ANÁLISIS // EL VALOR DE LAS APUESTAS PROGRESISTAS
Necesitamos rectores ‘progres’

Los rectorados no dan el
poder absoluto, pero sí
importantes posibilidades
de acción para modificar
la Universidad.

22/04/11 · 8:40
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MADRID. Candidatos a rector de la UCM. Foto: UCM.

El debate sobre la Universidad
no cesa. Tras el informe
Bricall, la LOU, la LOMLOU
y Bolonia, asistimos a
una renovada ofensiva de sectores
empresariales para someter la Universidad
pública a sus intereses. En
estas circunstancias es muy importante
que los sectores progresistas
defendamos un modelo social de
universidad, que la considere un
bien público para toda la sociedad.
Hay que defender los éxitos conseguidos
en las últimas décadas, a la
vez que plantear nuevos retos e introducir
correcciones en los errores
detectados, con propuestas alternativas
a las mercantilistas.

Como siempre, esta defensa y profundización
del modelo social comprende
desde la concienciación y
movilización de la comunidad universitaria,
hasta el acceso a los órganos
rectores y en particular a los
equipos rectorales. Sin apoyos institucionales
es difícil organizar y difundir
debates colectivos sobre el futuro
del modelo social.

Gobernar según principios

Junto a las palabras, los hechos. Hay
que gobernar con un escrupuloso
respeto a principios que marcan distancias
en un gobierno progresista:
transparencia, criterios objetivos y
públicos, respeto a los derechos y garantías
personales, etc.

En el mismo sentido, tenemos que
ser fieles a nuestra concepción de la
universidad como un servicio público.
En la docencia, combatir las barreras
económicas para el acceso.
En la investigación, priorizar temas
de interés colectivo. En general,
nuestro compromiso debe incluir políticas
transversales en temáticas
como la atención a minusvalías, la
cooperación al desarrollo, la sostenibilidad,
la divulgación del conocimiento,
la participación en los
debates de interés público, la igualdad
de género o la cultura de la paz.

Todo ello desde el rigor científico
y la exigencia de dedicación y eficiencia.
Todo ello, junto a una rendición
de cuentas a la sociedad.
Y entre dichos principios, la defensa
de un gobierno participativo,
con electividad de los cargos unipersonales
y colegialidad en la toma de
decisiones, frente a las tendencias
jerárquicas y absolutista cada vez
más descaradas.

Sabemos de las dificultades
que todo sistema parlamentario
presenta y en particular de
las lagunas en nuestro actual funcionamiento.
Pero también sabemos
que el rendimiento de la universidad,
como el de cualquier otra organización
de profesionales, se basa en la
convicción y el voluntarismo de sus
integrantes, junto a la corresponsabilización
con los objetivos y las decisiones
de la institución.

A la hora de diseñar nuestros planes
y del balance final, hay que tener
en cuenta que este modelo participativo
hace que la capacidad de Gobierno
no esté totalmente concentrada
en los órganos rectores. No queremos
decir con ello que la capacidad
de transformación desde los órganos
de Gobierno sea desdeñable y
mucho menos, como interesadamente
se pretende hacer creer, que
el rector se vea prácticamente incapacitado
para cualquier iniciativa.

Lo que queremos decir es que dependeremos
en buena medida de
contar con la colaboración activa de
la comunidad universitaria.

Los agentes externos

La otra cara de la moneda son las relaciones
externas, de las que también
depende en buena medida la capacidad
efectiva de transformar
nuestra Universidad. Es evidente
que una parte del poder efectivo reside
en la Administración a través
de, por ejemplo, el ordenamiento jurídico
y las provisiones presupuestarias
ordinarias. También este reparto
de poder es lógico de acuerdo con
nuestros principios de servicio público.
Incluso sería exigible una mayor
implicación de los poderes públicos
en temas como el mapa de titulaciones
o las condiciones de trabajo de la
comunidad universitaria.

Nuestra voluntad de compromiso
nos debe llevar a buscar otros
colaboradores como administraciones
locales, organismos públicos
de investigación, sector productivo
innovador o entidades sin
ánimo de lucro, que canalicen esa
tan manoseada “tercera función”.
Estas parcelas de poder compartido
pueden acrecentar nuestra capacidad
para impulsar iniciativas
de cierta envergadura.

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MADRID. Candidatos a rector de la UCM. Foto: UCM.
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