STEFANO LIBERTINI

Las finanzas han sido, y siguen
siendo, una de las
asignaturas pendientes en
la independencia real de
los movimientos sociales y la economía
social y solidaria.

Hoy, para una buena parte de las
cooperativas ya no es un problema
grave ser financiadas por una entidad
financiera comercial al uso. Aún
lo es, sin embargo, para las iniciativas
muy pequeñas, de gente muy joven
y sobre todo de personas que
piensan dedicarse a actividades de
difícil asimilación por parte del pensamiento
económico ‘ortodoxo’. Y
para algunas iniciativas económicas
cuya forma jurídica no es la cooperativa,
sino el simple ‘proyecto económico’
dentro de un movimiento
social con objetivos más amplios, encontrar
financiación sigue siendo un
problema. Lo mismo que para las
empresas que tienen entre sus trabajadores
un alto porcentaje de éstos
en riesgo de exclusión o con especiales
dificultades de acceso al empleo.
Aunque en un momento de esplendor
del movimiento cooperativo,
a finales del siglo XIX, cuando nacen
las primeras cooperativas de crédito -la primera experiencia del cooperativismo
de crédito español se remonta
a 1858, con la creación de la ‘cooperativa’
de los Papeleros de Buñol-,
se sembró mucho y bien en esa dirección,
la triste realidad es que el
cooperativismo de crédito no logró
dar un vuelco ni empoderar definitivamente
a todo un sector, que después
de la guerra quedó diezmado
y tardó mucho en recuperarse y,
por extensión, en recuperar la
‘credibilidad bancaria’.

Tras la II Guerra Mundial, se extiende
entre los ahorradores de las
clases medias europeas y norteamericanas
una creciente, aunque minoritaria,
demanda de instrumentos
financieros en los que se garantice
que los ahorros depositados no van
a contribuir a financiar guerras ni
otras actividades que atenten contra
los seres humanos, los animales, el
medio natural, etc. Ése es el origen
de los Fondos (de inversión) Éticos.

En algunos casos, el interés
principal de los ahorradores no es
tanto una lista de actividades a no
financiar, como asegurarse de que
sus depósitos se ponen al servicio
del desarrollo socioeconómico de
países empobrecidos.
Por debajo de los Pirineos
No de manera mayoritaria, pero sí
constante, empezó, desde finales
de los ‘70, un goteo de responsables
de proyectos sociales de diferentes
comunidades autónomas,
que en virtud de sus militancias en
movimientos pacifistas, ecologistas
o por los proyectos en los que
estaban involucrados entraron en
contacto con estas experiencias y
empezaron a ‘importarlas’, a transmitirlas
y a pensarlas en pequeños
grupos locales.

Es así como nacieron la mayoría
de las experiencias de finanzas solidarias,
informales en cuanto a su
estatus jurídico, pero muy serias
en cuanto a su gestión. Experiencias
como lo préstamos privados
solidarios de Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Euskal
Herria, el Grupo de Apoyo a Proyectos
(GAP) en Madrid, la Asociación
Financiación Solidaria en
Zaragoza, la Alcancía en Cádiz,
Fondos de Solidaridad en Granada
y en Cataluña, y posteriormente
experiencias rompedoras de capital
riesgo social como IUNA en
Valencia.

Mucho antes de que la mayoría
de estas experiencias vieran la luz,
en 1989, se funda en Barcelona la
Asociación para la Banca Social y
Ecológica, de ámbito estatal. En
ella se dan cita muchos militantes
ecologistas, activistas sociales, ideólogos
y practicantes de un nuevo
paradigma económico, basado en
la cooperación y en el respeto al
medio ambiente y a lo derechos humanos.
Los criterios que se promulgaban
en sus estatutos seguirían
siendo válidos hoy en día, pero era
demasiado pronto. Los movimientos
sociales no estábamos preparados
para ayudar a dar a luz un proyecto
tan ambicioso.

Desde hace algo más de dos años,
mediante un acuerdo con la fundación
Fiare, la Banca Ética Italiana
(ver recuadro) apoya con su licencia
operativa un proceso que pretende
derivar para el año 2010 en la creación
de una cooperativa similar a esta
orilla del Mediterráneo.
En 1995, en Barcelona, nace la cooperativa
de servicios Coop57. El impulso
inicial lo dio un grupo de trabajadores,
que aportaron parte de la indemnización
lograda tras una larga y
dura lucha sindical. A partir de ahí,
las cooperativas socias fueron paulatinamente
aumentando tanto el capital
social como el fondo de apoyo mutuo
en forma de préstamo intersocios.
Coop57 se rige por la ley de cooperativas,
que permite a éstas agruparse
de diferentes maneras. Una
cooperativa de servicios es un modelo
de agrupación que pretende facilitar
colectivamente la prestación de
servicios a sus cooperativas socias.
Estamos hablando de servicios financieros.
Pero Coop57 no es un banco,
es un instrumento de autogestión financiera
al servicio de la economía
social y solidaria organizada.

Es una oportunidad de fortalecer
la reflexión y la acción conjunta de
cooperativas y empresas de economía
solidaria, sea cual sea su forma
jurídica. Una reflexión y una acción
que deberían conducirnos a una
mayor autonomía financiera y a
una profundización del modelo
económico a impulsar entre todos
y para todos. O dicho de otra manera,
donde todos los que quieran
participar y comprometerse encuentren
terreno abonado.