Antonio González es el presidente de la Asociación Española de Productores de Combustibles Fósiles (AEPCF). González celebra que los Gobiernos mundiales aportan anualmente millones dólares –en 2011 fueron 523.000 millones– a fomentar la expansión del gas, el petróleo y el carbón. Un aporte “que permite remunerar mejor a los ejecutivos del sector” y que lo mantiene como uno de los más subvencionados en el Estado español, tanto a través de subsidios directos como de ayudas indirectas, vía impuestos o por medio de la reforma energética. González celebra su buena estrella con el lanzamiento de confeti y el clásico puro habano.

En el Estado español, este tipo de ayudas directas se destinan
únicamente al carbón, que recibe aproximadamente 400 millones de euros
en subsidios

Antonio González, el presidente de AEPCF, no estará en la próxima reunión del COP 19 sobre cambio climático, que tendrá lugar entre el 11 y el 22 de noviembre en Varsovia, porque no es una persona de carne y hueso, sino un personaje que la ONG Inspiraction ha ideado para su última campaña en contra del Cambio Climático. Alejandro González, de Inspiraction, ha explicado a este periódico que la campaña surge de una preocupación expresada por organismos con “tan poca credibilidad” como la Agencia Internacional de la Energía, dependiente del Banco Mundial, el FMI y la OCDE, que han mostrado su desacuerdo con la política de subvenciones a las energías más sucias, basadas en los combustibles fósiles. En el Estado español, este tipo de ayudas directas se destinan únicamente al carbón, que recibe aproximadamente 400 millones de euros en subsidios, a los que se han de sumar las deducciones en la compra de gas y gasolina que reciben distintos sectores para un total aproximado de 1.900 millones de euros en ayudas. Un monto en el que no están incluidos los beneficios obtenidos por la industria pesada derivados de la venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Inspiraction quiere llamar la atención sobre una problemática que no preocupa excesivamente a la población. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre preocupaciones de la sociedad indica que “los problemas medioambientales” son considerados uno de los tres principales problemas del país para el 0,2% de las personas encuestadas. En abril de 2008 más de un 2% de la sociedad compartía esa genérica preocupación. Un año después se celebraba la cumbre sobre el cambio climático de Copenhague, la 15ª conferencia de las partes, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La cita en Dinamarca supuso una intensificación de la tendencia de las últimas reuniones a favor del negocio del calentamiento global y apuntaló la veta encontrada para el negocio en torno a los mercados de derechos de emisión y los mecanismos de desarrollo limpio. En Varsovia, uno de los principales puntos del debate es la financiación de las medidas de mitigación del calentamiento global, “el dinero público que pueden comprometer los países”, aclara Alejandro González, que calcula que el dinero necesario para el fondo verde, que deben aportar principalmente los países del Norte global, debe estar entre los 600.000 millones y el billón de euros. Una cantidad equivalente a las subvenciones destinadas a la industria más contaminante.

Mercados de emisiones

El 29 de octubre, el responsable de Ecologistas en Acción, Tom Kucharz, compareció en el Congreso con “malas noticias”. Kucharz expuso ante la comisión parlamentaria para el Estudio del Cambio Climático las condiciones de la próxima conferencia de Varsovia, “precocinada” en octubre por 40 ministros y por representantes de las principales empresas de gas, de petróleo y de carbón, las principales emisoras de Gases de Efecto Invernadero. La industria pesada y la financiera son las grandes beneficiadas de un sistema que generó 14.000 millones de beneficios a las empresas con derechos de emisión en la primera fase de puesta en marcha de este mercado (2005 y 2007); entre 2008 y 2012 el subsidio ascendió a una cifra entre 23.000 y 71.000 millones de euros. Como contrapartida, sostuvo Kucharz en el Congreso, los costes de ese subsidio han afectado principalmente a los consumidores, vía subidas impositivas.