MOVIMIENTOS : CRÓNICA DE LA CONTRACUMBRE
Una protesta modulada por una represión sin precedentes

Hokkaido se transformó en un gigantesco campo de control policial durante la Cumbre del G-8. Los movimientos sociales se vieron obligados a visibilizar su protesta entre más de 14.000 agentes.

24/07/08 · 0:00
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Fotos: www.anticapitalistas.net / Bsec

Todo estaba listo, pero no todos tuvieron
lo que esperaban. De entrada,
la distancia y su consecuente
coste impidieron una llegada importante
de militantes anticapitalistas
extranjeros, lo que mermó algo
el desarrollo de las movilizaciones.
Los japoneses y japonesas, por su
parte, también acudieron en un número
muy reducido. Tras las manifestaciones
de los días precedentes
celebradas en Osaka, Kyoto y Tokio,
coincidiendo con reuniones de
los ministros de Economía y de
Asuntos Exteriores de los ocho
grandes, y un interesante Foro Social
Internacional, las jornadas de
protesta se trasladaron a la isla de
Hokkaido, sede del encuentro oficial.

Allí, en Sapporo, su capital, el
pistoletazo de salida lo dio el 1 de
julio la inauguración de una Cumbre
de los Pueblos Indígenas: los
anfitriones formaban parte de los
ainu (“humanos”, en lengua vernácula),
los antiguos habitantes de
Japón, que durante siglos han sido
duramente reprimidos por las autoridades
de Tokio. Los ainu han tenido
que esperar siglos, hasta el pasado
6 de junio, para ser reconocidos
oficialmente como población indígena
gracias a una resolución del
Parlamento nipón. Sin embargo, tal
y como alertaron representantes de
otras poblaciones indígenas invitadas
al encuentro alternativo, existe
el peligro evidente de que “este reconocimiento
se quede en papel
mojado”, como sucede en varios lugares
de América Latina. Del 4 al 8
de julio se desarrollaron los trabajos
de la contracumbre propiamente
dicha, con el ya habitual panel de
talleres y mesas redondas.

El día 5, el más esperado, se celebró
la más importante de las manifestaciones
contra el G-8, la marcha
de los ‘10.000 por la paz’. Al final, la
decena de millar esperada se quedó
en unas 3.000 personas, la mayoría
de ellas ancianas y miembros de alguna
ONG. Jóvenes se vieron muy
pocos y, casi todos, igual de disciplinados
que los mayores. Una manifestación
extraña a los ojos de un
occidental: la marcha se paraba en
los semáforos, como si formara parte
de un tráfico que no debiera ser
nunca interrumpido. Otro de los aspectos
que más llamaron la atención
fue el impresionante despliegue
policial. En cada esquina se podían
ver decenas de policías, y varios
centenares acompañaron al
cortejo, acosándolo para que en
ningún momento desbordara del
único carril viario que le habían
asignado, mientras en el de al lado
pasaban los coches como si tal cosa.
Los policías iban fuertemente
armados: de armas convencionales,
pero sobre todo de cámaras de vídeo,
con las que grababan a todos y
cada uno de los manifestantes. La
presión psicológica de tal despliegue
era más que evidente.

Pese a que la marcha fue en todo
momento pacífica, la policía detuvo
a cuatro personas, entre ellas un periodista
de la agencia Reuters. Gracias
a una notable ola de solidaridad,
que tuvo su concreción en la
organización de manifestaciones el
12 de julio en cinco ciudades japonesas
y concentraciones frente a las
embajadas niponas en Berlín, Singapur,
Seúl y otros lugares, tres de
los detenidos fueron puestos en libertad
el día 16. El cuarto, el enviado
especial, lo hizo unos días antes.
Por esta vez, se libraron de permanecer
encerrados los 23 días que
consiente la ley. La normativa nipona
permite detener durante ese
tiempo y con carácter preventivo a
cualquier persona, sin que le sean
imputados cargos. Los activistas japoneses
denuncian esta práctica represiva
y explican que en esos 23
días la policía suele interrogar a los
familiares de los detenidos y registrar
sus domicilios. En una sociedad
tradicionalista como la japonesa, la
familia actúa como un instrumento
de presión psicológica muy fuerte.
Quizás esto explica las reticencias
de los activistas japoneses a llevar a
cabo los intentos de bloqueos previstos
del 7 al 9 de julio contra la
Cumbre del G-8. Las discusiones en
los tres campamentos anticapitalistas,
montados a unas decenas de kilómetros
del encuentro oficial, entre
activistas extranjeros, apoyados
por unos pocos locales, y la mayor
parte de los militantes japoneses,
fueron muy animadas y casi interminables.
Al final se decidió no desarrollar
ninguna acción que pudiera
resultar “ilegal”, lo que generó un
sentimiento de frustración entre los
activistas extranjeros, quienes habían
realizado un largo viaje esperando
que las acciones de los últimos
tres días fueran algo más contundentes.

Aparte de este hecho, lo
cierto es que muy poco podían hacer
unos 200 manifestantes frente a
una muralla de 14.000 policías.
Las discusiones en los campamentos
reflejaron maneras muy
distintas de ver la acción política.
“Pero, ¿a qué nos han llamado?”,
se quejaba un activista procedente
del Estado español. “¿Creen que
basta con ponerse una camiseta
anticapitalista para cambiar las cosas?
Deberían espabilarse un poco
y haber aprovechado nuestra presencia”,
insistía. “Es que en nuestra
cultura no cabe la idea de enfrentarse
directamente al mal”, le
respondía un militante japonés,
antes de continuar: “Quizás por
eso a veces nos resulta tan difícil
trabajar con los occidentales o con
los que les imitan”.

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