John ’Maddog’ Hall, promotor del software libre, durante una conferencia / FOTO: Alviseni

Muchos analistas coinciden
en destacar las
ventajas económicas
del uso de software libre
en la administración pública.
Tienen razón, naturalmente, pero
la evidencia hace que a menudo
pasemos por alto las no menos importantes
ventajas políticas.

En casi todas las civilizaciones
que inventaron la escritura, hubo
una fase en que los escribas formaron
una casta casi sacerdotal, iniciática,
al servicio del poder político.
La exclusividad del control de la información
fue una de las claves para
la creación y la estabilidad de los
primeros imperios. Las cosas no
han cambiado mucho en los últimos
5.000 años: el control de la información
y del conocimiento son todavía
claves para el control político.

Si aceptamos este teorema, también
aceptaremos la consecuencia
lógica de que, en una sociedad democrática,
este control debe ser público
o, por lo menos, estar en manos
de organismos democráticos,
responsables frente a la ciudadanía.

¿Quién controla los datos, este
bien público, en la era de la informática?
Los datos, en abstracto,
pueden pertenecer a organismos
públicos, pero en el momento en
que se almacenan en un disco duro,
estos datos se escriben en un
formato (en un lenguaje) que
puede no ser público. Los usuarios
de MS Word almacenan sus
datos en un formato “.docx”, un
formato privado sobre el que
Microsoft retiene todo el control.
Los datos se entregan a un lenguaje
secreto, que el público no
controla. Ya no nos pertenecen.

La información no existe en abstracto;
sólo existe porque hay un
lenguaje en que se pueda expresar,
y quien controla este lenguaje controla
la información. En la medida
en que la información es clave para
ejercer el poder político, quien la
controla también controla el poder.

Lenguajes opacos

Esta situación de opacidad de los
lenguajes es más peligrosa hoy a
causa de la “nube” y de los nuevos
dispositivos, tales cómo teléfonos o
tabletas, que dan al fabricante mucho
más control sobre los programas
que se pueden vender y ejecutar.
Si un organismo privado con suficiente
poder lo decide, la información
pública puede convertirse en el
equivalente informático de la escritura
Etrusca o Azteca, y sólo unas
empresas tendrán acceso a la Piedra
Roseta. Ningún dato puede ser de
Verdad público (entendiendo con esto
no necesariamente “publicado,”
sino “bajo el control de entes públicos”)
mientras que el formato en
que está escrito es propiedad privada
y controlada.

Depender tan masivamente de
entidades privadas para el acceso a
información pública supone una redefinición
de los equilibrios de poder,
máxime en esta época de monopolios
y de control estricto de la
propiedad intelectual. Un poder democrático
debería estar al servicio
del bien público, y esto supone muchas
veces ponerse en conflicto con
los intereses privados de las empresas.
Pero no es fácil ponerse en conflicto
con una empresa de la que
depende el acceso a los datos que
forman una clave del poder político.

Los programas de código abierto
no publican sólo su código, sino
también sus formatos. Quien escriba
un documento en un formato cómo
“.odt” o “.rtf” sabe que lo está
traduciendo en un lenguaje de dominio
público, en que el acceso no
puede ser restringido ni controlado
por intereses privados.

Los programas mismos, en cuanto
están cerrados, suponen una disminución
del poder público en favor
de la influencia privada.
Sistemas operativos y programas
comunican con el fabricante a través
de la red sin la autorización especifica
de sus usuarios (por ejemplo,
para averiguar la presencia de
actualizaciones y para descargarlas
automáticamente) y muchas empresas
han sido “pilladas” abusando
de esta posibilidad. Con los programas
cerrados, una empresa podría,
por ejemplo, conocer los Presupuestos
Generales del Estado antes
de su publicación, y usar la información
para especular con la deuda
soberana; podría conocer las pruebas
que la fiscalía está recogiendo
para una causa contra la empresa.

Todo esto puede sonar a teoría
de la conspiración, pero las empresas
ya están recogiendo sobre
sus clientes muchos más datos de
lo que admiten públicamente. No
hay razón para pensar que no
usarán los mismos mecanismos
para controlar y, si es posible, influenciar
la acción pública.

El uso de programas de código
abierto es sólo una pequeña pieza
en un juego de equilibrios entre
el poder político y el poder, cada
día más grande, de las empresas.
Una pieza pequeña pero no despreciable.
Y, para darse cuenta de
la importancia de no ignorarla,
cabe recordar que en todo esto están
en juego nada menos que la
democracia y la libertad.