Ante un escenario de preguerra
en Chiapas, propiciado
por la nueva
ofensiva contrainsurgente
contra las comunidades indígenas
zapatistas, con las heridas aún
abiertas y la impunidad vigente en
los alarmantes casos de vulneración
de los derechos humanos en
Atenco y Oaxaca, el presidente de
México, Felipe Calderón, llegó el
11 de junio al Estado español para
reunirse con las principales multinacionales
y participar en la inauguración
de la Expo de Zaragoza.

Esta visita le permitirá afianzar su
estrategia neoliberal de crecimiento
en infraestructuras, favoreciendo
la inversión privada, afirmando
que estos proyectos se basan en
demandas del pueblo mexicano,
que libre comercio es igual a crecimiento
económico, y que éste por
sí mismo genera desarrollo social.
Pero el pueblo mexicano ya ha experimentado
que tras las mentiras
del progreso se encuentran la privatización
y expolio de los recursos
naturales, desalojos forzosos
de comunidades, en su mayoría indígenas,
deterioro del medio ambiente
a favor del turismo, recorte
de servicios básicos, agudización
de la desigualdad social y represión
contra aquellos que presentan
una resistencia a la imposición de
estos planes económicos.

Son muchos los ejemplos de resistencia
y organización de las comunidades
ante estas agresiones,
gestionadas por el Estado para garantizar
a las multinacionales las
condiciones idóneas para ver crecer
sus inversiones a costa de lo que
sea. Poblaciones como El Saltillo,
se organizaron desde 2001, cuando
la multinacional Aguas de Barcelona
se apoderó del sistema hídrico
de la capital de Coahuila, privatizando
así el acceso al agua. La población
de La Parota, en Guerrero,
lucha contra el proyecto hidroeléctrico
que pretende construir una represa
que inundará el territorio de
tres municipios, desalojando a más
de 20.000 habitantes. En Oaxaca,
numerosas organizaciones civiles
exigen al Gobierno la cancelación
de los proyectos del Plan Puebla
Panamá, como la construcción de
una presa en la región del istmo, la
macrocarretera Oaxaca-Tapachula
o el parque eólico en La Ventosa,
defendiendo siempre que la tierra
no está en venta.

La excusa del narcotráfico

La población de Atenco lucha desde
2001 contra la construcción de
un aeropuerto en sus tierras por la
española OHL, entre otras. Como
respuesta, Atenco sufrió una represión
brutal en 2006 que sigue impune,
con 16 personas en prisión y
con procesos que incumplen las mínimas
garantías jurídicas.

El Plan México, financiado por
EE UU para, teóricamente, luchar
contra el narcotráfico, sirve de
excusa para militarizar el país
hostigando las zonas más conflictivas
para gobiernos y empresas:
las fronteras y aquéllas donde se
organiza una resistencia. Desde
el 2007, la guerra de baja intensidad
en Chiapas se recrudece con
el fin de atacar la base social del
EZLN y el corazón de la autonomía
indígena: la tierra.
Mientras los políticos firman
acuerdos de libre comercio y se reúnen
con los grandes empresarios,
distintas organizaciones civiles denuncian
el genocidio implementado
por los Estados basados en criterios
puramente económicos. La
visita coincide con la quincena de
solidaridad con las comunidades
zapatistas, que pretende, frente al
silenciamiento mediático, visibilizar
la gravísima situación que se vive
en Chiapas. Colectivos del mundo
hacen suyo este pronunciamiento
de La Otra Campaña: “Es la hora
de la movilización y la organización
en defensa y apoyo del EZLN. Frente
a los tambores de la guerra es necesario
organizar ya la respuesta
desde todos los rincones”.