Conflicto con la Guardia Urbana
Los manteros de Barcelona proponen soluciones para legalizar su actividad

Vendedores ambulantes y Guardia Urbana consideran que los enfrentamientos han aumentado durante el último año.

28/06/16 · 12:23
Manteros en Barcelona. / Gorka Leiza

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y sus redes de apoyo El Espacio del Inmigrante y Tras La Manta opinan que las fuerzas de seguridad utilizan a los manteros como un punto de ataque al gobierno de Ada Colau, debido al malestar que tienen con algunas de sus medidas, como la disolución de la Unidad de Apoyo Policial (USP) de la Guardia Urbana.

Según Aurea Martín, miembro de Tras La Manta, se ven apoyados por los grandes comerciantes, que "impulsan el turismo masivo y no quieren que se vea la pobreza en la calle".

"El gobierno al principio estaba más dispuesto a escucharnos, pero cuando vio la presión mediática, empresarial y de la policía se apartó de las medidas iniciales"

El sindicato, por su parte, defiende que "el gobierno al principio estaba más dispuesto a escucharnos, pero cuando vio la presión mediática, empresarial y de la policía se apartó de las medidas iniciales". Además, expone que las fuerzas de seguridad cada vez tienen más autoridad. "En la calle gobiernan los guardias, no la alcaldesa", afirma.

Consideran que la policía actúa estratégicamente para posicionar a la opinión pública en contra de los manteros. Uno de los ejemplos es el caso de Sidil Moctar, detenido tras difundirse un vídeo en el que agrede a un guardia urbano.

Martín asegura que el vídeo está cortado y omite la parte previa en que los guardias requisaban el material de los vendedores y les "daban porrazos". "No es casualidad que hubiese un policía grabando", dice. Moctar continúa en prisión preventiva por riesgo de fuga al ser extranjero, aunque lleva viviendo aquí más de diez años, medida que el sindicato ve como síntoma de racismo institucional.

La policía ha asegurado que en los últimos meses los vendedores se enfrentan a ellos y les provocan cada vez con más frecuencia. Tras lo sucedido con Moctar, el Sindicato de la Guardia Urbana, SAPOL,emitió un comunicado donde manifestaba que "esta situación es inaguantable, no puede ser que cada vez que vamos a cumplir con nuestra obligación resulten agentes heridos por agresiones".

El SPL-UGT declaró a e-noticies que "la masificación y descontrol que hay sobre este tipo de actividades ilícitas obedece a una dejación de funciones en el ámbito de la seguridad pública por parte del gobierno" y que "mientras estos colectivos estén fuertemente apoyados desde el ámbito municipal, nos encontramos totalmente desprotegidos".

El Sindicato de Manteros niega que sean violentos y alega que sólo quieren "ganarse la vida sin tener problemas con nadie". Denuncia que los manteros viven una situación de represión y vigilancia constante. "Algunos tienen patrullas a la puerta de casa o secretas que les siguen y les graban. Te sientes vulnerable, sin libertad… abusan de su poder sabiendo que no denunciarás por el miedo a no conseguir los papeles o la renovación".

Sin embargo, Martín puntualiza que "dentro de la policía hay sectores racistas, pero otros que no y depende del turno de trabajo que tengan hay más o menos requisamiento de material".

Uno de los casos recientes que, según el sindicato, evidencia la violencia que sufre el colectivo de manteros es el de Pape Diop, que ha denunciado una agresión policial mientras trataba de mediar entre unos vendedores y unos policías secreta. Creen que este ataque tiene una intencionalidad clara: "Pape es uno de los fundadores, ha sido una figura determinante durante los últimos doce años y que lo toquen a él es que nos toquen a todos".

El sindicato considera que se ha naturalizado la violencia contra la población migrante y denuncia la ausencia de repercusión mediática

El sindicato considera que se ha naturalizado la violencia contra la población migrante y denuncia la ausencia de repercusión mediática. "Hasta que comenzamos a organizarnos y a hacer presión sólo se daba voz a las fuerzas de seguridad y a los propietarios de grandes almacenes", explica Martín.

Tras dos reuniones de la Mesa de Ciudad, creada para hacer frente a los conflictos económicos y sociales derivados de la venta ambulante, Barcelona en Comú ha activado planes de ocupación de doce meses para los vendedores y contempla facilitar tarjetas de residente que posibiliten el acceso a los servicios sociales. También intensificará las sanciones a los compradores.

Según Laia Ortiz, teniente de alcalde, se ha realizado un diagnóstico de vulnerabilidad a 16 manteros que pronto podrán acceder a planes de empleo. Sin embargo, el sindicato asegura que no tienen constancia de esto y que el gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para proponerles los planes de ocupación.

Los manteros se muestran abiertos al diálogo y a la búsqueda de soluciones, y defienden que para ello es imprescindible escuchar a todas las personas implicadas: comerciantes, autoridades, vecinos y vendedores. Consideran que la base para el entendimiento está en que "la población entienda que salimos a vender porque es la única opción que tenemos para sobrevivir".

Añade que a las personas africanas no se les ve como vecinos legítimos, aunque lleven años en Barcelona, y que la policía "no está preparada para crear vínculos con la población migrante, especialmente con la negra".

Los manteros reivindican sus derechos a través de manifestaciones pacíficas por la libertad de Sidil Moctar y de actos como los "mercadillos rebeldes", una forma de denuncia de sus precarias condiciones laborales. "A través de los mercadillos los vendedores muestran su voluntad de trabajar y la sociedad civil que acude y compra muestra que les apoyan", explica Martín.

Desde el sindicato han presentado una serie de propuestas enfocadas a conseguir alternativas laborales. "Estamos dispuestos a ceder y a hacer lo necesario para que nuestra actividad sea legal", explican.

Entre sus propuestas se encuentran la creación de mercados fijos o ambulantes donde realizar sus ventas dentro de unos horarios establecidos, pagar un permiso de venta y sustituir sus productos por otros que no generen polémica, evitando, por ejemplo, las imitaciones. "Somos jóvenes, queremos trabajar y tenemos dignidad, lo que queremos es regularizar nuestra situación para dejar atrás esta complicada etapa".

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