Un sobre y un regalo. El extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta disfrutaba las visitas que hacía a los miembros del Gobierno popular para entregarles sus sobresueldos, según valoró Luis Bárce­nas ante el juez Pablo Ruz en su declaración de julio. Lapuerta, aparentemente recuperado tras sufrir “dos extrañas caídas”, según comunicó su familia, declarará el 4 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional. En su primera declaración, en marzo, negó tener nada que ver con los apuntes de Bárcenas. Su segunda declaración como imputado vendrá después de que Ruz pidiera al Banco Santander documentos con su firma para hacer una prueba pericial de su rúbrica y servirá para reanimar un proceso que ha perdido fuelle mediático.

Ruz no ha estimado necesario reclamar el expediente de adjudicación de las obras de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ni imputar a Piñeiro o al asesor Pedro Arriola

También pendiente queda el pronunciamiento del magistrado de la Audiencia Nacional sobre la ampliación de la querella presentada por la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, entre otros colectivos. Un pronunciamiento que será decisivo en el proceso, opina Antonio Segura, abogado de dicha querella, y que podría suponer la imputación del exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, de Ángel Acebes –ministro de Interior entre los años 2002 y 2004 y secretario general del PP hasta 2008– y del exgerente del partido en Galicia Ángel Piñeiro, cuya imputación ya ha sido rechazada en la ampliación de la demanda expuesta por otra acusación, la del Observatorio Desc. La ampliación de la querella de IU, Ecologistas y ALA pretende que se sienten en el banquillo también otros 15 empresarios, entre los que se encuentran Cecilio Sánchez, director comercial en Gestión de Aguas (grupo FCC); el popular ventrílocuo José Luis Moreno o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, con cargos en Metrovacesa y otras empresas.

En el retrovisor ya han quedado un elevado número de diligencias rechazadas por el juez. De momento, Ruz no ha estimado necesario reclamar el expediente de adjudicación de las obras de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ni imputar a Piñeiro o al asesor Pedro Arriola. Tampoco pide la documentación que prueba la reunión entre Bárcenas y Javier Arenas, en Sevilla, en diciembre de 2012; y Ruz renuncia a obtener información sobre llamadas realizadas desde los teléfonos de Bárcenas o a reclamar los expedientes de contratación de las administraciones públicas con 12 de las empresas que aparecen como donantes en los apuntes del extesorero. Una diligencia esta última, pedida por DESC, que, según anuncia Segura, van a reiterar, “pero con algunos contratos muy concretos en los que hemos visto irregularidades, como los de negociación directa que superan el límite de dinero para esa modalidad o los que coinciden por fechas con donaciones al PP que aparecen en los papeles de Bárcenas”.

Al mismo tiempo, este abogado denuncia una serie de movimientos “que llaman mucho la atención”. Segura se refiere al cese del comisario de Policía, José García Losada, quien fue relevado definitivamente el 18 de octubre, encargado de, entre otras, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y responsable de los casos Gürtel y Bárcenas. Segura explica que una de las fiscales que llevaban el tema Gürtel no está ya en el procedimiento, tampoco varios técnicos de Hacienda que habían trabajado en el caso. “Podría tener mucho que ver con la gran frase de Rajoy de ‘esto no se va a poder demostrar’. Parece que están haciendo todo lo posible para que realmente no se pueda demostrar”, señala Segura.

Delimitando la investigación

Junto a estos relevos, los últimos autos emitidos por Ruz muestran cómo la investigación del caso se ha delimitado para abarcar ahora las anotaciones a partir de 2007 en cuanto a posibles delitos fiscales, y a partir de 2002 para aquellos delitos contra la Administración pública, como cohecho o prevaricación, algo que supondría dar por prescritos los supuestos delitos cometidos con anterioridad. Resultado: sólo Bárcenas seguirá enfrentándose a la cárcel por delitos contra Hacienda y, por el momento, la investigación del juez se centrará en las posibles irregularidades en el pago de las obras de la sede del partido en Génova, en la contrata del servicio de basuras a Sufi (grupo Sacyr) por parte del Gobierno de Toledo –caso que apunta a María Dolores de Cospedal–, en la deuda del PP de Pontevedra con la dirección nacional y en el pago de la sede del partido en La Rioja. El Observatorio Desc ha presentado recursos de reforma sobre el auto para tratar de probar que el resto de contrataciones que Ruz ha rechazado hasta el momento formaban parte de un plan preconcebido con “una continuidad en el tiempo que va necesariamente interrumpiendo la institución de la prescripción o, mejor dicho, impidiendo que la misma pueda siquiera iniciarse”. Desde la acusación popular han anunciado a DIAGONAL que van a apelar a la sala de lo Penal para que se pronuncie sobre el periodo temporal objeto de la investigación. “Consideramos que es un delito continuado y la interpretación de Ruz puede estar anticipando la que podría ser la sentencia. Limitar el procedimiento se debería hacer en la fase de vista oral”, explica Antonio Segura.