La norma española no permite que el juez pueda suspender el procedimiento de desahucio
La UE declara que la regulación española sobre desahucios contraviene una directiva de consumo

El órgano da la razón a su abogada general y concluye que la normativa española sobre desahucios incumple una directiva sobre protección de derechos del consumidor.

14/03/13 · 10:24
Una manifestante en Barcelona por el derecho a la vivienda y la ILP Manifestación por el derecho a la vivienda y la ILP eel 16 de febrero / Albert García

El Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) ha sentenciado hoy jueves que la regulación española sobre desahucios incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas. El Tribunal decidía hoy si admitía un dictamen que su abogada general Juliane Kokott emitió el 8 de noviembre a partir de unas cuestiones remitidas por el Juzgado Mercantil de Barcelona.

El dictamen y la sentencia disponen que el procedimiento de ejecución hipotecaria, tal y como está regulado en el Estado español, "se opone" a la Directiva 93/13/CEE  de 5 de abril de 1993, dado que "no prevé [...] la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual". Tal y como argumentan las PAH y diferentes juristas, la sentencia se hace eco de que la actual norma española no permite que el juez adopte medidas cautelares "entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria".

Tal y como señala el TEJ en la nota de prensa que acompaña a la sentencia, ésta no resuelve el litigio, "sino que es el Tribunal nacional el que debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia". Es decir, los jueces que consideren acreditado que en el contrato hipotecario se incluían cláusulas abusivas como los elevados intereses de demora por impago o la conocida como cláusula suelo podrán suspender el proceso de ejecución de la hipoteca.

Esta sentencia llega en medio de la discusión parlamentaria sobre los cambios en la ley hipotecaria española, que ha saltado al debate público por la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El dictamen podría influir en el proyecto de ley que finalmente presente el Gobierno del PP a través de su grupo parlamentario, y en concreto podría incluir cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ILP pide precisamente el cambio de varios artículos de esta ley, pero la batalla jurídica y técnica en estos momentos parece ser la retroactividad  o no de la medida. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se declaró ayer mismo en contra de una dación en pago con carácter general.

En rueda de prensa frente al Congreso, la portavoz estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipotca (PAH), Ada Colau, ha declarado que la sentencia de Europa permite "parar todos los procedimientos que están en curso". Rafael Mayoral, abogado de PAH Madrid, ha anunciado que la organización pondrá a disposición de afectados y grupos de apoyo documentos para solicitar en los juzgados la paralización de los desahucios.

No obstante, los representantes de la PAH han insistido en que tras el dictamen europeo, que declara fuera de la ley el procedimiento de ejecución hipotecaria español, "es necesario continuar presionando para que se apruebe la ILP". Por su parte, el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha declarado que "todos aquellos aspectos señalados por el TEJ como contrarios a la ley serán tenidos en cuenta".

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