REPORTAJE // REPASAMOS LA LABOR DE TRES COLECTIVOS JURÍDICOS EN DEFENSA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
La lucha entre lo legal y lo justo

Ante los altos costes de ejercer el derecho a una
defensa justa, decenas de juristas se organizan para
garantizar una cobertura legal a los movimientos.

21/06/11 · 8:30
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PROTESTA COLEGIADA. Concentración de abogados en defensa del turno de oficio en Madrid el 5 de mayo. Foto: Milena Martínez

Toda lucha social o política acaba, a
menudo, con una parada en los tribunales.
Por ello, existen a lo largo
del Estado abogados que, conscientes
de esta situación, se unen en
asociaciones que apuestan por una
justicia más ‘justa’, valga la redundancia.
Sus principales objetivos
son dar cobertura legal tanto a integrantes
de movimientos sociales como
a represaliados políticos, así como
mejorar las condiciones laborales
de los propios letrados. Entre estos
colectivos están la Asociación
Libre de Abogados (ALA)
en Madrid,
Eskubideak en Euskal Herria
y el Grupo 17 de Marzo en Sevilla.

Una de las preocupaciones de la
abogacía en Madrid es la posible privatización
del acceso universal a la
justicia. Desde hace meses, integrantes
del turno de oficio denuncian recortes
sistemáticos en los medios que
tienen para sacar adelante su trabajo,
además de retrasos de más de un año
en el abono de sus salarios
. “A principios
de 2011 fue cuando la Comunidad
de Madrid nos pagó parte de lo
que nos debía de 2010 (aún falta un
13%), pero lo hicieron con cargo al
presupuesto de 2011 del Colegio de
Abogados de Madrid. Ahora volvemos
a estar sin cobrar”. Quien habla
es Lorena Ruiz, de la Asociación Libre
de Abogados (ALA)
.

Este colectivo nació en 1989 y fue
una escisión del Colegio de Abogados
de Madrid. ALA cuenta con unas
200 personas, funciona de manera
asamblearia y está dividida en siete
comisiones, aunque sólo cuatro tienen
una actividad regular: Penal,
Turno de oficio, Defensa de la defensa
y el Área de la mujer. A pesar de
sus dos centenares de asociados,
Ruiz indica que “las fuerzas con las
que contamos son escasas. Muchas
de nuestras energías las hemos gastado
intentando democratizar el funcionamiento
del Colegio de Abogados”.
Además, ALA en ocasiones se
persona como acusación popular, como
en denuncias por torturas contras
las Fuerzas de Seguridad.

La mayor parte de la financiación
de ALA llega de sus asociados. Hasta
hace pocos años el colectivo tenía
una subvención de la Comunidad de
Madrid por asistir a víctimas de violencia
de género, aunque fue suprimida
cuando el turno de oficio cubrió
este apartado. Actualmente cuenta
con otra del Colegio de Abogados de
Madrid. Con ese dinero, ALA colabora
con asociaciones de abogados de
lugares donde el derecho a la defensa
está amenazado. Colombia, Iraq,
China, Palestina o Turquía son cinco
de estos territorios.

Decenas de años con altibajos

Un poco más al norte, en Euskal Herria,
la asociación de abogados Eskubideak
trabaja desde hace decenas
de años (con altibajos) por el derecho
a la defensa. En noviembre de
2010, más de 100 de sus integrantes
decidieron reunirse para refundar el
colectivo. La razón fue la violación
sistemática de derechos fundamentales
por parte del Estado español,
como la de asociación y expresión.

La criminalización de los abogados
vascos se vio materializada en
abril de 2010 cuando tres integrantes
de Eskubideak, Arantza Zulueta, Jon
Enparantza e Iker Sarriegi, fueron
detenidos por la Guardia Civil. Los
letrados fueron puestos ocho meses
después en libertad bajo fianza de
60.000 euros, además de imponerles
comparecencias semanales y la prohibición
de salir del Estado español.

En Eskubideak, unos diez miembros
se reúnen mensualmente para
decidir las líneas generales de actuación.
“Cuando hay que tomar decisiones
concretas nos podemos
juntar hasta cien personas. También
funcionamos por listas de distribución”,
explica Iratxe. La financiación del colectivo se sujeta exclusivamente
a sus asociados. Eskubideak
no suele personarse como
acusación particular, sino que da líneas
de actuación comunes entre
sus miembros y denuncia públicamente
casos flagrantes de violación
de derechos
. Uno de sus últimos escritos
fue contra la prohibición de
exhibir públicamente fotografías de
presos vascos. Más recientemente,
el colectivo denunció la existencia
de bases de datos clandestinas en
las que aparecían miles de personas
vinculadas a la izquierda abertzale.
Estas “listas negras” fueron
utilizadas después para ilegalizar
Sortu e intentar lo mismo con Bildu.

Argucias legales en Andalucía

Y del norte al sur del Estado español.
El Grupo 17 de marzo nació en
2006 en Sevilla con un claro objetivo:
utilizar el Derecho como arma
de transformación social e instrumento
de rebeldía. “El grupo lo formamos
personas que veníamos de
distintas experiencias en los movimientos
sociales y que coincidíamos
a menudo en acciones de lucha
en Sevilla. Nos dimos cuenta de que
todos teníamos la misma profesión
o estábamos acabando la carrera y
teníamos referencia de otras asociaciones
similares”, indica Luis de
los Santos, del Grupo 17 de Marzo.

Este colectivo lo forman 30 colegiados
y, como Eskubideak, se financia
con sus asociados. “No es que estemos
en contra de las subvenciones,
pero cobrar de la Junta de Andalucía
y personarnos después contra la propia
Junta nos parece contradictorio”,
explica Santos. Uno de los problemas
a los que se enfrentan son las altas
fianzas que imponen los jueces
cuando se personan como acusación
particular. Para aumentar sus fondos,
la asociación hace públicos bonos
de 50 euros que funcionan como
préstamos y que sirven para financiar
casos concretos. Cuando el juicio
sale adelante y se gana, el dinero
de los bonos es devuelto.

Dos de los últimos casos que han
tratado son la cobertura legal a los
detenidos por el desalojo del Centro
Social Okupado La Huelga y la defensa
de los acusados de participar
en los piquetes del Rectorado de la
Universidad de Sevilla en la huelga
del 29-S. “No se hicieron identificaciones
y después denunciaron a
personas que llevaban muchos años
sin militar. Sospechamos que la
Delegación del Gobierno tenía listas
negras bastante antiguas”, denuncia
de los Santos.

Por otro lado, el colectivo tiene entre
sus propósitos mejorar las condiciones
de los propios abogados. “Hemos
conseguido una reducción de
cuotas colegiales. Había un seguro
médico privado que era obligatorio y
logramos convertirlo en voluntario,
lo que queremos es entrar en el servicio
público sanitario”. El colectivo es
consciente de que, desde el exterior,
puede ser visto como el colectivo de
los movimientos sociales. Sin embargo,
Santos defiende que sus propuestas
pueden llegar a todos los letrados.

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PROTESTA COLEGIADA. Concentración de abogados en defensa del turno de oficio en Madrid el 5 de mayo. Foto: Milena Martínez
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