El artículo 149 de la ley electoral castiga el falseamiento de cuentas en campaña
El artículo que puede atrapar al PP en su trampa electoral

La Audiencia Nacional investiga si el PP encubrió donaciones ilegales mediante su fragmentación durante periodos electorales.

, Redacción
03/10/13 · 8:00
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El pluralismo político y la normalidad de la concurrencia a los actos electorales es el objeto que guió la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) 5/1985. Esta ley, que siguió y sustituyó a la de 1977, fue aprobada por la práctica unanimidad del Congreso. La consolidación del sistema D’Hont, el número de diputados o la presentación de listas cerradas quedaron selladas hasta hoy. Para el Consejo de Estado, entre los efectos de la ley estuvo impedir “un multipartidismo paralizante” y reducir “el número de partidos, primando al que más proporción de votos recibe y penalizado a los pequeños partidos cuyos votantes se encuentren dispersos en muchos distritos”. Esto permitió consolidar la posición de los principales partidos desde finales de los 80, PSOE y PP.

Pero la Ley 5/1985 tenía más artículos. Uno, el 149, afecta a aquellos “administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen cuentas”. En éste y en otros tres delitos tipificados en el Código Penal –contra la hacienda pública, por cohecho y tráfico de influencias– se basa la querella interpuesta por el Observatorio DESC contra Luis Bárcenas en el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.

El abogado Gonzalo Boyé, que representa a este observatorio, ha explicado a DIAGONAL que esta demanda es muy clara en cuanto a lo que se debe juzgar, que es si el PP alteró su contabilidad durante periodos electorales: “Como no está en el Código Penal, la mayor parte de la gente no lo conoce y algunos se dedican a hacer campaña diciendo que esto no es delito. Nosotros creemos que sí”. Esta infracción acarrea penas de entre uno y cuatro años de prisión y multas de 12 a 24 meses.

Las donaciones por parte de empresarios de cantidades superiores a los límites legales establecidos por la ley electoral y su encubrimiento en la información enviada al Tribunal de Cuentas es uno de los hechos que Pablo Ruz debe juzgar en una causa que recorre 20 años de normalidad democrática. La contabilidad oficial del partido de la calle Génova se ha convertido, como refirió el abogado Enrique Santiago a DIAGONAL, en “una de las mayores pruebas de cargo contra estos individuos”. Dichas cuentas muestran cómo el PP ingresó 17,5 millones como donaciones anónimas entre 1997 y 2007.

En su declaración del 13 de agosto, Antonio Ortiz, empleado de caja del PP, declaró que nunca le llamó la atención que le ordenaran realizar ingresos de cantidades fraccionadas en un mismo día en la sucursal del Banco de Vitoria, actualmente de Banesto, que está frente a la sede de Génova. La relación entre algunos de esos ingresos fragmentados, que se corresponden con las donaciones apuntadas en los papeles de Bár­cenas, es parte de la ampliación de la querella solicitada por el combo formado por Izquierda Unida, la asociación Justicia y Sociedad, Aso­ciacion Libre de Abogados (ALA), Coda-Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes.

Hasta marzo de 2004, las salidas a la caja oficial del partido se habrían compensado con donaciones como la de Manuel Contreras (Azvi), J.L. Sánchez (Sando) o la empresa Co­pasa. El 11 de marzo, tras el atentado en Atocha, Sedesa, de la familia Cotino, se convertía en el último donante del PP antes de las elecciones legislativas. Según la declaración de Bárcenas, el 11 de marzo, el extesorero Álvaro Lapuerta recibió 300.000 euros de manos de Juan Cotino, aunque sus propios apuntes indican que la aportación fue de 200.000 euros. Tres días después, el PP perdía 35 escaños en el Congreso y el saldo de la caja B comenzaba a declinar. 2003 se había cerrado con un remanente de 506.000 euros en la caja fuerte. A finales de 2004 el resultado apenas pasaba de 150.000 euros.

Transfusión en elecciones

En 2008 volvían las elecciones generales, y con ellas se disparaban las donaciones por parte de empresarios, según la contabilidad B de Bárcenas, que registran hasta 750.000 euros donados por Villar Mir, Sánchez, José Mayor Oreja o Mercadona. En ese año, la aprobación de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos impedía la recepción de donaciones anónimas, y esto se tradujo en una disminución de las donaciones totales del PP, que bajaron, en su contabilidad oficial, hasta los 1.382.419 euros.

Las donaciones pasaban de suponer el 7,3% de los ingresos del partido en 2007 a un escaso 1,7% el año siguiente y un 1,61 en 2011, año de elecciones generales. Ese año, la contabilidad A del partido mostraba cómo las donaciones, ahora todas con nombre y apellidos, subían ligeramente hasta superar los dos millones de euros. Era 2011 y Luis Bárcenas ya estaba imputado en la investigación del caso Gürtel. La supuesta trama de corrupción vinculada al PP en Valencia, Galicia y Madrid a través de un red de empresas coordinada por Francisco Correa había provocado interferencias en otras campañas como las gallegas (trama Gürtel) o los comicios previos al tamayazo en Madrid (caso Fundescam).

Sólo hace dos años, en la sede central, el dinero comenzaba a pasar por María Dolores de Cospedal, quien asumió temporalmente las tareas de tesorería, según admitió en julio la secretaria general del partido ante Ruz. Pero, según las declaraciones de Bárcenas, las donaciones en B al partido no pararon y de nuevo Villar Mir mostró interés en hacer una donación al PP, esta vez de 300.000 euros, para la campaña en que Rajoy fue elegido presidente.

Las donaciones reflejadas en las cuentas oficiales suponen actualmente menos del 2% de los ingresos del partido, cuya principal fuente de financiación son las arcas públicas. En mayo de este año, una resolución del Ministerio de Interior publicada en el BOE repartía 14 millones de euros en subvenciones a partidos políticos según los resultados obtenidos en las últimas elecciones, de los que el PP recibió 6,14 millones de euros para su funcionamiento ordinario durante el primer trimestre del año.

A las inyecciones de dinero público realizadas desde Interior se suman las de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, etc., todas en relación al número de escaños alcanzados en las elecciones anteriores y por importes que, en el caso del Partido Popular, en 2008 sumaron 96,69 millones de euros entre las subvenciones por funcionamiento ordinario y las destinadas a financiar la campaña electoral, según datos del Tribunal de Cuentas. Los ingresos por subvenciones, que se multiplican en años electorales, son la principal fuente de ingresos del partido que más dinero gasta en campañas.

 

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comentarios

2

  • |
    Edgar
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    07/10/2013 - 5:32am
    Si el Partido Popular hizo trampas y se financió ilegalmente en la campaña que ganó las elecciones Don Mariano Rajoy, con la ley en la mano, no se podrían anular dichas elecciones por fraude electoral? Ahí dejo esta idea para que algún Tribunal Superior lo investigue (o quien sea).
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    santaklaus
    |
    03/10/2013 - 7:17pm
    Pues imagínense lo que hubiera ingresado el PP de no haber estado Bárcenas de por medio. Al menos 50 millones más.