En marzo de 2015, el Tribunal Supremo condenó a tres años de prisión a ocho personas por la acción Aturem el Parlament, revirtiendo la absolución que inicialmente había dictado la Audiencia Nacional.

Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha aceptado a trámite la demanda por vulneración de derechos fundamentales que presentaron las abogadas, tras agotar la vía judicial estatal.

Estrasburgo considera que se podría haber violado el derecho a un juicio justo, ya que el Supremo contradijo la sentencia de la Audiencia Nacional sin volver a escuchar a las acusadas ni a los testigos. Aunque habrá que esperar la resolución final, para la abogada Isabel Elbal se ha superado un filtro muy importante: "Sólo admiten a trámite unas 70 demandas al año".

Mientras que la Audiencia Nacional inicialmente dejó claro que la intención de la protesta era manifestarse y mostrar disconformidad, el Supremo, sin ningún elemento nuevo, reinterpretó la intencionalidad, esgrimiendo que había voluntad de subvertir las instituciones. Para Elbal, este giro "no se puede hacer, ni se debe hacer". Aunque no existe una normativa clara en España al respecto, la abogada subraya que hay jurisprudencia del propio Supremo y del Tribunal Europeo.

Sin embargo, Ciro Morales, uno de los condenados, considera que la batalla estará ganada "cuando Estrasburgo anule la sentencia". Lo más importante, añade, es "dinamitar una sentencia que puede sembrar el miedo ante futuras acciones directas populares".

A partir de ahora, comienza un procedimiento largo. Para empezar, se trasladará la demanda al Gobierno, que, hasta el 17 de enero de 2017, podrá responder, y previsiblemente lo hará oponiéndose y solicitando que no se tenga en cuenta.

A partir de aquí, el Tribunal Europeo decidirá cómo procede. "Se trata de una noticia muy buena, porque cruzar la puerta en Europa no era fácil", afirma la letrada. Sin embargo, las condenadas están pendientes de la resolución de un indulto, que determinará si entran o no en prisión.

Aterrizaje en el Supremo

La decisión de recurrir la sentencia absolutoria inicial se tomó a cuatro bandas entre la Fiscalía, Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament de Catalunya, con el voto favorable de CiU, PP, PSC y Ciutadans, y la abstención de ERC.

El alto tribunal español, contradiciendo a la Audiencia Nacional, condenó a los ocho activistas argumentando que la sentencia contenía un "error patente" al no jerarquizar el derecho constitucional de participación política sobre el derecho a la protesta. Sin embargo, no hubo unanimidad: el magistrado Perfecto Andrés emitió un voto particular, en contra.