Los apartados y el asalto institucional

Los movimientos sociales no pueden caer en la tentación y la ilusión de ofrecer soluciones a la administración, sino construirlas independientemente y en tensión con ella.

, sociólogo
16/03/16 · 7:20
Presentación del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en Barcelona en octubre de 2015. / Carla Moral

En Europa, nunca nos hemos creído mucho el credo de la universalidad de los derechos humanos. O bueno, creemos en la universalidad en tanto que no implica ningún atentado contra nuestros privilegios. Sin embargo, es precisamente en la apuesta por la universalidad de los derechos donde radica su potencial emancipador.

En este sentido, resulta particularmente ilustrativo el caso de la revolución haitiana, esa semilla del mundo real que contradice los ideales con los que aún soñamos tantos. Cuando Julien Raimond y Vincent Ogé volvieron de la Asamblea Nacional francesa al país antillano en 1790, lo hicieron convencidos de que las leyes que se acababan de aprobar en el continente colonizador tenían como consecuencia que las personas africanas esclavizadas tenían los mismos derechos que los blancos esclavistas y terratenientes.

Ogé volvió reivindicando el derecho a voto de todas las personas. Los supuestos inventores de los derechos humanos le torturaron antes de decapitarle.

Más de dos siglos después, esta historia de desborde y control aún resuena en las calles de Barcelona. Durante las últimas semanas, decenas de trabajadores informales, vendedores ambulantes que sufren una exclusión múltiple productora de la legalidad y el orden social vigentes, han estado tomando el espacio público acompañados por centenares de compañeros y compañeras, en las Ramblas de Barcelona. Los “mercadillos rebeldes” que organizan constituyen un gesto de desobediencia, de resistencia pacífica, de apoyo mutuo y solidaridad contra una criminalización violenta, es decir, un gesto que goza de todos los rasgos que caracterizan la producción de libertades. El último se celebró el sábado 12 de marzo, pocos días después de una rueda de prensa en la que el Ayuntamiento presentó las conclusiones de la Mesa de Ciudad –sin avisar a las entidades participantes– y anunció que no solo se mantendrá el nivel actual de persecución policial de los vendedores, sino que se incrementarán las multas a los compradores del top manta.

Leer: El Ayuntamiento de Barcelona intensificará la persecución de la venta ambulante

No es casual que la acción del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y quienes les apoyan nos aparezca como uno aparentemente en contra de los llamados Ayuntamientos del Cambio. Seguramente, los días posteriores al mercadillo rebelde son días de frustración para los activistas que han pasado a la administración pública, que se encuentran enfrentados con quienes hasta hace poco compartían calle. También serán días de tristeza y decepción para quienes pensaban que el llamado asalto a las instituciones resolvería los conflictos y las desigualdades que constituían la razón de ser de dicho asalto. Para los trabajadores y trabajadoras de la calle, desposeídos tanto en materia de derechos como en materia de subsistencia, tras un día de empoderamiento, la cotidianidad sigue marcada por lo que llevan años sufriendo: la criminalización y la represión. Pero quizás sea un buen momento para alzar la mirada y reflexionar sobre lo que estamos viviendo en Barcelona, además de su relación con lo que ocurrió en Haiti tras la revolución francesa y lo que no hemos resuelto desde entonces.

Para los trabajadores y trabajadoras de la calle la cotidianidad sigue marcada por lo que llevan años sufriendo: la criminalización
y la represión

Los últimos mercadillos rebeldes han sido un gran éxito para los movimientos que lo protagonizaron: el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, la red de apoyo Tras la Manta y el Espacio del Inmigrante. Y no es coincidencia que, mientras le iban ganando terreno a la Guardia Urbana y a los Mossos d’Esquadra (y por tanto, a la securitización del espacio público), los vendedores corearan la frase que, en gran medida, llevó a las confluencias ciudadanas al poder.

“Sí se puede,” decían. Lo mismo que pensaron Raimond y Ogé en 1790.

Y es que esa frase y el empoderamiento generalizado que la legitima, se manifiesta como una tensión entre la legalidad vigente y los movimientos emergentes, como antagonismo entre la arquitectura institucional y la anarquía de lo real. Resulta incómodo porque la realidad nos incomoda, al igual que nos incomoda pensar que las ciudades refugio son refugio porque, en realidad, los refugiados somos nosotros, los blancos privilegiados, los europeos con libertad de movimiento y el derecho a un bienestar garantizado. Son los otros, quienes huyen de la extracción, de la explotación, de la violencia y la dominación colonial, que son las personas normales en este mundo.

Naturalmente, a los redactores de La Vanguardia, El Mundo, El País o El Periódico, este tipo de titular no gusta mucho. La realidad y los antagonismos que anuncia tampoco gustan mucho entre políticos. Es normal, ya que su trabajo consiste en ofrecer soluciones y los antagonismos no tienen solución. Lo único que ofrecen son nuevos horizontes y declinaciones, que aumentan el poder de unos y no de otros y por tanto nos condicionan a posicionarnos con unos y no con otros. Dicho de otro modo, nos sitúan en el terreno de la política y no el de la gestión, que es la realidad de la administración pública.

Apostar por los derechos humanos implica asumir todo el desborde que conlleva la universalidad de la lucha en la que estamos, especialmente cuando las necesidades reales desbordan los marcos legales y normativos hegemónicos. Es por eso que los movimientos sociales no pueden caer en la tentación y la ilusión de ofrecer soluciones a la administración, sino construirlas independientemente y en tensión con ella, profundizando siempre la crisis entre la arquitectura institucional y la anarquía de lo real mediante la articulación de institucionalidades nuevas, protagonizadas y organizadas por los sectores más apartados de la sociedad. La aparición del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y una creciente red de apoyo tejida por entidades locales es un ejemplo de esto. Si el objetivo del empoderamiento colectivo es desencadenar tendencias emancipadoras entre los sectores apartados y que éstas persistan más allá del mandato del gobierno de turno, es claramente una buena noticia. Si el objetivo es garantizar el éxito electoral de ese gobierno, no.

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