BRASIL // MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA (MST)
La lucha por la tierra, ¿un delito terrorista?

Tras 20 años de
andadura, el MST es uno
de los movimientos
sociales con mayor fuerza
del mundo, pero la tierra
en Brasil sigue en manos
de latifundistas.

08/05/06 · 14:45
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PREOCUPACIÓN DEL MST. El informe de la CPMI viaja hacia el congreso, que puede tener en cuenta (o no) las sugerencias.

Desde hace más de 20 años, el
Movimento Dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), una de las
organizaciones populares más
grandes de América Latina, trabaja
contra el latifundio y a favor de una
reforma agraria que nunca llega, o
lo hace de forma insignificante. Un
cuentagotas de hambre sobre cuatro
millones de familias sin tierra,
de las que 400.000 esperan acampadas
al borde de las carreteras. A pesar
de estar contemplada en la
Constitución Federal desde 1988
(Art. 184: “Compete a la Unión desapropiar
por interés social para fines
de reforma agraria el inmueble rural
que no esté cumpliendo función social”),
y de la aprobación del II Plan
Nacional de Reforma Agraria
(PNRA), la expropiación de latifundios
improductivos (el 51,4% de las
grandes propiedades en Brasil, 133
millones de hectáreas, no produce
nada) sólo se lleva a cabo gracias a
la presión que sobre el Gobierno y
el Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA) ejercen
los campamentos del MST, reclamo
permanente de la dignidad y esperanza
de todo un pueblo.

El 29 de noviembre fue aprobado
y remitido al Congreso de los
Diputados en Brasilia un nuevo informe
de la tierra elaborado por la
Comisión Parlamentaria Mixta de
Investigación (CPMI); una comisión
promovida en diciembre de 2003,
‘mixta’, pero no equilibrada, cuyo
objetivo inicial consistía en diagnosticar
la situación y estructuras de la
propiedad en el campo brasileño, y
plantear soluciones a los problemas
encontrados. Sin embargo, esta comisión,
formada mayoritariamente
por diputados del ala derecha del
congreso -la denominada ‘bancada
rural’, representante de los intereses
de los grandes terratenientes-
desestimó un primer informe redactado
por el diputado Joao Alfredo
(PSOL-CE) que recomendaba hacer
cumplir la Constitución brasileña
y el PNRA, es decir, democratizar
la propiedad de la tierra improductiva.

El primer informe, rechazado por
13 votos a ocho, se basaba en el análisis
de 75.000 documentos, 43 viajes
a nueve estados y 125 investigaciones
abiertas, que ofrecían un panorama
desolador: una enorme concentración
latifundista, índices de
productividad que datan de 1975, robo
de tierras sin catastrar (el grilagem,
técnica del siglo XIX que estriba
en colocar los documentos falsos
en una jaula de grillos para que sus
excrementos los vuelvan antiguos
rápidamente, todavía se practica,
ahora con refinadas prácticas informáticas),
violencia, trabajo en regímenes
de semiesclavitud y desvío de
recursos públicos hacia las grandes
propiedades improductivas.

El informe paralelo que se aprobó
por 12 votos a uno (a esas alturas
ya habían abandonado la
Comisión ocho parlamentarios; “no
seré cómplice de asesinos”, declaró
la senadora Ana Julia Carepa, del
PT, al salir de la sala), estaba redactado
por el diputado Abelardo Lupion
(PFL-PR) y desconocemos en
qué extraños documentos e investigaciones
se basa. Sus principales
propuestas para mejorar la situación
y el hambre del campo brasileño
estriban en pedir que se denuncie
a líderes del MST, como Joao
Pedro Stédile (aunque no dice por
qué ni aporta dato alguno que haga
posible la apertura de una investigación
al respecto) y en solicitar
una nueva ley que clasifique la ocupación
de tierras como “delito hediondo”
y que la clasifique jurídicamente
como “acto terrorista”.

Las declaraciones del diputado
Lupión tratando de puntualizar el informe
y mejorándolo en su capacidad
de absurdo (“el sector productivo
está cansado de ser invadido, de
sufrir inseguridad”, “no podíamos
haber llegado a ningún acuerdo, pasaríamos
por cobardes”) omitían, entre
otras cosas, que el mismo 29 de
noviembre en Alagoas caía muerto a
tiros Jaelson Melquíades, militante
del MST, elevando a 39 el nefasto
número de trabajadores rurales asesinados
en 2005 en Brasil (1.500 en
los últimos 20 años).

La estrategia de desacreditación
y criminalización de los movimientos
sociales del campo brasileño se
inscribe en el círculo más amplio de
las actuales maquinaciones del sector
conservador en Brasil, comandado
por los ruralistas, que han
aprovechado la fragilidad del Gobierno
del PT, tras las grietas abiertas
en la ’crisis de los maletines’, para
lanzar una ofensiva contra el
MST, haciendo que deba desviar
tiempo y recursos para debilitar y
desgastar sus cuadros, luchando
por legitimarse en un mundo al revés,
sin pies ni cabeza, donde los
perseguidos se tornarían perseguidores
y los asesinados se habrían
vuelto asesinos.

Por tanto, el peligro de la situación
generada por la CPMI estriba no tanto
en la denuncia a compañeros militantes
del MST, que no tiene posibilidad
alguna de progresar ante la falta
de hechos que puedan señalarlos
(el relatorio presentado debe ahora
dirigirse al Ministerio Público, que
decidirá las medidas que adoptar),
sino más bien en lo que atañe a la calificación
de las ocupaciones de latifundios
improductivos como “actos
terroristas”, y la solicitud al Congreso
de crear una nueva CPMI en
2006, esta vez articulada directamente
contra el MST (como si no lo
hubiera estado ya).

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