"EXTERNALIZACIÓN // EMPRESAS ""AFINES"" AL PSOE PRODUCEN INFORMATIVOS"
Nuevos pasos en el plan de adelgazamiento de TVE

TVE ve mermadas sus capacidades a través de la externalización de los informativos y de la lucha por la audiencia, en pos del reparto de la
publicidad entre las compañías privadas.

, Barcelona
25/06/09 · 0:00
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Texto de Adrián Campos

El 20 de junio acabó el plazo para que los grupos parlamentarios en el
Congreso presentaran enmiendas a
la Ley de Financiación de la Corporación
de Radio Televisión Española,
que el Gobierno aprobará sin
demasiados problemas. El punto estrella
de dicha ley es la eliminación
total y súbita de la publicidad en los
medios de la Corporación. Lo que ha
sido una reivindicación tradicional
de aquellos que defienden un modelo
de radiodifusión pública, independiente
y de calidad se presenta al debate
con ciertos claroscuros que ponen
en duda la nueva norma y la
RTVE del futuro.

Este nuevo modelo de financiación
se da además en un contexto
de progresiva externalización de
los contenidos. Otra de las habituales
amenazas para el modelo público.
El caso más sonado fue el de
España Directo, producido por
Mediapro entre protestas de los
trabajadores de TVE. Pero no fue
el último: tras las negociaciones
del ERE de principios de año, la dirección
de la Corporación no ha
dado un paso atrás y ha encargado
la elaboración de noticias en centros
territoriales a productoras afines
al Gobierno como la propia
Mediapro o la andaluza VAV Grupo
de Comunicación.

VAV es una “empresa líder en el
sector audiovisual” que, según su
propia web, produjo “la campaña
electoral para las elecciones autonómicas
y locales para el PSOE”.
Esta opción, que a la empresa le resulta
fácil en el corto plazo, ha sido
denunciada por CGT como un “derroche
económico inadmisible en
un medio público, ya que disponiendo
de personal recién ingresado en
2008 y medios técnicos propios, hay
que preguntarse: ¿por qué se regala
dinero a productoras externas, que
además se permiten el lujo de subcontratar
otras productoras?”. Pero
también el sindicato CGT ha denunciado
que estas adjudicaciones
“vulneran la Ley de radio y televisión
de titularidad estatal y el Contrato
Marco” que establece que será
la corporación la responsable de la
producción del 100% de los contenidos
informativos.

Parece que con la eliminación de
la publicidad el Gobierno español

ha querido matar dos pájaros de un
tiro: por un lado intenta contentar a
los sectores ya citados y tapar otros
problemas del ente público; por
otro, saciar la sed de las privadas
que consideraban “competencia
desleal” que TVE se lleve una parte
del pastel publicitario. Sin duda para
el Gobierno uno de los pájaros es
bastante más gordo que el otro. Las
razones que dio Fernández de la
Vega en el Congreso subrayan que
pesa más en Moncloa: la intención
es “evitar las distorsiones que en el
mercado se están produciendo” y
“dar más holgura a los operadores
en situaciones de crisis y a los trabajadores
que tenemos que proteger”.
Sin el escándalo que se armaría
si se interviniera el sistema financiero
con dinero público, parece
que las privadas están consiguiendo
un buen capote del
Gobierno, un capote que en 2008
ascendió a 557 millones de euros.

Lo que no está tan claro es cómo
vivirá RTVE sin estos ingresos comerciales
que recibe actualmente.
En principio, para el próximo bienio
(2010-2011) el anteproyecto de ley
prevé para la Corporación unos ingresos
de 1.200 millones de euros
que vendrán de las siguientes fuentes:
600 millones de los Presupuestos
Generales del Estado, 320 de la tasa
sobre la reserva del espacio radioeléctrico
y 280 millones de las cadenas
privadas y las operadoras de telecomunicaciones.
Este último 23%
del presupuesto se impone al sector
privado como compensación a la
Corporación por los beneficios que
obtendrá del trozo mayor de pastel
publicitario y por la ampliación de
los servicios de banda ancha fija y
móvil. Sin embargo, este sistema se
enfrenta a una clara paradoja: a mayor
audiencia de TVE, menor share
para las privadas y menos dinero
que estarán dispuestos a pagarles
los anunciantes, por lo que el beneficio
de estas cadenas será menor.
Ello repercutirá directamente en el
presupuesto de la Corporación, por
lo que acabará saliendo más a
cuenta dejar que sean las privadas
las que se lleven la audiencia y puedan
aportar así mayores ingresos.
Si a ello añadimos las limitaciones
impuestas por el Gobierno a los
contenidos, vemos cómo se reproduce
aquí la perversa tensión entre
televisión de calidad y audiencias
masivas, como si la una y la otra no
pudieran ser compatibles.


DESPRESTIGIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Privatización, a toda costa

Sin duda uno de los
conflictos más visibles
en el seno de las televisiones
públicas, por
su extensión en el
tiempo y por las imaginativas
protestas en
directo, es el que
enfrenta a los trabajadores
de Telemadrid
con la empresa y, por
ende, con el Gobierno
de Esperanza Aguirre
en la Comunidad. De
forma similar a lo que
se intenta hacer en
RTVE y en otras televisiones
públicas del
Estado, Telemadrid ha
optado por las reducciones
de plantilla y el
aumento de la inestabilidad
laboral como
consecuencia, entre
otras causas, de las
subcontrataciones de
productoras externas y
el aumento desproporcionado
de la deuda
de la cadena. 180 trabajadores
han sido
despedidos mientras
se acumulan las
denuncias a la empresa
por vulneración del
derecho a huelga.
A la pérdida de derechos
laborales se añaden
las críticas a la
gubernamentalización
de los contenidos y a
lo que la plataforma
Salvemos Telemadrid
considera una consecuencia
obvia de este
hecho: la pérdida de
audiencia y el desprestigio
de la cadena
autonómica. Ante
la baja audiencia y la
enorme deuda que
se está generando
con la externalización
de servicios, Aguirre
reclama al Gobierno
que se permita su privatización.

Públicas, cuando conviene

En marzo un ciudadano
agredido por los
mossos d’esquadra
que tuvo que ser atendido
por los servicios
sanitarios demandó a
TV3 por no emitir una
información que desmentía
una noticia
según la cual había
sido una “urgencia
médica falsa”. El
demandante entendía
que se había usado a
la policía como fuente
única y que negarse a
emitir una información
veraz que refutaba
una noticia supone un
acto de “censura”. En
el juicio, la Corporació
Catalana de Mitjans
Audiovisuals no admitió
ni desmintió la
acusación; lo que sí
hizo fue alegar que,
por su régimen jurídico,
debe regirse por
las normas del derecho
privado y por lo
tanto debe juzgarse el
caso por lo civil. La
magistrada del Contencioso-
Administrativo
admitió dicha alegación,
por lo que el
juicio seguirá por otra
vía. En realidad suena
a estratagema de la
Corporació para alargar
un proceso que
tiene visos de acabar
como la famosa condena
de 2003 a la
TVE de Urdaci por las
informaciones tras la
huelga general. El
régimen jurídico de la
cadena catalana es
una muestra más de
las diferentes estrategias
emprendidas por
las comunidades
autónomas para la
privatización encubierta
de los medios
públicos.

“O a la calle, o autónomos“

La agencia estatal
de noticias EFE ha
decidido homogeneizar
los contratos de
sus corresponsales
obligándoles a elegir
entre hacerse autónomos
o irse a la
calle. Pese a que los
trabajadores de EFE
eran partidarios de
la homogeneización
de condiciones laborales,
ven el recurso
a los autónomos
como ‘despidos
encubiertos’ ya que
varios de los trabajadores
afectados “llevan
ligados a la
empresa toda su
carrera profesional y
a pesar de ello no
figuran en plantilla”,
según declaraciones
de Mati Martínez,
delegada sindical, a
El Confidencial.
Como afirma la
Federación de Sindicatos
de Periodistas,
no puede hacerse
pasar a estos trabajadores
por autónomos
ya que “trabajan
cumpliendo
órdenes expresas de
la agencia, con salarios
mínimos asegurados,
utilizando
material de la
empresa y hasta, en
algunos casos, sus
instalaciones”. El 4
de junio un grupo de
trabajadores convocados
por el sindicato
CNT
protestaron
ante la sede madrileña
de la agencia
por las medidas
emprendidas.

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