MADRID // LAS REDES DE SOLIDARIDAD SE ACTIVAN PARA DAR COBERTURA A LAS PERSONAS QUE SE HAN QUEDADO SIN HOGAR
Peligro de nuevos desalojos en la Cañada Real

El 22 de abril, protegidas
por un poderoso
despliegue policial, las
excavadoras derribaron
tres edificios de la
Cañada, dejando sin
techo a 15 familias. La
amenaza continúa.

01/05/08 · 0:00
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22 DE ABRIL. Las protestas no impidieron el desalojo de 15 familias inmigrantes / José Alfonso

Las excavadoras han vuelto al poblado
madrileño de la Cañada Real
Galiana. Y a tenor de los autos judiciales
de desalojo en curso y de las
filtraciones de técnicos del Ayuntamiento
de Madrid, que han situado
a una treintena de nuevas casas en
el punto de mira, no se irán en una
buena temporada. Al cierre de esta
edición, dos familias del llamado
Sector V, la zona que linda con Valdemíngomez
y concentra una de las
mayores bolsas de tráfico de droga
de la región, esperaban la llegada de
las máquinas después de que los recursos
contra sendos autos de desalojo
no prosperasen. Ahora sólo
queda que la Delegación de Gobierno
organice en los próximos días un
nuevo operativo con objeto de sortear
previsibles resistencias, tal y como
sucedió el pasado 22 de abril.
Ese día, sin que las personas afectadas
tuvieran conocimiento previo,
dos centenares de agentes antidisturbios,
apoyados por un helicóptero,
tomaron desde primeras horas
de la mañana el Sector V de la
Cañada, que depende del Ayuntamiento
de Madrid. Semejante despliegue
pretendía evitar protestas
como las que se produjeron el pasado
19 de octubre, que terminaron en
graves enfrentamientos entre el vecindario
y la policía y con 40 personas
heridas. Entonces, una resistencia
feroz impidió el derribo de una
vivienda. Nada de esto sucedió el 22
de abril. Cogidos por sorpresa, los
vecinos organizaron una concentración
improvisada con la consigna de
no responder con violencia a la acción
de la policía. Las excavadoras
derribaron tres inmuebles ilegales
(como todos los que conforman la
Cañada), dejando en la calle a 15 familias
bolivianas y marroquíes.

Félix Rodríguez, presidente de una
asociación vecinal de la zona, era
propietario de uno de ellos, de tres
plantas, conocido como “La Pensión”.
Constructor de profesión, cobraba
entre 400 y 500 euros al mes
por cada piso a los bolivianos desalojados,
que la mayoría de las veces
trabajaban para él y cobraban
unos 600 euros mensuales.
Tras las demoliciones, la mayor
parte de las personas que se quedaron
sin hogar, entre las que se encuentran
numerosos menores, optaron
por rechazar la oferta de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento para
ser acogidos durante una temporada
en dependencias municipales y
se alojaron en casas de familiares y
amigos o en la parroquia de Entrevías.
Desde la ‘iglesia roja’, con la
participación de la Coordinadora de
Barrios y otros colectivos como el
Centro Social Patio Maravillas, se
impulsa ahora una red con las asociaciones
vecinales de la Cañada para
tratar de frenar nuevas órdenes de
desalojo. El día siguiente a los últimos
derribos, unas 500 personas se
concentraron frente al Ayuntamiento
madrileño como protesta.

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