“Exigimos la creación de un registro
de frecuencias que impida que la libertad
de emisión quede reducida a
la libertad de posesión de los medios
técnicos más potentes y que impida
la infiltración de radios con fines lucrativos”.
La demanda forma parte
de un manifiesto que Ona Lliure,
Contrarràdio y La Campana de Gracia,
pioneras en el movimiento de
radios libres, hicieron público en junio
de 1979, pero podía haber sido
redactada hoy. Desde hace más de
30 años, las emisoras comunitarias
luchan por obtener un reconocimiento
legal y frecuencias estables
en la FM, ya que el vacío existente,
en palabras de Mariano Fernández
Cabarcos, de la coruñesa Radio
Cuac, “nos hace vulnerables ante intrusiones
en el espectro, mina nuestro
reconocimiento social, limita
nuestra capacidad de interlocución,
dificulta la financiación y nos invisibiliza”.
Si bien es cierto que se ha superado
el tiempo en que el Estado
respondía al pujante movimiento de
radios libres con el secuestro de
equipos, cuantiosas multas y el cierre
de estudios, la viabilidad de estos
medios sigue sin estar garantizada.
El artículo 32 del proyecto de
Ley General Audiovisual (LGA)
que en estos momentos se debate
en el Senado, reconoce por primera
vez la función social de los “servicios
comunitarios sin ánimo de
lucro”, indicando que el Estado deberá
“garantizar la disponibilidad
del dominio público radioeléctrico
necesario para la prestación de estos
servicios”.

LE CORBEAU

A expensas de las Autonomías

Aunque todas las radios libres entienden
este hecho como un paso
histórico, para muchas la norma resulta
insuficiente. “El problema es
que su desarrollo queda a expensas
de las Autonomías, lo que no garantiza
nada”, sostiene Miriam
Meda, de Radio Ritmo de Getafe
(Madrid) y portavoz de la Red
Estatal de Medios Comunitarios
(ReMC), que agrupa a más de 30
proyectos. “Queremos una reserva
garantizada, un porcentaje del espacio
radioelécrico en cada concurso
de licencias”, resume.
Las diferencias entre comunidades
son enormes. “En un extremo
–indica Meda– está Cataluña, que
ha anunciado la creación de una ley
específica para los medios comunitarios,
y en el otro Madrid, que en su
último decreto de concesión de licencias
anuló la categoría de emisoras
culturales”, un hecho que fue denunciado
por la Unión de Radios
Libres y Comunitarias de Madrid
(URCM) y que ha sido reconocido
por los tribunales. Mientras Andalucía
o Galicia disponen de normas
que reconocen la existencia de los
medios comunitarios pero no hacen
nada para apoyar su actividad, en
Aragón, las cinco radios libres existentes
mantienen una relación fluida
con la Administración regional,
lo que les ha permitido disponer desde
2005 de un espacio fijo en el dial.
“Nosotros ya estamos pensando en
el día después de la aprobación de
la LGA”, sostiene Javier Serrano, un
veterano de la zaragozana Radio
Topo, consciente de que la norma
autonómica que desarrolle la ley
marco sólo podrá mejorar ésta.
La LGA llega un momento de bonanza
para las radios libres. Tras la
crisis de finales de los ‘80 y ‘90, en
la que, bañadas por el reflujo de los
movimientos sociales que las atraviesan,
desaparecieron decenas de
emisoras, en la actualidad viven un
repunte de su actividad e incidencia,
algo que se ha multiplicado gracias
al uso de internet y de las nuevas
tecnologías. “El movimiento
que reivindica el derecho de la sociedad
a comunicarse sin voluntad
de negocio está ganando terreno”,
asegura el histórico activista de
Tas-Tas Irratia (Bilbao) Mikel Estarrona,
para quien, a pesar del avance
de la radio online, sigue siendo
esencial la lucha por el espacio radioeléctrico,
un lugar “que como
los montes y los ríos no puede ser
del Estado ni de los privados, sino
de la ciudadanía”.
En la misma línea, Rocío Santos,
de Onda Color (Málaga), afirma
que “internet ofrece múltiples beneficios
para las radios comunitarias,
pero no hay que olvidar que la
alfabetización digital no está tan
extendida y que todavía hay muchos
usuarios que sólo usan la recepción
tradicional”. Más allá de la
capacidad de emisión, internet ha
permitido mejorar de manera exponencial
la coordinación y el intercambio
de recursos entre las radios
libres del Estado, que en territorios
como Galicia, Euskadi, Catalunya,
Aragón y Madrid, se encuentran
agrupadas en redes. No todas las
emisoras alternativas forman parte
de estos espacios formales de ámbito
regional, de igual forma que la
ReMC no representa a la totalidad
de las radios del Estado. Hoy, como
hace 30 años, la pluralidad y la autonomía
son norma en un movimiento
que coloca a la gente, y no
al negocio, en el centro de su actividad
comunitativa.

En defensa de lo público

El 9 de febrero, los sindicatos
de los medios
audiovisuales y la Red
Estatal de Medios Comunitarios
se concentraron a
las puertas del Senado
para reclamar mejoras en
la nueva Ley General
Audiovisual, que en estos
momentos se debate en
la Cámara Alta. Los manifestantes
demandaron la
inclusión de medidas
para el “mantenimiento
del empleo estable y de
calidad”, que se garantice
el carácter público de
los entes autonómicos e
iniciativas que aseguren
la viabilidad de las emisoras
comunitarias, entre
otras cosas.

DESDE EUSKADI

Euskadi siempre ha acogido el
movimiento de radios libres más
fuerte del Estado. Su coordinadora
llegó a contar con más de 50
emisoras en los ‘80, una unión
que hizo frente a los cierres
gubernamentales. Paradójicamente,
la mayor parte de estas
radios desaparece en los ‘90,
cuando la Administración se
vuelve más permisiva. En 1992,
con el mismo espíritu participativo
y de denuncia pero buscando
mayor calidad informativa, una
docena de activistas de radios
desaparecidas crean Tas Tas Irratia,
que a día de hoy emite para
todo el Gran Bilbao, llegando al
90% de la población vizcaína. Al
margen de una decena de
pequeños proyectos, el panorama
actual está atravesado por
otras dos radios de gran incidencia:
Hala Bedi, en Gazteiz, y Eguzki,
en Iruña-Pamplona.