Cilia Hernández

El pasado 5 y 6 de octubre tuvo lugar
en Santa Marta, municipio de Victoria,
en el departamento de Cabañas,
un encuentro nacional en el que
estuvieron presentes 270 representantes
de diversas comunidades salvadoreñas
pertenecientes a nueve
de los 14 departamentos de El Salvador
y todas amenazadas de desalojo
en sus respectivos territorios.

Al encuentro acudieron desde las comunidades
de Conchagua y Costa
del Sol de La Unión, Intibucá, Soyapango
y Zona Metropolitana de San
Salvador, La Maraña de Sensuntepeque,
Juacuarán de Usulután, Guacotecti
y Santa Marta de Cabañas,
San Antonio del Mosco de San Miguel,
Comunidad la Cuchilla de La
Libertad, Santa Ana, Zacatecoluca,
Tonacatepeque, Cantón Cangrejera,
El Carmen de Cuscatlan, San Pedro
Perulapan y San Luis la Herradura.
Dicho acto coincidió con el 20º
aniversario del retorno de refugiados
procedentes del campo de Mesa
Grande (Honduras), donde miles
de salvadoreños se vieron obligados
al exilio forzado debido a
las actuaciones indiscriminadas de
las Fuerzas Armadas, durante la
cruenta guerra civil que azotó el
país entre los años 1980 y 1992.

En dicho evento se constituyó el
Movimiento Nacional por el Derecho
a la Propiedad de la Tierra
de las Comunidades Indígenas,
Campesinas y Urbanas, como herramienta
aglutinadora de las comunidades
afectadas y con el fin
de hacer frente al Gobierno y a sus
políticas neoliberales.
Según denuncia a DIAGONAL
Rosa Laínez, una de las líderes comunitarias
de Santa Marta: “El objetivo
del encuentro fue identificar las
causas que originan la violación a los
derechos de propiedad de las tierras
de las comunidades y construir una
estrategia conjunta de articulación
para enfrentar esta problemática de
ámbito nacional”.

Abusos del Gobierno

Las comunidades presentes en el
acto identificaron como principal
responsable del atropello al actual
Gobierno salvadoreño: lejos de asegurar
las condiciones de miles de familias
campesinas e indígenas a una
vivienda digna y por ende a la posesión
de sus tierras, aprobó el Tratado
de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos y apoya el proyecto
Plan Puebla Panamá (PPP). Para las
comunidades afectadas, el presidente
Antonio Elías Saca (del partido ultraderechista
ARENA) se ha erigido
en el responsable de facilitar y garantizar
el acceso a las tierras a las
grandes empresas transnacionales,
violando así el derecho de las comunidades
a la propiedad. Todo ello a
través del sistema judicial y el resto
de instituciones del Estado (alcaldías,
Instituto Salvadoreño de Transformación
Agraria y la Comisión ejecutiva
Portuaria de El Salvador principalmente),
que están utilizando diferentes
mecanismos, incluida la estafa,
para desalojar a los habitantes
de sus tierras.

“Esta política dejará sin tierras a
miles de personas en nuestro país,
lo cual no es el único problema.
Estas comunidades serán despojadas
de sus viviendas, de sus cultivos,
sus animales y su identidad; ya
hay deserción escolar y problemas
psicológicos en la niñez y las personas
ancianas, porque estas familias
piensan las 24 horas en cuándo las
desalojarán. Además está en juego
el derecho al acceso al agua, la vivienda
digna y una alimentación
adecuada”, declara a DIAGONAL
Miguel López, líder comunitario y
presidente de la organización local
ADES Santa Marta.

Causas del conflicto

El problema de la tenencia de las tierras
se extiende en todo el país, según
indica a DIAGONAL María Silvia
Guillén, directora de la Fundación
de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD): “En
este momento El Salvador se encuentra
en venta, toda la campaña
de turismo es una apuesta al incentivo
de inversiones, favoreciendo al
gran capital y la acumulación”. Las
comunidades enfrentan la misma
problemática, pero el Gobierno está
utilizando diferentes mecanismos
para desalojar a las poblaciones, ignorando
a las comunidades cuando
éstas piden el diálogo.

Portavoces del recién creado
Movimiento Nacional por el Derecho
a la Propiedad de la Tierra
de las Comunidades Indígenas,
Campesinas y Urbanas, indican
que muchas otras comunidades
que no denuncian aún su situación
por miedo y desconocimiento también
están siendo amenazadas de
desalojo en aras del crecimiento
económico y la inversión extranjera.

En este sentido, prosigue María
Silvia Guillén: “La propiedad privada
capitalista sobre la tierra no
es más que la forma de legitimar el
despojo de las comunidades indígenas,
rurales y urbanas. Daría la
impresión de que en este Estado de
derecho que estamos sólo tienen
derecho los que tienen dinero, excluyendo
a las mayorías”.

Según la dirigente del FESPAD:
“La tierra es una mercancía con la
que se especula, no es más un bien
productivo, ni sirve para garantizar
los derechos de las comunidades, ni
para producir su alimento, ni para
garantizar su seguridad a la vivienda,
pues la apuesta neoliberal del
Gobierno fue la erradicación de la
producción agrícola y fomentar únicamente
los servicios y la exclusión
social para generar la inmigración y
atraer remesas. En ese sentido hay
en el país una producción legislativa
ajena al espíritu y a la letra de la
Constitución, se está legislando en
total violencia a la Constitución de
la república y a los intereses de la
mayoría. Está por medio la vida de
las presentes y futuras generaciones”.

Silvia Margarita Callejas, representante
de la Estructura Territorial
de la Línea Férrea de la zona
metropolitana de San Salvador,
declaró a DIAGONAL: “El Estado
está dando un trato inhumano a las
poblaciones de la línea férrea, es un
irrespeto al derecho a la vida, al derecho
a una vivienda adecuada, al
derecho que tenemos las personas
de estar dentro de los terrenos que
pertenecen al Estado, porque sabemos
que es parte de nosotros, al
igual que nosotros también somos
parte del Estado”.

Por su parte, el Gobierno presidido
por Tony Saca justifica los desalojos
por la necesidad de construir megaproyectos
como el del puerto el
Cutuco, la vía rápida Longitudinal
del Norte, nuevos planes urbanísticos
especulativos (algunos ubicados
en zonas de interés medioambiental),
complejos turísticos en zonas
costeras, reactivación de líneas férreas,
incremento de la explotación
minera (en manos fundamentalmente
de transnacionales canadienses) y
el cuestionado incremento en la
construcción de represas.