GESTIÓN. Las grupos de DD HH critican que se rentabilice el ‘cuidado’ de los menores.

Amnistía Internacional (AI)
ha denunciado maltratos
en centros de menores
(centros terapéuticos, no
de reforma) en un informe en el que
concluye que los niños y niñas internados
por trastornos de conducta y
dificultad social “pueden ser víctimas
de abusos, aislamiento o medicación
forzada”. Tras examinar el
estudio, el fiscal de menores de Barcelona
manifestó que compartía su
“crítica general al funcionamiento
de estas instituciones” y que “la falta
de medios es más que evidente”.

Éste es el problema de fondo y la
razón de las reiteradas denuncias sobre
el mal funcionamiento de muchos
de estos centros. La atención
muy deficiente, autoritaria y represiva
que se viene denunciando respecto
a algunos de estos centros de protección,
tiene que ver con la Ley del
Menor que abrió la puerta a la privatización
de estos centros. Esta ley
permitió a las Comunidades Autónomas,
competentes en la materia, privatizar
la gestión de estos centros y
delegar así en entidades particulares
la ejecución de las medidas. Cada
menor interno en estos centros privatizados
aporta más de 3.800 euros
al mes a sus gestores. Uniéndole las
aportaciones de distintas empresas
a través de sus ‘obras sociales’, que
funcionan como patrocinadoras, y
las donaciones de suelo público por
parte de las comunidades, estas organizaciones
acumulan pronto un
impresionante patrimonio. Incluso
algunas de ellas pertenecen a grupos
empresariales que cuentan
con servicios de seguridad o catering
que son a quienes se adjudican
esos servicios.

En su informe difundido en febrero,
el Defensor del Pueblo recogía
que 41 entidades privadas
gestionaban 55 de los 58 centros
terapéuticos existentes, el 80% de
los cuales se han puesto en marcha
en los últimos diez años.

Esta privatización a manos de empresas,
fundaciones y ONG, que funcionan
a modo de subcontratas, ha
conllevado una desprofesionalización
y un deterioro en la atención a
los menores. Ya el informe del Defensor
del Pueblo denunciaba que
una de las características de su personal
educativo es su alto índice de
rotación, unos sueldos excesivamente
bajos (800 euros de media) que no
se corresponden en absoluto con el
trabajo realizado, y la casi inexistencia
de una formación continua.

Esta privatización, que ha convertido
el sistema de protección en un
negocio, ha provocado la degradación
de las relaciones laborales y
también de los servicios que reciben
los menores. Son empresas que,
aunque se presentan como ONG,
son simples subcontratas que establecen
unas condiciones laborales
deplorables. Esto, en unos centros
sobrecargados de menores para abaratar
costes, acaba generando un ciclo
de violencia con los menores e
incluso con los otros trabajadores.
Por ello estos centros –y los servicios
sociales en general– no pueden
gestionarse desde la perspectiva del
negocio, la opacidad, la caridad o la
moralidad. Es necesaria una modificación
en la Ley del Menor para que
se garantice que son centros públicos
con garantías públicas.