Texto de Amarela Varela, Ethel Odriozola y Espino Blanco
 

“SÓLO EL PUEBLO DEFIENDE AL PUEBLO”. La policía comunitaria ha tenido constantes problemas con las autoridades federales por el vacío legal existentes / Jaime Quintana

Para los tlapanecos, la colectividad
aparece en el centro de la existencia,
muy por encima de la persona
como individuo. Por eso, los dos integrantes
de la Policía Comunitaria
de Guerrero que atendieron a nuestras
cuestiones han optado por guardar
el anonimato con objeto de
ceder todo el protagonismo al conjunto
de la organización popular.

DIAGONAL: ¿Cómo y por qué surge
la organización?

POLICÍA COMUNITARIA: Surge
como necesidad. Había muchos
asaltos, violaciones, mucha muerte
y asesinato. Los pueblos se organizaron
para parar esos atropellos.
Sabíamos que el Gobierno no iba a
dar solución, así que nos juntamos
y comenzamos a pensar cómo tener
nuestra propia seguridad, y el 15 de
octubre de 1995 se montó el primer
equipo de Policía Comunitaria en
Santa Cruz del Rincón.
Como en muchos otros pueblos
indígenas, desde tiempos ancestrales
teníamos nuestros propios órganos
de protección, de defensa,
había comunidades en las que nunca
había llegado –afortunadamente–
la jurisdicción del Estado, asuntos
graves eran resueltos en asambleas
de vecinos. Una ola de inseguridad
y los constantes asaltos
nos impulsan a coordinarnos entre
pueblos y comunidades, en una especie
de red, para cuidar los caminos,
los arroyos, las veredas, que
es donde ocurrían la mayor parte
de los delitos. Al principio no se llamaba
ni coordinadora ni policía, es
la práctica la que ha ido dando
nombre a todo esto.

D.: ¿Quiénes eran los delincuentes
de antes y de ahora?

P.C.: Al inicio eran cuatro los delitos
más graves: violación, homicidio,
asaltos y abigeato [robo de ganado].
En la medida en que se ha
ido operando y ampliando el trabajo,
éstos se han ido agotando y actualmente
pasan cada cuatro o cinco
meses, ahorita los problemas
más frecuentes son asuntos de lesiones,
problemas familiares, deudas,
préstamos...

Hay dos estructuras, la Policía
Comunitaria, y la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias
(CRAC), que es un comité de
autoridades nombradas en asamblea
y la parte que administra justicia.
Al inicio, cuando se detenía a
algún maleante se lo entregaba al
Estado, pero se vio que nomás les
poníamos el pastel en la mesa, les
multaban o quitaban algún dinero
y luego los soltaban. Los maleantes
regresaban más bravos contra su
comunidad. Viendo esa situación,
en febrero de 1998, se decide constituir
un comité de autoridades que
imparta justicia y a partir de ahí,
los delincuentes ya se remitían ante
la CRAC. Pero se presenta otro
problema: “Si es culpable, ¿qué hacemos
con él?” Se abre otra discusión
y se empieza a instrumentar el
proceso de reeducación. Este asunto
son dos cosas: hacer pública, visible,
a la persona que comete un
delito, y que a través del trabajo comunitario
en la región, de las pláticas,
los compañeros que cometieron
algún error lo reconozcan y
rectifiquen su forma de actuar. No
es asunto de la autoridad con el detenido,
es un asunto que toda la población
vigila. Se promueve que haya
una conciliación entre las partes,
y se agota hasta los límites de
la paciencia, que platiquen y se entiendan,
lo que interesa es que se
recupere y se conserve la armonía
en la comunidad. Los únicos casos
en los que no procede la conciliación
y la reparación de partes es en
casos de homicidio y de violación.
Son asuntos muy delicados en los
que es difícil que la gente vuelva a
tener una amistad.

D.: ¿Qué herramientas jurídicas se
usan para juzgar a los detenidos?

P.C.: Cada caso es distinto, el reglamento
de la ‘Poli’ rige en lo general,
porque aquí son distintos los
principios, no hablamos de castigar,
sino de reeducar, y eso no se
da igual con la misma gente, en los
mismos tiempos o con los mismos
mecanismos. No es como el Código
Penal, ahí se trata de castigar una
acción. Aquí no, el asunto es educar,
que el que cometió una falta lo
reconozca y que se comprometa a
no reincidir.

D.: Habéis denunciado agresiones
por parte del Estado...

P.C.: Las agresiones se han ido incrementando.
En los primeros años
se vio con beneplácito que los indígenas
tuvieran sus policías y le hicieran
su chamba al Gobierno, pero
cuando vieron que nombrábamos
autoridad para juzgar, dijeron,
“ah, ya nos están quitando el negocio”,
porque la Justicia es un negocio
para el Ministerio público.

Cuando se crea la CRAC empiezan
las agresiones. De 1999 a 2001 fueron
los años de mayor hostigamiento:
los detenidos que había en
manos de la organización eran asesorados
para que presentaran denuncias
contra nosotros por privación
de libertad o por algún delito.
En esos años hubo el mayor número
de detenciones, pero también esto
empezó a movilizar a la gente, y
eso le dio más fuerza a la organización.
En una ocasión detuvieron a
los seis compañeros del Comité de
Autoridades el día que entregaban
su cargo al nuevo comité. Ahí se
movilizaron todas las comunidades,
más de 5.000 personas, una
marcha como nunca en la historia
en San Luis y se logró la liberación
de los compañeros. Se sentó al
Gobierno del Estado, a la Procuraduría
de Justicia, al Tribunal Superior
de Justicia a firmar o a generar
acuerdos. Se negaron a firman, decían:
“Legalmente ustedes no existen,
no están en la Constitución ni
en ninguna ley”. “¿Cómo que no?
Aquí estamos”. Entonces se logró
un acuerdo en 2001 y 2002, y de ahí,
han mantenido siempre bajo la
manga órdenes de aprehensión que
las ejecutan cuando mejor les conviene,
cuando quieren iniciar campañas
de desprestigio contra la organización,
o piensan que por algún
motivo nos vamos a movilizar.
Esto ha servido también para ir
aclarando cuál es la posición del
Estado real hacia los pueblos.