PROTECCIÓN: La Fundación O¬¥BELEN AMPLIA SUS ACTIVIDADES
El negocio de tener “clientes cautivos”

La falta de control y la dejadez de la Administración
permite que las entidades privadas que gestionan los
centros de menores privilegien objetivos de rentabilidad.

, Redacción Cantabria
16/03/11 · 8:00

“Me han quitado la tutela por razones
laborales. Trabajo de nueve a
seis, de lunes a domingo y sólo libro
un día a la semana. Que la Comunidad
de Madrid y el centro de Picón
me hayan hecho eso, y a mi hijo, que
ha intentado ahorcarse dos veces, es
muy grave”, afirma Marisa Garros,
madre de D. M.G., un chaval de 14
años que desde diciembre del pasado
año se encuentra ‘huido’, para vivir
de nuevo con su madre, del centro
de protección terapeútico Picón.
En este centro, gestionado por la
Fundación O’Belen en Paracuellos
del Jarama (Madrid) y que acumula
numerosas denuncias, se suicidó, en
2008, Hamid A., un chico de 13 años.

A preguntas de DIAGONAL, la
Consejería de Familia y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid
(CAM), tutora legal de D., afirma,
dos meses después de la ‘fuga’, no
tener noticias de chavales huídos de
Picón. “Están cobrando por mi hijo
todavía, ese dinero me lo tenían que
estar dando a mí”, señala Marisa.
“He dicho a Servicios Sociales que
no quiero dinero, pero que me pongan
a alguien para que el niño no esté
solo mientras trabajo”. Pese a que
D. lleva tres meses sin estar en el centro,
O’Belen sigue cobrando de la
CAM 5.200 euros al mes por encargarse
de él.

Dejación de la Administración

El negocio de los centros de menores
sigue viento en popa pese al escándalo
que levantaron, hace ahora
dos años, las denuncias del Defensor
del Pueblo y de Amnistía Internacional.
La privatización no ha cesado
y más del 90% de los centros
terapéuticos, para menores diagnosticados
como con ‘problemas de
conducta’, continúa en manos privadas.
Además las comunidades autónomas
no sólo subrogan la atención
de los menores en desamparo –los
centros de tutela–, a entidades supuestamente
sin ánimo de lucro, sino
que “el seguimiento de los mecanismos
de acogimiento familiar y todo
tipo de informes también lo llevan
a cabo empresas privadas”, afirma
José Luis Calvo, portavoz de
Prodeni, una asociación que lleva
más de 20 años defendiendo los derechos
de los niños.

“Todo lo que se cuece en la vida de
los menores cae bajo la competencia
de equipos educativos de centros privados
que la Administración asume
sin contraste ni supervisión”, sostiene
Calvo. Hay “muchos casos que
muestran que la decisión de separar
a padres e hijos está en manos de empresas
privadas” lo que es muy preocupante
ya que “hay intereses muy
directos, en cuanto que los menores
tutelados son dinero, negocio”.
Luis Prieto, profesor de bachillerato
y ex educador de un centro de menores
en la Fundación Resilis, en Catalunya,
va más allá. “Se exageran
los informes”, afirma, “si un chaval
es un poco movidito, se le envía de
un centro de tutela a un centro de
educación intensiva” donde “cobran
más por el chaval porque la ratio es
más elevada y hay más elementos de
seguridad”.

Considera que la falta
de control por parte de la Administración
genera escenarios preocupantes:
“Es muy grave que una misma
fundación pueda crearse sus
propios clientes a partir de informes
que muchas veces son dudosos”.
Esto da lugar a lo que Santiago
Agustín, psicólogo que trabajó en el
centro terapéutico de la Jarosa de
O’Belen al que denunció, denomina
“clientes cautivos”. “Los chavales son
atendidos a la fuerza por estas empresas,
y como dichas empresas van
a ganar el mismo dinero, les traten
como les traten, el trato es malo”.

Calvo ha sido invitado a intervenir
ante la Comisión especial del Senado
sobre la Adopción, comisión que
ha estudiado el sistema de protección
de los cerca de 30.000 menores
en desamparo tutelados por las distintas
administraciones. En su informe
emitido en noviembre de 2010, la
Comisión insistía en que “la colaboración
del sector privado en la gestión
no puede obviar la dirección, el
control y la responsabilidad de las
administraciones públicas”.

Hay otro aspecto que pesamucho
en cómo funcionan los centros de
menores. En su informe de enero de
2009, el Defensor del Pueblo criticaba
la incidencia de las malas condiciones
laborales de los trabajadores
en el trato dispensado a los chavales.
Y señalaba el “alto índice de rotación”,
“sueldos de 800 euros de media”
y la “práctica inexistencia de formación
continua”. Una situación que
produce en estos trabajadores el denominado
“síndrome de Burnout”
según denuncia Amnistía Internacional
(AI), en sus informes. Un desgaste
profesional debido a “una demanda
excesiva de energías, fuerzas
y recursos” que también ha sido recogido
en sus conclusiones por la
Comisión del Senado.

Nuevo Futuro, una ONG con un
abultado presupuesto y cuya presidencia
honorífica ostenta Pilar de
Borbón, ha sido llevada a juicio en
Sevilla y Donostia por los despidos
improcedentes de trabajadores que
denunciaron turnos de 72 horas seguidas
o la imposición de horas extraordinarias,
muchas de ellas no reconocidas
ni pagadas. En cuanto
a O’Belen, basta ver las bajas voluntarias
solicitadas en un año en sus
centros para hacerse una idea de las
condiciones laborales. El informe del
Defensor recogía estos datos: la palma
se la llevaba el centro de Picón
con un total de 48 bajas.
Para Prieto, el perfil que se busca
en estos centros es el de personas
“que sean capaces de imponerse,
que tengan presencia física. Buscan
un tonto útil o personas que se rindan
a sus códigos pedagógicos: pegar,
humillar, aislar”. “El que va
con idea de educar allí no tiene nada
que hacer”, sentencia.

O’Belen, la bestia negra

En el entramado de las entidades que
gestionan centros de menores, destaca
la Fundación O’Belen como bestia
negra de trabajadores y chavales
protegidos. Aunque el revuelo causado
por la difusión de los abusos
que recogían los informes de AI y del
Defensor del Pueblo le ha costado el
cierre de cuatro centros –uno en
Cuenca y Canarias y dos en Madrid–,
y perder la adjudicación de unos terrenos
en Murcia para construir otro
más, O’Belen abre centros como el
de Argomilla de Cayón (Cantabria).
Y amplia su actividad: la gestión
de recursos de acogimiento familiar
(lo que le permitiría rentabilizar los
futuros cambios legislativos respecto
al mismo) y su expansión internacional
(en 2010, el gobierno golpista de
Honduras se comprometió a firmar
con O’Belén un convenio para un
proyecto piloto para jóvenes).
Además, existen rumores de que pudiera
pretender dar el salto a la salud
mental infanto-juvenil.


FUNDACIÓN
O’BELEN
RELACIONADA
CON EL PARTIDO
POPULAR

Fundada por un grupo de políticos
y empresarios, en su mayoría
vinculados al PP, esta ‘entidad
sin ánimo de lucro’ se financia
en más de un 90% con
dinero que le entregan las administraciones.
Tras el escándalo
que levantó el informes del
Defensor del Pueblo, en enero
de 2009, su presidente Emilio
Pinto, un diplomado en magisterio
que fue portavoz del PP de
Sigüenza (Guadalajara), dejó el
cargo.

La presidencia pasó a
manos de Javier San Sebastián,
hermano de la periodista
Isabel San Sebastián. Según
reza en su memoria de
2009, la fundación comenzaba
“una nueva era”, en la que San
Sebastián está acompañado en
el nuevo patronato
de otros
’nuevos fichajes’ cercanos al PP
como Pedro Nuñez de Morgades,
ex defensor del menor de
la CAM y diputado del PP en la
Asamblea de Madrid, o Pilar
Cernuda, periodista colaboradora
en Telemadrid o el ABC entre
otros medios conservadores.
En la gerencia permanece Carlos
Moreno, ex concejal en Sigüenza
por el PP.

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CONCENTRACIÓN de protesta tras la muerte de Hamid A. en un centro de O‚ÄôBelen. Foto: José Alfonso.
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