“AUTO-REALOJO”. Vecinos y vecinas de
todas las edades en el interior del edificio
okupado. // Junta de Inquilinos La Corriente

“Hemos conseguido con esta acción
el realojo, pero ahora llega el
momento de las rebajas por parte
del Ayuntamiento”. El nuevo conflicto
con la Administración gira
en torno a las condiciones de inhabitalidad,
que permiten legalmente
aplicar el acuerdo de las negociaciones
entre los vecinos y los
responsables del área de urbanismo.
“Se está pidiendo a la gente
que viva en casas con siete puntales”,
continúa Antonio Buenavida,
vicepresidente de la Liga de
Inquilinos y una de las personas
que participó en la okupación.
El edificio okupado, situado en el
número 52 de la calle San Bernardo
y tres años vacío, consta de 15 viviendas,
de las que 10 eran de protección
oficial y cinco de venta libre, pertenecientes
al Grupo Inmobiliario
Prasa. El Ayuntamiento de Sevilla
ha comprado estos cinco pisos a la
inmobiliaria. 10 de los pisos serán
ahora para 10 de las 11 familias que
participaron en la okupación, ya que
una renunció voluntariamente a beneficiarse
de esta medida. Los gastos
del realojo correrán por parte de
los propietarios o, subsidiariamente,
por la Administración.

Pese al éxito del denominado
“auto-realojo”, la nueva situación
ha animado a los vecinos a una
nueva estrategia. La Liga de Inquilinos
La Corriente anunció en
rueda de prensa el 23 junio la puesta
en marcha de una plataforma por
la rehabilitación integral del barrio
sevillano de San Bernardo. Con esta
iniciativa se pretende acabar con
la infravivienda, hacer frente a la
presión de la especulación inmobiliaria,
que sus habitantes no tengan
que abandonarlo y que sea posible
rehabilitar casas también para los
jóvenes. La recién nacida plataforma
‘Salvemos San Bernardo’ aspira
a aglutinar a la ciudadanía para
conseguirlo.

Este barrio se caracteriza por un
alto número de pisos en pésimas
condiciones, muchos de ellos con alquiler
de renta antigua y habitados
por personas de edad avanzada. El
desahucio es una amenaza constante
para estos inquilinos que desean
quedarse en el barrio, acceder a una
vivienda digna y mantener la identidad
de estas calles sevillanas. Unas
calles de cigarreras y otros oficios
tradicionales y unos lazos comunitarios
que aún sobreviven.

Mientras tanto, nadie puede asegurar
que el capítulo de la ocupación
de San Bernardo 52 haya terminado.
La okupación provocó la
denuncia de la inmobiliaria Prasa,
que fue retirada finalmente. Aún
así, la causa por delito de usurpación,
que penaliza la okupación
desde la entrada en vigor del
Código Penal de1995, puede continuar.
En todo caso, lo peor ya ha
pasado desde que se llegó a la solución
definitiva, el pasado 1 de junio.
Hasta entonces agentes de la
Policía Nacional y miembros de la
seguridad privada de Prasa, actuando
en la calle y, por tanto, de
manera ilegal, según Antonio
Buenavida, cercaban el edificio
donde se hallaban los vecinos encerrados.

El mismo día de la okupación la
titular del Juzgado de Instrucción
de Sevilla número 19 dio la orden
de restringir el acceso a las viviendas
como medida cautelar. Días
más tarde, se llegó a un primer
acuerdo con Urbanismo, que incluía
una primera propuesta de realojo.
Además se consiguió activar
el suministro de agua y luz de las
viviendas, una lista con los 25 okupantes
que permitía su entrada y
salida del edificio y la sustitución
de los agentes nacionales por municipales.

La actuación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado han sido denunciadas
a la justicia. Especialmente
por el altercado con una joven
que fue golpeada mientras, como
parte del grupo de apoyo a los
encerrados, intentaba introducir en
el interior de la vivienda comida, tal
y como asegura Antonio Buenavida.