Texto de A.M. y S.L., abogada y asesora de la Comisión de Legal de la Acampada de Sol, respectivamente.

Haciendo un balance de laevolución de la respuestarepresiva sobre el movimiento15M, y en honor ala verdad, no podemos hablar de unmodelo de violencia inusitada; losmovimientos sociales “anteriores al15M” pueden dar buena cuenta deello. Hemos asistido, sin dudarlo, auna pauta cambiante de intervenciónpolicial, caracterizada en un primermomento por una cierta “tolerancia”durante la etapa de las acampadas, ycargas policiales constantes desdeque se suceden las movilizacionespor el centro de la ciudad, con especialintensidad durante los fastos dela visita papal. Estas fueron cargasduras, con numerosas personas lesionadas,y que han tenido la virtudde ser rápidamente visibilizadas, suscitandoconsensos escandalizadosen amplios sectores de la ciudadanía,que es quizás lo que marca elpunto de inflexión con respecto a losciclos represivos previos.

Entendemos que las órdenes de
interacción con los manifestantes
cambian, desde agosto, por varios
factores, entre los que cabe destacar
el adelanto de la convocatoria electoral.
La consecuencia más visible
es el cambio en la titularidad de la
cartera de Interior: Camacho no hace
campaña como candidato, por lo
que puede asumir el lastre de la represión
sobre ciudadanos pacíficos.
La llegada del verano, y la errónea
suposición desde Interior de que un
movimiento de personas paradas y
precarias se iba de vacaciones, aceleraron
las decisiones de desalojos
y cargas; frente a la “pasividad” de
la que acusaba la oposición, se imponía
la necesidad de mostrar cierta
contundencia y desincentivar la
vuelta a las plazas en septiembre.
La presión se incrementó ante la
llegada inminente de hordas de peregrinos
a quienes hay que mostrar
un centro despejado y una ciudad
normalizada. Y a ello cabe añadir
los intentos de criminalización mediática,
tampoco nuevos en la historia
de los movimientos sociales,
en los que siempre ha habido un
momento en que –ante la posibilidad
de empoderamiento de los
mismos– se intenta convertir las actuaciones
aisladas (y a veces inexistentes)
de unas pocas personas
en modus operandi colectivos.

En conjunto, muchos tiros, demasiados,
que salen por la culata,
a los que se suman las quejas de
los sindicatos policiales, el pataleo
de las bancadas populares y la creciente
visibilidad de los efectos de
la “mano dura”.

Frente a este tipo de represión
más evidente, está empezando a tomar
cierto protagonismo otra línea
punitiva, previamente centralizada
a través de los órganos legislativos
del Estado, (por ejemplo, la ley
“Corcuera”), que ha empezado a
descentralizarse, dotando de protagonismo
a los municipios a través
de las ordenanzas municipales. La
limitación que, a través de esta vía,
se hace de derechos fundamentales
(nos referimos a obstáculos al derecho
de reunión, manifestación y libertad
de expresión en las asambleas
populares) no tiene cabida en
nuestro ordenamiento jurídico, y, lo
que es más importante, es inadmisible
en un Estado de Derecho.

En este mismo orden de cosas, y
de manera particular, se está intentando
“criminalizar” en términos
administrativos actividades de
desarrollo del propio movimiento
15M, como las Asambleas de Barrios
y Pueblos (véase la Ordenanza
Municipal recientemente
dictada por parte del Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra, Madrid),
prohibiéndose su celebración
e imponiendo importantes
multas pecuniarias a través de procedimientos
sancionadores a quienes
las celebren. El modelo instaurado
es igualmente represivo, ya
que la posibilidad de sanción limita
la capacidad tanto individual como
colectiva para convocar y acudir a
una asamblea.

Nos encontramos, por tanto, ante
un modelo de represión reglamentada,
que antepone derechos enmascarados
bajo la cobertura de interés
público, cuando en realidad
son decisiones políticas encubiertas
y perfectamente dirigidas. Como
colofón a este agitado mes de agosto,
nos hemos encontrado con el
comportamiento absolutamente
discriminatorio en esto que llaman
“Estado aconfesional”, al que se ha
dirigido claramente la postura tanto
del Gobierno como de la oposición.
En definitiva, muestran que lo único
que les importa es el mantenimiento
del Estado de bienestar de
unas pocas personas.