La educación es un instrumento
privilegiado para
la confrontación ideológica
y política, incluso cuando
las diferencias son mínimas, y
esta inestabilidad, construida sobre
elementos secundarios (cambios
arbitrarios de currículo, polémica
sobre Educación para la
Ciudadanía...), es artificial.
Por otro lado, un sistema educativo
estable es contradictorio con
los objetivos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y de
la UE, que reclaman su reforma
permanente para adecuarlo a las
necesidades cambiantes de la economía.
Este último aspecto explica
el encadenamiento de leyes
educativas en los últimos 20 años:
LODE, LOGSE, LOPEGCE, LOCE,
LOE, LRU, LOU, LOMLOU...

Una sucesión de leyes que encubre,
sin embargo, una gran estabilidad
interna. Desde la Transición
sólo se han elaborado dos leyes
educativas fundamentales: la LODE
y la LOGSE. Las demás no han
hecho sino desarrollar estas dos,
adaptándolas a las nuevas directrices
europeas.

Un pacto innecesario

Legislar a través de pactos ni es
un principio político, ni es frecuente
en el juego democrático, a
excepción de la Constitución (para
cuya modificación se necesitan
dos terceras partes de los votos).
Para hacer frente a los graves males
de nuestro sistema educativo,
como el fracaso y el abandono escolar,
si hay propuestas racionales
de mejora (más flexibilidad interna,
atención temprana a dificultades,
etc.), el Gobierno puede
llevarlas a cabo con la mayoría
política y social que logre aglutinar.
Algunas de estas propuestas
pueden ser eficaces. Las que realmente
tengan como objetivo reconstruir
una escuela de calidad,
pública, gratuita y laica encontrarán,
sin duda, un respaldo social y
profesional mayoritario.

Un pacto inoportuno

El Pacto Educativo no viene solo.
Sobre la mesa están el Acuerdo
Salarial, el Pacto de Zurbano
(medidas económicas), la revisión
del Pacto de Toledo (pensiones),
el acuerdo sobre la reforma
laboral,etc. La experiencia nos
dice que, en una situación de crisis,
los pactos de “unidad nacional”
siempre han servido para
aplicar medidas impopulares a
las clases populares. Así lo dicen
también los que explícitamente
piden “ajustes imprescindibles”
para salir de la crisis.

La urgencia con que se presentó
el Pacto Educativo se debe a la
necesidad del Gobierno de encontrar
un respiro para acabar su legislatura
y al oportunismo de la oposición
para desgastar a su adversario
y así postularse como alternativa
de Gobierno. Oportunismo político,
en ambos casos. Gobierno y PP utilizan
sin pudor la educación en busca
de réditos electorales. Y, como
ya sucedió con la LODE y la LOE,
esta frivolidad favorece que el sector
privado (confesional) encuentre
nuevos beneficios.

Un pacto inconveniente

No todo pacto es negativo a priori.
Puede ser positivo si una mayoría
social empuja a las fuerzas políticas
a hacerlo para asegurar
nuevas conquistas democráticas.
Sin embargo, ése no es el caso de
la propuesta del actual ministro,
con un Gobierno debilitado y una
oposición crecida que cuestionan
el papel de la escuela pública.
En tales condiciones, la búsqueda
de mayor consenso con la
derecha hace suponer que el resultado
se incline hacia más concesiones
a la privatización y a la
confesionalidad, a una mayor
diferenciación del mercado educativo
y a rebajar los niveles educativos
accesibles a la mayoría,
según las orientaciones regresivas
de la OCDE y la UE.

¿AL MARGEN DE
LAS IDEOLOGÍAS?

Este pacto se ha acompañado de
un tópico: “dejar de lado las ideologías”.
Ahora bien, la política educativa
común a PP y PSOE tiene
una ideología: la neoliberal. La
aceptación por parte de ambos de
las directrices de la UE (y de otras
organizaciones como la OCDE, el
FMI o el BM) suponen de facto un
pacto tácito sobre elementos fundamentales
del sistema educativo:
subordinación de la educación a
las necesidades del mercado, la
doble red de centros (públicosconcertados)
financiada por el
Estado, el respeto a los intereses
de la Iglesia y una estructura del
sistema diseñada para regular el
flujo de estudiantes hacia los niveles
más bajos, entre otras cosas.