BRASIL
La fiscalía pide la ilegalización del MST en el sur del país

La tristemente famosa ‘Brigada
Gaucha’ que reprimió duramente
cualquier atisbo de movilización social
en el sur de Brasil durante la dictadura
ha realizado en los últimos
meses una incursión en la política
brasileña que no tiene igual desde
esa época, hace ya más de 20 años.
Invadiendo competencias que no tiene
asignadas, ha realizado un informe
que ha remitido al Ministerio Público
del Estado (MPE) de Rio Grande
do Sul y al Ministerio Público Federal.
El documento caracteriza al

10/07/08 · 0:00
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La tristemente famosa ‘Brigada
Gaucha’ que reprimió duramente
cualquier atisbo de movilización social
en el sur de Brasil durante la dictadura
ha realizado en los últimos
meses una incursión en la política
brasileña que no tiene igual desde
esa época, hace ya más de 20 años.
Invadiendo competencias que no tiene
asignadas, ha realizado un informe
que ha remitido al Ministerio Público
del Estado (MPE) de Rio Grande
do Sul y al Ministerio Público Federal.
El documento caracteriza al
MST y a la Vía Campesina como
“movimientos que dejaron de realizar
actos típicos de reivindicación
social para realizar actos típicos y
orquestados de acciones criminales,
tácticamente organizadas como si
fuesen operaciones paramilitares”.

La presentación del informe animó
al sector más reaccionario del poder
judicial, y el Consejo Superior del
MPE de Rio Grande do Sul decidió
pedir la “disolución” del MST y la
“declaración de su ilegalidad”.
Juristas especializados como Dalmo
Dallari, profesor de Derecho de
la Universidad de São Paulo, creen
que la medida, además de atentar
contra la Constitución Federal, es
política y no judicial. Así, en uno de
los párrafos del informe se afirma:
“Ahora cabe al MPE actuar: romper
la espina dorsal del MST. El
momento es histórico en el país y
se constituye en el mayor desafío
presentado a la institución en el periodo
post 1988: la defensa de la democracia”.
Para Dallari, “esa terminología
de ‘romper la espina’ no tiene
nada de jurídico, es lamentable.
Esas palabras representan la negación
de la democracia, son una demostración
de intolerancia política”.

El texto fiscal concluye que “existe
vinculación entre el MST y las FARC
colombianas” e indica que los acampados
son masa de maniobra de los
líderes de Vía Campesina y que habría
presencia de extranjeros junto
a los acampados para dar entrenamiento
militar en guerrilla rural con
el objeto de crear una zona de dominio
y control, en la cual el MST
sustituiría al Estado.

El informe del Ministerio Público
ha servido de base para ocho acciones
judiciales contra integrantes
del MST, como prohibiciones de
marchas, autorización de desalojos
y desplazamiento de campamentos.
Como reacción a esta criminalización,
el MST elaboró un manifiesto
en el que diagnostica “una
verdadera ofensiva de fuerzas
conservadoras del Estado” y pide
el envío de cartas de protesta a la
gobernadora Yeda Crusius y al fiscal
general de Justicia, Mauro
Renner, que coordina el MPE

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