LUCHA CONTRA EL TAV // TRAS EL ASESINATO EN AZPEITIA DEL CONSTRUCTOR IGNACIO URIA POR PARTE DE ETA
El movimiento “reclama su autonomía”

El intenso proceso de
debate que ha generado
la muerte de Uria en el
movimiento anti TAV se ha
saldado con una apuesta
decidida por la unidad y
las vías de lucha
“meramente pacíficas”.

26/12/08 · 0:00
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OPOSICIÓN POPULAR. Manifestación contra el Tren de Alta Velocidad vasco el 21 de diciembre de 2007 / Heicki Txikia

La urgencia corre contraria a los
procesos asamblearios. La democracia
radical, para ser real, está
obligada a huir de los tiempos que
marca la emergencia de la agenda
mediática. La búsqueda de consensos
en la diversidad, anclada en la
reflexión, el respeto y el intercambio
de posiciones, requiere de ritmos
más pausados. Por eso, la heterogénea
alianza de colectivos ecologistas,
sindicatos, grupos políticos y
sociales que conforman AHT Gelditu!
Elkarlana, columna vertebral
del movimiento de oposición al
Tren de Alta Velocidad (TAV) vasco,
no hizo pública su postura unitaria
ante el asesinato del constructor
Ignaxio Uria a manos de ETA
hasta el pasado 17 de diciembre,
dos semanas después del atentado.

Tras esta acción armada, que ha
conmocionado abruptamente a esta
lucha, el teléfono de sus portavoces
habituales no paraba de echar humo.
Los medios de comunicación y
los aparatos de los grandes partidos,
que hasta la fecha habían ignorado
–sino marginalizado– uno
de los movimientos con más arraigo
en la sociedad vasca, exigían a
éste un posicionamiento claro y urgente,
dentro del marco de sobra
conocido del “con nosotros o con
ellos” que constituye una velada
amenaza de ilegalización.

Algunos colectivos de esta alianza
como Ekologistak Martxan (federación
vasca de Ecologistas en Acción),
la CGT o Zutik, tras meses de debate
sobre la injerencia de ETA en este
proceso, habían madurado una posición
clara, de tal forma que enseguida
se aprestaron a hacer público su
rechazo a esta nueva intromisión.
Pero Elkarlana, plataforma en la que
conviven junto a sindicatos de corte
nacionalista como LAB o el campesino
EHNE (integrado en Vía Campesina),
electos de ayuntamientos gobernados
por la izquierda abertzale
y la histórica Asamblea contra el
TAV, de esencia autónoma y antidesarrollista,
debía esperar. Los teléfonos
callaron para dar paso a la voz
de las asambleas, donde, en esas dos
semanas, se sucedieron los debates,
las tensiones, y con ellas el riesgo de
rupturas y salidas en falso.

“Intromisión externa”

“La inquietud de que ETA diera este
salto ya existía desde primavera [en
mayo y junio colocó bombas en instalaciones
de las empresas concesionarias
del TAV Amenábar, Fonorte
y Acciona] y los debates ya se
estaban produciendo, pero algo como
la muerte de este industrial nadie
se lo esperaba”, asegura Juantxo
Estebaranz, activista e historiador,
que acaba de publicar el libro
Los pulsos de la intransigencia, sobre
las luchas contra la central nuclear
de Lemoiz, la autovía de Leitzaran
y el pantano de Itoiz. Como
la movilización contra el TAV, las
dos primeras se vieron atravesadas
por la intervención de ETA. Uria era
todo un símbolo: próximo al PNV,
su empresa, Altuna y Uría, fue la encargada
de iniciar las obras de la
“Y” vasca en Luko (Alava) y una de
las principales adjudicatarias de la
contestada autovía de Leitzaran.
“En Elkarlana hay organizaciones
con una línea argumental muy clara
y organismos asamblearios de corte
autónomo con mecanismos de decisión
mucho más lentos”, sostiene
Estebaranz, antes de valorar el resultado
de estas dos semanas de debates
intensos: “A pesar de la confusión
inicial y de las interferencias de la
prensa, el proceso ha sido muy positivo
y la coordinación ha salido fortalecida”.

El día 17, la plataforma unitaria
dejó clara su posición contra
cualquier tipo de intromisión externa:
“AHT Gelditu! Elkarlana reclama
su autonomía como movimiento social
y se reafirma en la validez de los
métodos de lucha que hemos empleado
hasta ahora, que no son más que
socializar las consecuencias de este
proyecto destructor y su carácter impositivo,
impulsar la movilización, la
desobediencia civil, las consultas populares
y la oposición desde las instituciones
municipales. Desde el momento
en que nos reafirmamos en
estos métodos, nos desmarcamos del
atentado de Azpeitia y queda muy
claro que el camino que empleamos
busca la participación social más amplia
posible, por vías meramente pacíficas
y que han contado, desde su
inicio en 2001, con el apoyo de la mayoría
social y sindical de este país. A
este respecto, queremos denunciar la actuación de diferentes medios de
comunicación y dirigentes políticos,
que hasta ahora nunca se han preocupado
de escuchar ni de tomar en
consideración nuestros argumentos
contrarios a este proyecto, ni tampoco
de reflejar el intenso debate
que ha surgido en la sociedad”. El
comunicado terminaba con una invitación
a seguir luchando contra la
implantación de la llamada “Y” vasca,
a través de un nuevo calendario
que se inició el 18 de diciembre con
exitosas concentraciones descentralizadas
ante “los promotores del
TAV”.

Ocho días antes, la Asamblea contra
el TAV, “desde la perspectiva de
sus 15 años de lucha”, exigía a ETA
que “no intervenga en este conflicto.
Ello no significa ni mucho menos un
respaldo de ningún tipo a la política
‘antiterrorista’ del Estado español, sino
extender la reflexión sobre los
medios legítimos de lucha para detener
la imposición del TAV y preservar
la autonomía del movimiento de
oposición”, aclaraba. En una línea similar,
Ekologistak Martxan, además
de mostrar su solidaridad con los familiares
y amigos de Uria, sostenía
“que ni ETA ni ninguna acción armada
ni ningún tipo de imposición pueden
sustituir el necesario proceso de
información, debate y participación
social sobre el TAV, ni tienen legitimidad
para impedir que la sociedad
vasca tome la palabra y pueda manifestar
de forma libre y responsable
su opinión”. De la misma forma, cinco
figuras destacadas del movimiento
(ver sección Cartas) pidieron a
ETA tras el atentado “que deje de inferir
en las luchas sociales, y que deje
de tutelar a la sociedad vasca”.

A diferencia del movimiento
contra la autovía de Leitzaran,
donde el peso de la izquierda
abertzale era determinante, ahora
“no hay hegemonía política de ningún
bloque; en el movimiento anti-
TAV hay una situación de equilibrio,
algo muy positivo”, sostiene
Estebaranz que, al igual que los
colectivos anteriores, considera
que “no se puede permitir que una
organización utilice a un movimiento
para fines espurios”.

A pesar de esta injerencia y de las
fuertes presiones políticas y policiales
a las que está actualmente sometido,
el movimiento contra el TAV
continúa adelante con nuevas fuerzas,
como demuestra el seguimiento
de sus convocatorias en los municipios
que ya se han visto afectados
por las obras de la infraestructura. El
7 de diciembre, cientos de personas
secundaron una marcha en Durango
y ahora el movimiento prepara una
gran “manifestación nacional” para
el 17 de enero en Urbina (Álava).

El TAV o «el símbolo de la libertad»

El atentado de ETA contra
Ignaxio Uria ha sido utilizado
por la mayoría de partidos
de ámbito estatal
como excusa perfecta de
legitimación del proyecto.
Horas después del ataque,
Mariano Rajoy aseguró que
la «Y» vasca es hoy «un
símbolo de libertad» y «un
proyecto necesario para
Euskadi y para España que
pronto será una realidad».
Por su parte, Zapatero afirmó
que la «obra se va a
hacer, y se va a hacer porque
es fruto de la voluntad
democrática y fruto de la
colaboración entre el
Gobierno de España y el
vasco». El secretario general
del PP de Guipúzcoa,
Borja Sémper, aseguró que
organizar una manifestación
contra el TAV supone
«dar un balón de oxígeno a
ETA». El alcalde socialista
de Tarragona propuso que
la conexión de las tres
capitales vascas en tren de
alta velocidad, la llamada
«Y», se llame Ignacio Uría.
Este verano, Antonio Basagoiti,
presidente del PP
vasco, planteó la posibilidad
de celebrar una «gran
manifestación» en favor del
proyecto. Entonces aseguró
que si se hacía un referéndum
sobre la alta velocidad
«sale 99% que sí, y
sale que todos los vascos
queremos este tren». Sin
embargo, los referéndum
celebrados en distintas
localidades afectadas por
el proyecto no han sido
validados, y no parece que
haya ninguna voluntad
política de organizar una
consulta popular sobre al
proyecto.

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