Un lustro reclamando la dación en pago

La evolución de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha ido en paralelo a la toma de conciencia del problema de los créditos abusivos por parte del grueso de la población.

J.S.

10/04/13 · 14:50

En el contexto de la crisis, y con el precedente de las movilizaciones de V de Vivienda en plena burbuja inmobiliaria (2006/2007), la primera manifestación por el fraude hipotecario se convoca el 28 de julio de 2008 en Madrid. Convoca lo que entonces se llamaba Ahorcados por la Hipoteca/Unión de Propietarios con Hipotecas Imposibles de Pagar, un grupo mayoritariamente inmigrante surgido a partir del blog anticrisis.es y asesorado por la ONG hispano-colombiana AESCO, próxima al PSOE. El movimiento ya celebra asambleas multitudinarias en el verano y otoño de 2008 en Madrid, pero no consigue arraigar la reivindicación general de la dación en pago con los procesos individuales de los hogares afectados.

En contacto con los impulsores de Ahorcados, en el invierno de 2008/2009 arrancan las primeras asesorías y acompañamientos en Barcelona y Terrassa, en un esfuerzo que fructificaría en la fórmula organizativa y la marca de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): arranca el apoyo mutuo, el asesoramiento colectivo y la campaña para la dación en pago y el alquiler social.

En el año 2010 se paraliza el primer desahucio (en la Bisbal, Tarragona) empieza la campaña Stop Desahucios.

En 2011, al calor del 15M, el movimiento Stop Desahucios se extiende por el resto del Estado. También, se produce el primer realojo de familias mediante la campaña de Obra Social la PAH (bloque de UNNIM en Terrassa, Barcelona)

Desde 2011 e incitados por la contestación social, más de trescientos ayuntamientos aprobaron mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenaran la sangría de desahucios. Desde otoño de 2011 cada semana se oye hablar más y más de encierros en bancos, manifestaciones, celebraciones por daciones en pago y alquileres social.

Aumentan los desahucios día a día, desde 2007 se han producido 416.975 ejecuciones hipotecarias y se han lanzado 362.776 desahucios.

En 2012 se empieza a gestar la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Esta ILP recoge tres medidas que se consideran de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país: dación en pago retroactiva, alquiler social y paralización de los desahucios. Para ello se necesitaba recoger más de 500.000 firmas.

En octubre de 2012 la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presenta ante la asamblea general de la ONU un devastador informe [pdf] donde denuncia la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluye la necesidad de reformar en profundidad una normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores, dejando a la parte más débil del contrato hipotecario indefensa.

Al cierre de 2012 se llega a dos millones de hogares españoles con todos sus miembros en el paro y de los seis millones de desempleados (una tasa del 26%) que había según la EPA

El gobierno del partido popular se ve forzado a mover ficha, pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual.

Entramos en 2013 con 1.402.854 firmas de apoyo a la ILP, casi un millón más de las exigidas. Ésta queda a la espera de votación para ser aceptada a trámite. La PAH desborda la prensa y consigue que un 90% de la población apoye las demandas que contempla la ILP y este se extiende hasta sectores como el Tribunal de Justicia de la UE, los jueces decanos de nuestro país, sindicatos de policías e incluso asociaciones de cerrajeros y bomberos que se niegan a colaborar en los desahucios. Este porcentaje de apoyo es mayoritario incluso entre los votantes del Partido Popular.

En febrero de 2013 el PP se suma al voto afirmativo en el último momento de la votación, gracias a la presión social ejercida en la calle, y la ILP es admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

El 16 de febrero (16F) de 2013 se desborda el apoyo popular en las calles de todo el Estado, demostrando así que el casi millón y medio de firmas de la ILP no queda solo en papel.

En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria y refirmando así las medidas propuestas por la ILP. 612 desahucios parados después, las PAH llega a 137 asambleas en todo el estado. PP, UPyD, PNV y UPN expresan claramente su intención negándose a aprobar la ILP tal y como se presentó. Visto que se han agotado todas las vías legales, se inicia la campaña de escraches enviando más de un millón y medio de cartas a las diputadas invitándolas a participar en las asambleas. Nadie responde.

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