ARGELIA :
Las huelgas paralizan el sector público

En las últimas semanas, Argelia se
ha colado en nuestra actualidad mediática
por el creciente acoso que sufren
los representantes de las confesiones
cristianas, absolutamente mi
noritarias, que ha acabado con una
orden de expulsión contra el ex presidente
de la iglesia protestante.
Mientras la policía comunicaba al
pastor Hugh Johnes que tras 45 años
de residencia en el país debía abandonarlo,
otro acontecimiento, una
de las huelgas más masivas de los
últimos años, pasaba completamente

06/03/08 · 0:00
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En las últimas semanas, Argelia se
ha colado en nuestra actualidad mediática
por el creciente acoso que sufren
los representantes de las confesiones
cristianas, absolutamente mi
noritarias, que ha acabado con una
orden de expulsión contra el ex presidente
de la iglesia protestante.
Mientras la policía comunicaba al
pastor Hugh Johnes que tras 45 años
de residencia en el país debía abandonarlo,
otro acontecimiento, una
de las huelgas más masivas de los
últimos años, pasaba completamente
desapercibido para nuestra agenda.
Después de meses de preparación,
en los que el Gobierno de Buteflika
no ha dado muestra alguna
de voluntad de diálogo, una docena
de sindicatos autónomos conseguía
que el 85% de los trabajadores del
sector público, mayoritario en Argelia,
se quedara en casa los días 24,
25 y 26 de febrero. Y lo hacía enfrentándose
no sólo a las sanciones administrativas
del Ejecutivo, que ha
castigado con seis días sin sueldo a
los profesores huelguistas, sino a la
oposición frontal de la UGTA, el antiguo
sindicato único.

Se trataba de la tercera ola de paros
desde que empezó el año, y como
las dos primeras (12, 13 y 15 de
enero y 10, 11 y 12 de febrero), consiguió
movilizar a la gran mayoría
de los empleados públicos de la sanidad,
la enseñanza y la administración.
A estas protestas, que tienen
como objetivo una mejora de las
condiciones laborales y del poder
adquisitivo de los trabajadores a través
del aumento de los salarios y las
pensiones, se han sumado los paros
de los estudiantes de secundaria y
de los trabajadores portuarios.
En la base de este periodo de agitación
social, que recuerda a las
grandes movilizaciones contra la carestía
de la vida de los años ‘80, se
encuentra el profundo descontento
de una población que ve cómo, a la
par que tiene que hacer cada vez
más malabarismos para llegar a fin
de mes, sus gobernantes se jactan
en los foros internacionales de tener
una economía puntera gracias a las
rentas del petróleo. Mientras el poder
adquisitivo de la ciudadanía se
ha reducido un 32% desde 1990, el
índice de precios al consumo se ha
quintuplicado. Ciertos productos básicos
como la sémola de trigo, las legumbres,
el aceite o la patata no han
cesado de aumentar en el último
año, en algunos casos casi un 50%.
Mientras el salario medio de los funcionarios
gira en torno a los 200 euros
al mes, por poner sólo dos ejemplos,
el kilo de patatas cuesta 80 céntimos
de euro y el de carne ocho euros.
Ante la falta de sensibilidad del
Gobierno, que se niega a dialogar
con los sindicatos autónomos, a los
que niega representatividad y califica
de “agitadores”, éstos debaten
ahora si continuar con las huelgas
cíclicas o convocar una huelga indefinida
hasta arrancar al Estado sus
reivindicaciones.

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