PLANES INDUSTRIALES PONEN EN RIESGO SUS TIERRAS
Amenaza de desalojo para una comunidad de El Salvador

El 26 de octubre el juzgado de primera instancia de
Victoria emitió una orden de desalojo contra 27
familias de la comunidad salvadoreña de Santa Marta.

23/11/06 · 0:00
Edición impresa
JPG - 4.2 KB
PINTANDO UN MURAL en una escuela
de la comunidad de Santa Marta.

Nada más conocerse la sentencia,
los vecinos de esta localidad norteña
de El Salvador realizaron una marcha
de protesta hasta la ciudad de
Victoria. El objetivo: denunciar el alto
número de irregularidades con
las que se ha llevado a cabo el proceso
judicial. De entrada, ningún representante
de la cooperativa fue
avisado de la demanda presentada
por la antigua dueña de los terrenos,
y que supondría la expulsión de las
27 familias. Del mismo modo, tampoco
nadie fue llamado a declarar.
Con el fin de salvar sus tierras, los
miembros de la cooperativa presentaron
ese día ante el juez los papeles
del registro de sus terrenos. Y de forma
paralela ya se ha iniciado una labor
de denuncia a nivel nacional e
internacional del caso. Hasta ahora,
al menos han conseguido que el juzgado
ofrezca una prórroga al desalojo
hasta el día 15 de diciembre.

Ese día tendrá lugar una audiencia
entre las partes afectadas. Pero el
riesgo sigue presente. María Beltrán,
demandante y antigua propietaria,
no renuncia a pedir el desalojo.
La amenaza sobre la cooperativa
Nueva Heroica de Santa Marta nace
de un complicado conflicto de
propiedades. Los actuales residentes,
miembros de una comunidad
de refugiados de la guerra civil de
El Salvador, compraron sus terrenos
en 1994 a Sigfredo Pleitez, apoderado
y representante de la propietaria,
María Beltrán. Durante 12
años no se advirtió a la cooperativa
de ninguna anomalía. Por ese motivo,
entre las familias de Santa
Marta ha sorprendido que el juzgado
de primera Instancia del municipio
de Victoria diera por válida la
demanda y declarase nulo su título
de propiedad, lo que equivale a
echar de sus casas a más de un centenar
de personas.

En su denuncia, María Beltrán argumenta
que Pleitez la engañó y no
le entregó el dinero que le correspondía.
Algo que choca con lo que
se expone desde la Asociación para
el Desarrollo Económico Social de
Santa Marta (ADES). Según esta
asociación, cuando la cooperativa
decidió comprar los terrenos, la propietaria
les remitió siempre a su apoderado.
Además, se protesta, “ella
no realiza ningún acto de demanda
por estafa contra Pleitez, sino que
orienta toda su acción al desalojo”.

No es un caso aislado

Según Antonio Pacheco, presidente
de ADES, Santa Marta no supone
un caso aislado. “En la zona norte
de El Salvador están por iniciarse
grandes proyectos: explotación de
minería de oro, construcción de una
carretera... se habla de impulsar el
turismo a gran escala”, señala, añadiendo
que “el impulso de estos proyectos
dentro del Plan Puebla-
Panamá y el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos traen
a pensar que existen intereses económicos
importantes que desean estas
tierras”. Pero hay una contrapartida:
“Los proyectos amenazan con
desalojar a miles de familias de sus
lugares de origen”.

Tags relacionados: Militarismo
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto