CARGA POLICIAL. Los Mossos d’Esquadra cargaron contra miles de manifestantes en Barcelona / FOTO: Ramón Fornell

Felip Puig, conseller de Interior de la
Generalitat, lo advirtió en mayo de
2011: “Iremos más allá de la ley” en
la lucha contra la disidencia. Un año
después, los enfrentamientos y disturbios
registrados durante una huelga
general ampliamente secundada
en Catalunya le han servido para elevar
el listón represivo. Y, al mismo
tiempo, anular todo debate sobre la
creciente impugnación social a la última
reforma laboral y a los peores
recortes desde el final de la dictadura.
Dos pájaros de un tiro.

Pródigo en ruedas de prensa estelares,
Puig ha comparecido prácticamente
cada día para anunciar mano
dura, puño de hierro y guante de esparto
y descubrir un nuevo y difuso
enemigo interior, catalogado genéricamente
como ‘antisistema’. Incapaz
de descodificar las raíces de las violencias
–más cercanas a la implosión
de la revuelta urbana que a estrategias
políticas vertebradas–, Interior
ha optado por una criminalización
general de amplio espectro contra un
nuevo ciclo de movilizaciones sociales
frente a la crisis. En la saca de la
‘complicidad’, ha ubicado a los movimientos
sociales autónomos, al sindicalismo
alternativo, a los colectivos
universitarios o a la izquierda independentista.
Tras las primeras críticas
recibidas, casi inmediatas, Puig
recurrió a cargar también contra la
complicidad intelectual. Allí incluyó
a académicos, periodistas o representantes
sociales y políticos, a los que
acusó de promover debates sociales
que amparan a “los violentos” y siembran
dudas sobre la policía.

Churras con merinas, para no dejarse
nada ni olvidar ninguna obsesión
personal, Felip Puig ha acabado
por incorporar al relato hasta al 15M
y su protesta pacífica, apuntando que
todo empezó el 27M tras el intento de
desalojo de plaza Catalunya. A por
todas, Puig ha disparado también
contra la desobediencia civil pacífica,
para la que pretenden elevar el castigo
penal hasta los tres años de cárcel.
Hacía meses que Puig apuntaba a la
paralización civil de los desahucios y
a la resistencia pacífica consciente
frente a las actuaciones policiales como
‘anormalidad democrática’ y bloqueo
del Estado de Derecho. Rizando
el rizo, Puig se ha remontado a la década
de los ‘90 para recordar que el
origen de la violencia viene de la laxitud
y tolerancia con un movimiento
social de okupaciones que ponía en
jaque un pilar fundamental: la propiedad
privada.

Estrategia de fondo y ofensiva de
largo alcance, el recurso a una nueva
reforma penal que Puig azuza –con
plena complicidad del nuevo titular
de Interior, Jorge Fernández Díaz– se
ha convertido ya en un inacabable catálogo
de novedades represivas a golpe
de efecto mediático. CiU y PP ya
prevén una web para la colaboración
y la delación ciudadana anónima, la
restricción personal del derecho de
reunión, la creación de una Fiscalía
especializada, órdenes de alejamiento,
aumento de la videovigilancia o la
monitorización policial de las redes
sociales. Puig no se ha olvidado del
pájaro de Twitter –“quien sube fotos
a la red también es cómplice”, ha dictaminado–,
mientras Manel Prat –director
general de los Mossos– ha tildado
de “responsables intelectuales”
a los medios alternativos, y Florencio
Domínguez, periodista de cabecera
en temas securitarios de La
Vanguardia, ha exigido la infiltración
policial en los movimientos sociales.

Más singular ha sido el anuncio,
presentado como suma novedad, de
la equiparación legal del vandalismo
con delitos de terrorismo. Nula novedad
jurídica cuando esa equiparación
está incorporada al Código Penal des-
de el año 2000, cuando el PP redactó
el artículo 577. Un cajón de sastre legal,
vigente hace 12 años, que procesa
como terrorismo ilícitos penales
que no revisten ninguna de las especificidades
jurídicas de ese tipo penal.
Mientras tanto, estrategia económica
de tensión contra la protesta social,
Interior ya ha abierto hasta 94
sanciones administrativas contra
huelguistas y organizaciones sociales.
Por la vía discrecional policial,
prevé imponer elevadas multas económicas.
Entre ellas la que expedirá
contra las centrales anarcosindicalistas
CNT y CGT, convocantes de
una de las manifestaciones de la tarde.

Por ahora, esa política verbal represiva
ya se ha traducido en órdenes
de encarcelamiento contra tres jóvenes,
tras una jornada donde se practicaron
79 detenciones. 38 pasarán a
disposición judicial, imponiéndose libertades
con fianza de entre 3.000 y
4.000 euros a cinco personas. Lógica
franquista y muesca de guerra preventiva,
el auto contra los tres jóvenes
encarcelados motiva la privación de
libertad aduciendo la cercanía del primero
de mayo, de la cumbre del
Banco Central Europeo en Barcelona
el 3 de mayo... o del próximo derbi
Barça-Espanyol. La orden de prisión
fue rubricada por Carmen Martínez,
titular del Juzgado de Instrucción nº
18 de Barcelona, y a instancias del fiscal
Gerardo Cavero, tras recibir ambos
diversas presiones jerárquicas.

Esa profilaxis preventiva ha sido
duramente criticada por la Comissió
de Defensa del Colegio de Abogados
de Barcelona, junto a la Federació
d’Associacions de Veïnes i Veïns de
Barcelona (FAVB) y diversos organismos
de derechos humanos, que
han recordado que medidas de este
tipo son inconstitucionales y responden
a “una lógica de estado de excepción”,
en palabras del abogado Jaume
Asens. Frente a ello, la FAVB ha impulsado
una movilización que cuenta
con un amplio apoyo social, en defensa
de los derechos civiles y contra
las medidas anunciadas por Felip
Puig. Tildadas de “recortes a los derechos
y libertades civiles ganadas
tras 40 años de dictadura”, la protesta
contra la deriva autoritaria ha sido el
pasado 14 de abril en la plaza
Catalunya de Barcelona.

Mención especial merecen las referencias
banalizadoras del titular de
Interior al centenar largo de heridos y
lesionados por la policía durante la
huelga general. Entre ellos, 80 atendidos
por el Servicio de Emergencias
Médicas (SEM), donde se incluirían
46 agentes policiales. Con un escueto
“se ha acabado el ‘yo pasaba por allí’,
Puig ha sentenciado cualquier atisbo
de autocrítica. Pero por allí, según el
último balance médico, pasaban dos
ojos perdidos por impacto de pelota
de goma, dos bazos extirpados y tres
costillas rotas con afectación pulmonar.
A los cinco heridos de mayor gravedad
cabe añadir un mínimo de 20
personas más lesionadas por pelotas
de goma, 30 personas atendidas en
urgencias hospitalarias o centenares
de afectados por el uso –por primera
vez desde 1991– de botes de humo
irritante, disparados por los Mossos
comandados por Puig.