COLOMBIA: YAHAIRA SALAZAR, ACTIVISTA DE LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE AUTODETERMINACIÓN, VIDA Y DIGNIDAD (CAVIDA)
“La comunidades indígenas han sido las más perseguidas”

Mientras se extiende el escándalo de la parapolítica en todas las órbitas del Estado
colombiano, las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen sufriendo las
consecuencias de los vínculos entre paramilitares, Ejército, políticos y empresas.

12/04/07 · 0:00
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YAHAIRA SALAZAR/ José Pujol

La vida de la afrocolombiana Yahaira
Salazar describe a la perfección
los crímenes de lesa humanidad,
55.000 en los últimos 10 años
según los informes de Amnistía
Internacional, que lleva a la práctica
como política de Estado el Gobierno
colombiano contra las
comunidades indígenas y afrocolombianas
al norte del país. Ella
pertenece a la Comunidad de Autodeterminación,
Vida y Dignidad
(CAVIDA) del Cacarica (Colombia),
que se encuentra en el departamento
colombiano del Chocó.

Los intereses creados tras el
Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y los EE UU, al igual, que
las intenciones en la región de las
multinacionales madereras y agroalimentarias
han llevado a que el
ejército colombiano haya desplazado
de sus comunidades a miles de
personas. Yahaira Salazar denuncia
la ceguera con la que desde
varias instituciones europeas se potencia
la implantación de biocombustibles
en su región. “El Consejo
de la Cooperación de Asturias instalará
dos plantas procesadoras de
aceite de palma para su transformación
en biodiesel en nuestra región.
La materia prima con la que
funcionarán estas plantas será la
palma, que está sembrada en seis
millones de hectáreas de monocultivo
en Colombia. Así que descubrimos
que el negocio de los biocombustibles
europeos provoca el desplazamiento
de nuestras comunidades”,
dice Yahaira.

DIAGONAL: ¿Cómo intentáis luchar
desde CAVIDA contra el intento
de criminalización de todo
movimiento indígena?

YAHAIRA SALAZAR: Las comunidades
indígenas han sido las más
perseguidas por el terrorismo de
Estado. El Gobierno ha intentado ligarlas
a grupos de guerrilleros para
conseguir que salgan de sus territorios.
Después de desplazarles es
cuando se plantearon nuevos procesos
de resistencia. Nosotros hemos
sufrido la ocupación paramilitar,
desde 1997, donde se nos trasladó
a otras regiones cercanas a
Panamá. En mi comunidad fuimos
desplazados 2.000 campesinos,
cuando llegamos a las nuevas localidades.
En nuestro caso nos encontramos
con que no teníamos
acceso a una buena alimentación,
teníamos que dormir todos
amontonados en grandes barracones,
y cientos de los desplazados
murieron de desnutrición.

D.: ¿Quién participo en el desalojó
de vuestras comunidades?

Y.S.: Desde un principio, nos dimos
cuenta de la activa participación del
Estado. Las operaciones de desplazamiento
de nuestra comunidad se
hallaba dentro del plan Génesis del
Ejército colombiano, y fue realizada
por la Brigada 17 comandada
por el general Rito Alejo del Río,
dentro de las tropas que llegaron
había mezclados bastantes paramilitares,
con brazaletes de Autodefensas
Campesinas de Colombia.

Cuando llegamos al campo de refugiados
los mandos militares nos dijeron
que este desplazamiento iba a
ser temporal, ya que necesitaban
combatir a la contrainsurgencia.
En el campo de refugiados nos
empezamos a formar políticamente
y nos dimos cuenta de las verdaderas
intenciones del Gobierno. Después
de cuatro años en los campos
de refugiados, pudimos volver y al
llegar, 80 de nuestros compañeros
fueron asesinados por el Ejército
regular, acusados de ser guerrilleros.
Lo que más nos sorprendió, es
que había por todo nuestro territorio
compañías madereras defendidas
por grupos paramilitares haciendo
talas ilegales de árboles en
nuestras tierras comunales y en el
Parque Nacional del Darién.

D.: ¿En qué situación están vuestras
comunidades en la actualidad?

Y.S.: En 2003, hay otra incursión
del Ejército, que termina con la militarización
permanente de la zona,
que continúa hasta ahora. Aparte
de esto, la región conocida como
La Balsa que es parte de nuestro territorio
colectivo, de 103.000 hectáreas
avaladas por la Ley 70 de las
negritudes, se encuentra ocupada
por empresas madereras y grandes
superficies de monocultivo de aceite
de palma. A partir de aquí, es
cuando decidimos plantar cara al
Ejército y a los paramilitares regresando
a nuestros territorios y construyendo
una nueva comunidad.
Ahora tenemos comités de mujeres
y de niños, nos regimos en cada comunidad
por asambleas autónomas.

Queremos resistir en nuestros
territorios y seguir formándonos
con nuevos proyectos centrados en
la educación y la salud.
Lo peor son las intenciones del
Gobierno, que pretende que pasen
por nuestras tierras los 108 kilómetros
que faltan por construir de la
Panamericana que pasaría por el
Parque Nacional del Darién.

Tags relacionados: Ocupación de tierras
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