NICARAGUA: LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, EN PIE DE GUERRA
Ortega resucita el proyecto de canal interoceánico

El Gobierno sandinista recupera el histórico plan de
construir un canal seco que una las costas del
Pacífico y el Atlántico. El proyecto atravesaría tierras
indígenas que se hallan en reservas naturales.

15/05/08 · 1:00
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CANAL. Las infraestructuras para el gran puerto y el canal seco atravesarían comunidades indígenas y paisajes paradisíacos. /S. C.

El canal tendría su punto de partida
en la pequeña comunidad kriol
de Monkey Point, situada a 47 km.
al sur de Bluefields, capital de la
Región Autónoma del Atlántico Sur
(RAAS). En estos momentos los esfuerzos
se están centrando en conseguir
los 350 millones de dólares
necesarios para levantar un puerto
de aguas profundas en sus paradisíacas
playas. El proyecto contaría
además con una carretera que
completaría el tramo ya existente
hasta Managua. Anteriores iniciativas
añadían la construcción de un
ferrocarril y un oleoducto que atravesarían
todo el territorio nacional.

El megaproyecto, en su localización
atlántica, cruzaría la Reserva
Natural Cerro Silva, situada en el
Territorio Rama y Kriol, hogar de
grupos étnicos indígenas y afrodescendientes.
La intención de recuperar el proyecto
de canal seco fue hecha pública
por el presidente Daniel Ortega
cuando, tras ganar las presidenciales
en noviembre de 2006, lo
calificó de “patrimonio de la humanidad”.

Pocos meses después,
Virgilio Silva, presidente ejecutivo
de la Empresa Portuaria Nacional,
anunciaba que los estudios del
puerto de Monkey Point, cuya comunidad
no había recibido ninguna
comunicación al respecto, ya estaban
terminados.

Política de despojo

Según los afectados, los diferentes
gobiernos nicaragüenses han implementando
en su territorio una
política perfectamente calculada.
En primer lugar, han fomentado el
avance de la frontera agrícola en la
Reserva Natural Cerro Silva. La deforestación,
que afecta ya a la tercera
parte de su extensión, tendría
como finalidad que el prescriptivo
Estudio de Impacto Ambiental sea
favorable al proyecto.

Por otro lado, Monkey Point y
otras comunidades no sólo no reciben
ninguna ayuda estatal, sino
que otros proyectos que, a través
de ayuda internacional, estaban
previstos en su comunidad, han sido
obstaculizados por el Gobierno.
Alen Clair, vicepresidente comunal
de Monkey Point, explicó a DIAGONAL
que esta política “busca que la gente abandone la comunidad
para no tener ningún problema
a la hora de desalojar a la gente”.
Además, añadió, “los políticos
están prometiendo que cuando llegue
el canal seco va a haber desarrollo
y empleo para toda la gente
y que ahora como no tienen empleo
ni ingresos, entonces no tienen
una buena vida, sino una vida
de última clase”.

El Gobierno, además, ha comenzado
una ofensiva legislativa. Por
una parte, ha encargado a una empresa
estadounidense la elaboración
de una Ley de Puertos, necesaria
para la construcción del puerto
en Monkey Point. Por otra, tiene en
proyecto aprobar una Ley de Costas
que prevé la nacionalización de toda
la costa. Monkey Point pasaría a
ser propiedad estatal.

La exigencia por parte del Gobierno
Territorial Rama y Kriol
(GTRK) de que les sea entregado
su título y de ser consultados a la
hora de realizar cualquier proyecto
en su territorio, tal y como establece
la ley, contrasta con las declaraciones
que María Lourdes Aguilar,
presidenta del Consejo Regional de
la RAAS, hacía a DIAGONAL:
“Otros países se han desarrollado
porque hay infraestructuras, hay
caminos de penetración, hay carreteras
por donde los productos o los
turistas aumentan una movilización
económica que no puede paralizarse
por un grupo de personas
que no tienen interés en que la
Costa Atlántica se desarrolle”.

El 29 de abril pasado, en una presentación
del proyecto hecha al
GTRK, los promotores de éste ofrecieron
entregar documentación y la
posibilidad de participar en las reuniones
a celebrar con los inversionistas
que, llegados de países como
Venezuela, Irán, Corea del Norte,
Alemania o España, han mostrado
interés por financiar el puerto. Sin
embargo, negaron estar en condiciones
de promover el proceso de titulación
de sus tierras. Les informaron
igualmente de que en un mes
una comisión visitaría la zona para
realizar estudios sobre el terreno.

El GTRK, a través de su abogada
y especialista en derecho indígena,
María Luisa Acosta, manifestó a
DIAGONAL sus dudas acerca del
concepto de consulta manejado por
los funcionarios. Para Pearl Watson,
Secretaria del GTRK y presidenta
de Monkey Point, “después
de sentarnos y hablar y ver el
Estudio de Impacto Ambiental, dependiendo
de eso, nosotros podemos
negociar. Porque si es algo beneficioso
para todo el país podemos
sacrificar algo, pero si va a causar
demasiado daño, entonces tenemos
que oponernos”.


Una ley
bloqueada

La Ley 445 de Demarcación
y Titulación de Territorios Indígenas,
de 2003, supone la
profundización del proceso
de autonomía comenzado en
1987 con la creación de las
Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica. En ella se
reconocen los derechos de
los indígenas a regirse por
sus propias formas de gobierno
y a disponer de sus territorios
(incluidos los recursos
naturales). La Comisión
Nacional de Demarcación y
Titulación, creada por la propia
Ley 445, se ha visto
entorpecida por la corrupción,
las pugnas internas y
el centralismo estatal, poco
interesado en otorgar estos
títulos a las comunidades.

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