La historia reciente cuenta con numerosas
interpretaciones. Para
Jaime Mayor Oreja, eurodiputado
del Partido Popular, el Franquismo
supuso “una situación de extraordinaria
placidez”, que “muchas familias
[...] vivieron con naturalidad y
normalidad”. Para los miles de encarcelados
o torturados por motivos
políticos, las familias expoliadas
tras la Guerra Civil o los descendientes
de los más 30.000 represaliados
que continúan enterrados en
cunetas, montes o bosques, el recuerdo
del pasado es otro. Un recuerdo
diferente también al retrato
oficial de una Transición que, bajo
la idea de reconciliación, mantuvo
los vínculos con la dictadura y la legalidad
de la justicia franquista.

El movimiento por la recuperación
de la memoria histórica cobró
fuerzas a finales de la década de los
‘90 a medida que la generación de
‘nietos’ de la Guerra Civil comenzaba
a cuestionar la losa de silencio
que sucedió al Franquismo.
Pocas causas han conocido un crecimiento
semejante en un espacio
tan corto de tiempo. En el año 2000,
las primeras exhumaciones de represaliados
en el Bierzo leonés encontraron
un amplio eco. En decenas
de localidades otros grupos
adoptaron el mismo camino. A
ellos se unieron ex presos, antiguos
‘maquis’, exiliados o niños de la
guerra. Hoy, el número de asociaciones
se acerca a las 200. No es
poco lo que han conseguido: a lo
largo de este tiempo han situado la
reivindicación de la memoria en el
centro de la agenda política, y la
Transición, hasta hace poco intocable,
genera cada vez más debates

“Una ley aberrante”

Tras esta demanda por no cerrar
en falso el pasado, el Gobierno socialista
puso en marcha la Ley de
la Memoria Histórica. Sin embargo,
a juicio de las asociaciones, el
resultado difícilmente puede estar
más alejado de sus objetivos.
Después de tres años de debate
político, demoras que casi obligan
a posponer su aprobación a la siguiente
legislatura y una sustancial
rebaja de última hora, el desencanto
predomina en la mayoría
de asociaciones.

José María Pedreño, presidente
de la Federación de Foros por la
Memoria, explica su rechazo: “Es
por una sencilla razón: no reconoce
jurídicamente las víctimas del
Franquismo. Vuelve a ser una ley
de punto y final para tapar bocas”.
Pedreño hace referencia a los motivos
que da el Equipo Nizkor, organismo
internacional de derechos
humanos, que bajo un duro texto
titulado Una ley aberrante, suscrito
por 70 organizaciones, ofrece una
batería de razones para oponerse.
La principal: que, al no anularse los
juicios, “la ley implica el reconocimiento
de la legalidad franquista”,
algo que ignoran las resoluciones
32 y 39 de Naciones Unidas, que en
1946 proclamaron ilegítimo el
Franquismo por ser “en origen, naturaleza,
estructura y conducta general,
un régimen de carácter fascista”.
Para el Equipo Nizkor “es
una ley contraria al derecho internacional”
que supone un “ataque
frontal a las víctimas”.

Los avances del texto (extensión
de las ayudas a las víctimas del
Franquismo o el compromiso de
colaborar en la exhumación de víctimas)
son vistos como insuficientes.
Por ese motivo, una organización
de ex ‘maquis’ recurrirá al tribunal
de Derechos Humanos de la
UE para exigir su reconocimiento
como soldados antifranquistas.

Buscar el cumplimiento

Para Pedreño, de la Federación de
Foros, la ley habría actuado como
“cortafuegos contra un movimiento
al que se tiene miedo”. Otras organizaciones,
como Amnistía Internacional
(AI), han manifestado
que la ley apenas pasa de las intenciones
y sigue lejos de cumplir
con los derechos humanos. No
obstante, para AI la ley puede ser
un “tímido paso adelante en la larga
batalla contra el olvido”. En la
misma línea, la Asociación para la
Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) espera que, a
pesar de las lagunas, la ley pueda
ser un primer paso para seguir
avanzando. Sin llegar al nivel de
júbilo mostrado por militantes antifranquistas
invitados al pleno en
el que se aprobó la ley, desde la
ARMH se ve preferible que la ley
fuera aprobada antes que quedar
fuera de la legislatura.

A partir de ahora, en todo caso, a
sus actividades habituales los colectivos
de la memoria se han dado una
nueva tarea: buscar el estricto cumplimiento
de esta ley. Así lo explica
Pedreño: “Pondremos denuncias a
cada Ayuntamiento que no retire los
símbolos. Vamos a ver si al menos
lo que se ha aprobado es cierto”.

Cuestión de patrimonio

El papel de Convergencia
i Unió, que
ha logrado introducir
una cláusula de
razones “artísticoreligiosas”
contra la
retirada de símbolos
franquistas en las
iglesias, y que pidió
varias veces que la
ley hiciera hincapié
en la represión contra
sacerdotes en el
bando republicano,
fue una de las últimas
causas que
rebajó el texto aprobado.
Pero éste no
ha sido el único
requisito que se ha
encontrado la ley en
su tramitación parlamentaria.
Según
denuncian los colectivos
de la memoria,
uno de los aspectos
menos destacados
al hablar de la ley
ha sido ver cómo los
trámites del texto se
demoraban conforme
los apoyos parlamentarios
del PSOE
estudiaban en qué
medida se les devolvería
su patrimonio
incautado durante la
Guerra Civil y la dictadura.
Esta situación
es criticada
especialmente por
las asociaciones de
incautados por el
Franquismo, que
desde hace décadas
buscan una compensación
por los
bienes expoliados y
se preguntan por
qué el patrimonio ya
ha sido devuelto a
sindicatos y partidos
pero no a las familias
robadas.