de Madrid y las empresas concesionarias –FCC, OHL, Ferrovial y Sacyr–, que puso fin a casi dos semanas de huelga de la limpieza.

El acuerdo alcanzado no contempla despidos de trabajadores, los despidos disciplinarios que tuvieron lugar antes de la huelga pero los puestos de los trabajadores que no han sido subrogados, como los dedicados a la reposición de mobiliario urbano, se han quedado fuera del compromiso. “Desde las organizaciones sindicales se va a pelear judicialmente su readmisión”, afirma Gismero, quien recuerda también que los trabajadores tendrán que sufrir un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de 45 días al año, lo que, según subrayan desde el sindicato Co.Bas, equivaldrá a reducir el servicio en 800 trabajadores. “Como en todas las batallas, los vencedores también sufren pérdidas en la guerra”, concluye Gismero.

A la huelga de limpieza de Madrid le han precedido, en lo que va de año, otras seis huelgas en el mismo sector de actividad. Los paros de 13 días que acabaron el 20 de enero en Granada dejaron 2.300 toneladas de basura y un acuerdo por el que se contemplaba una reducción de los salarios del 2,5% durante el año, para volver a recuperar el salario perdido en 2014, la ampliación de la jornada en dos horas y media, y la pérdida de ocho días de descanso anuales. Condiciones parecidas se consiguieron en Sevilla, tras una huelga de once días.

En 2011, la cifra de negocio de la gestión de residuos de FCC
llegó a los 2.500 millones de euros

Fueron necesarios 25 días de huelga en Villalba (Lugo) para que Urbaser –Grupo ACS– se comprometiera a bajar 33 euros de salario al mes a los trabajadores frente a los 190 que pretendía. Más largas han sido las huelgas de El Coronil, en Sevilla, donde no se recogió la basura durante 71 días hasta que el Gobierno municipal, del PSOE, firmó con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) un acuerdo por el que daba marcha atrás a la supresión de la bolsa de trabajo del servicio, que dio origen al conflicto; o en A Coruña, donde durante cerca de cinco meses los trabajadores de la planta de reciclaje de Nostián, gestionada por una unión temporal de empresas (UTE) formada por Babcock, Kommunalmbh y Tecmed –multinacionales dedicadas a servicios varios y la última de ellas filial de Urbaser, del Grupo ACS– lucharon contra una bajada salarial del 25% y el despido de once trabajadores de la plantilla.

Los mismos de siempre

La mayor parte de los contratos relacionados con la limpieza y la gestión de residuos están en manos de las principales empresas del IBEX. Varias de ellas aparecen como donantes del Partido Popular en las cuentas en B que siguen investigándose en la Audiencia Nacional. Son servicios que pasan por la limpieza viaria, el transporte de la basura, su tratamiento y la conservación de parques y jardines, y que, en la mayoría de municipios, dependen en mayor o menor parte de las mismas empresas. En lo alto del ranking del sector en el Estado español se sitúa Fomento, Construcciones y Contratas (FCC), que gestiona el servicio de recogida de basuras en 18 capitales de provincia de forma individual o en empresas mixtas con otras empresas del sector, como en Madrid, donde se reparte el servicio de limpieza con OHL, Ferrovial y Sacyr, o en Barcelona, donde trabaja con Urbaser –ACS– y Cespa –Ferrovial–.

El grupo ACS, que en octubre consiguió uno de los contratos para la limpieza de la calles de París por 30 millones de euros, también es otra de las empresas que se reparten el pastel de las basuras en el Estado español a través de su firma Urbaser, aunque muy por detrás de FCC. ACS se encarga de la gestión del servicio, además de en Barcelona, en Lugo, Almería, Palencia, en varios municipios madrileños, como Boadilla del Monte o Las Rozas, y en otros de Alicante y Cádiz. Por su parte, Cespa, del grupo Ferrovial, trabaja en la limpieza en Huelva, Murcia, Zamora, A Coruña y Granada, además de en Barcelona y en Alicante, donde opera a través de una UTE formada con FCC, Cívica Construcciones e Inusa, estas dos últimas del empresario Enrique Ortiz, imputado por la trama Brugal. Son algunas de las principales empresas que se reparten el negocio de la gestión de residuos, y para ello, según denunció en julio la Comisión Nacional de la Competencia, emplean prácticas como establecer preacuerdos para repartirse los clientes públicos y privados o fijar condiciones comerciales para restringir la competencia.

Basura y dinero

“La basura ha sido un negocio hasta ahora porque el 80% es mano de obra, que daba una facturación económica muy grande a estos grupos empresariales”, explicaba Rafael López, secretario de Política Sindical y Sectorial de la Federación de Actividades Diversas de CC OO, en una entrevista publicada en 2011 en la revista del mismo sindicato Daphnia. El importe de la concesión del servicio de limpieza en Madrid durante un periodo de ocho años, que se adjudicó en julio, rondó los 2.000 millones de euros. Cifra que se repartieron principalmente Valoriza –Sacyr–, con dos lotes que sumaban cerca de 680 millones de euros, y FCC, con otros dos lotes que alcanzaron los 600 millones de euros. OHL y Ferrovial se repartieron los otros dos lotes del paquete de limpieza y mantenimiento de espacios públicos y zonas verdes, de 321 y 340 millones cada uno. Otras adjudicaciones, como la de Bilbao a FCC, también han supuesto un nivel de ingresos parecido: 360 millones de euros para gestionar el servicio por diez años; o la de Alicante, adjudicada de urgencia en septiembre por 254 millones de euros.

FCC es la principal empresa dedicada a la gestión de la recogida de basura, seguida por ACS y Ferrovial
En 2011, la cifra de negocio que la gestión de residuos supuso a FCC ascendió a los 2.500 millones de euros. En esta cifra se incluye la porción del sector que este grupo tiene en países de Latinoamérica, Reino Unido, Europa del Este, etc. Sacyr, por su parte, tuvo una facturación de 306 millones en 2012 como resultado de su actividad en el tratamiento y gestión de residuos.

Sin embargo, el beneficio que estas empresas han conseguido concretamente con la contrata en Madrid sigue sin conocerse, según denuncia Gismero. “Se les ha pedido los datos por activa y por pasiva para hacer las negociaciones, pero se han negado a dárnoslos”, señala. En la capital, la limpieza viaria tiene una plantilla de alrededor de 6.500 trabajadores con un salario medio de 1.100 euros netos en el caso de los barrenderos.

Basura y corrupción

Los naranjos plantados sobre toneladas de basuras enterradas en la huerta de La Murada, pedanía de Orihuela, en Alicante, sirven como imagen de la corrupción que se esconde en muchos casos tras el negocio de la gestión de residuos. El caso Brugal, acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante, comenzó en 2006 y hasta la fecha ha contado entre sus implicados con dos alcaldes del municipio, el expresidente del Partido Popular en Alicante –José Joaquín Ripoll–, dos alcaldes de la capital de la provincia y empresarios de la zona –Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, también imputado en la trama Gürtel–.

A 30 kilómetros de Orihuela, el ex alcalde de Torrevieja vio hace pocos días como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificaba la sentencia que lo condena a tres años de prisión por falsedad documental, también en la adjudicación de una contrata para la recogida de basuras en la ciudad costera. En Mallorca, la Operación Cloaca investiga la supuesta emisión de facturas falsas por parte de las concesionarias de la recogida de basuras en sus puntos verdes; mientras, en Lloret del Mar, la Fiscalía sigue investigando los supuestos pagos que la adjudicataria del servicio de basuras ha hecho a la familia del alcalde del municipio. La adjudicación de las basuras en Toledo a Sacyr es también unos de los pocos frentes abiertos en cuanto a las donaciones al Partido Popular mostradas en los papeles de Bárcenas. ¿Hay corrupción en el negocio de la basura? “Sí –contestaba Rafael López en la citada entrevista–. Lo que ha salido a la luz pública es sólo la punta del iceberg. Lo más limpio de este negocio es la basura”.

Volver a lo público

“Hay claros indicativos de que en una serie de países europeos, entre los que se incluyen Alemania, Francia y Reino Unido, los municipios abogan por la remunicipalización”, afirma un informe de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwhich publicado en mayo de 2012.

No como respuesta a las prácticas ilegales, sino por razones económicas, algunos municipios del Estado también han optado por remunicipalizar la gestión de residuos. En Orihuela, donde hasta mediados de 2012 realizaban este servicio Sacyr, Liasur y Gobancast –Ángel Fenoll– por 9,5 millones de euros al año, el Ayuntamiento recuperó la gestión y absorbió a los 136 trabajadores de la limpieza después de que las concesionarias se negaran a recibir cerca de medio millón de euros condicionados a que se dedicaran sólo al pago del salario que éstas debían a sus trabajadores. León optó en enero por recuperar la gestión de residuos para ahorrar siete millones de euros. En Madrid, el grupo de Izquierda Unida también defiende la remunicipalización. “El contrato siempre se lo llevan las cinco empresas que igual te construyen una carretera que un hospital, y encima están relacionadas con los papeles de Bárcenas. Optamos porque se remunicipalice”, concluye López.

Trabajadores expuestos a gases tóxicos

Ácido sulfhídrico y amoníaco son dos de los principales gases tóxicos que emanan de la degradación de los residuos orgánicos, gases a los que están expuestos los trabajadores de las plantas de reciclajes de distintos puntos del Estado, según señalan desde el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, de CC OO. La institución denuncia que muchas de las tareas en estas plantas que antes se realizaban al aire libre han pasado a hacerse en espacios cerrados, dándose situaciones de alta exposición a estos gases tóxicos, especialmente cuando la ventilación de las instalaciones es deficiente, y que la Administración “hace la vista gorda ante estas grandes empresas, que provienen en su mayoría de la construcción, y que son contratas de la Administración”.
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