JUSTICIA POPULAR:
El Tribunal Permanente de los Pueblos

Una veintena de multinacionales
europeas, entre ellas siete españolas,
fueron juzgadas por el Tribunal
Permanente de los Pueblos en Lima,
en el transcurso de la audiencia
sobre las empresas transnacionales
europeas y las políticas neoliberales
en América Latina. Este tribunal,
el segundo de este tipo que
se celebra –el anterior tuvo lugar
en Viena en 2006–, fue organizado
por la red birregional Enlazando
Alternativas. Decenas de testigos
expusieron cómo se ha desarrollado

29/05/08 · 0:00
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Una veintena de multinacionales
europeas, entre ellas siete españolas,
fueron juzgadas por el Tribunal
Permanente de los Pueblos en Lima,
en el transcurso de la audiencia
sobre las empresas transnacionales
europeas y las políticas neoliberales
en América Latina. Este tribunal,
el segundo de este tipo que
se celebra –el anterior tuvo lugar
en Viena en 2006–, fue organizado
por la red birregional Enlazando
Alternativas. Decenas de testigos
expusieron cómo se ha desarrollado
la entrada en América Latina de
las empresas transnacionales europeas
y qué ha significado para las
poblaciones y ecosistemas de la región.
En concreto, entre otras muchas
cosas, se mostraron las características
de esa suerte de nuevo colonialismo
basado en la extracción
a toda costa de los recursos naturales,
con los efectos que tiene sobre
el medio ambiente y los pueblos indígenas,
como quedó claro con los
casos de la minera Majaz en Perú,
la papelera Botnia en Uruguay y la
petrolera Repsol YPF en Argentina,
Bolivia y Ecuador.

Se pudo exponer, asimismo, cómo
el saqueo del continente se fundamenta
en la creación de grandes
infraestructuras, que fue ilustrado
con el caso de la empresa alemana
Thyssen Krupp, que está construyendo
un macrocomplejo industrial
para la exportación de acero
en la bahía de Sepetiba, en Río de
Janeiro, destruyendo así el modo
de vida de cientos de pescadores
artesanales de la zona. El expolio
también se apoya en la producción
para la exportación, que se desarrolla
con graves efectos sobre
los derechos laborales, como en el
caso de la empresa noruega Camposol
en Perú, que ha despedido a
muchas trabajadoras para tratar de
impedir la sindicalización. O a través
de la privatización de los servicios
públicos, sobre todo del agua
–con los casos de Aguas de Barcelona
en México y Proactiva (FCC)
en Colombia– y de la electricidad,
con las acusaciones a Unión Fenosa
en Colombia, Guatemala, México
y Nicaragua. Los grandes bancos,
como el Santander el BBVA,
tampoco se libraron del veredicto
condenatorio del Tribunal.

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