Texto de Elisabetha Ggv

Ayer, 4 de marzo de 2016 frente al consulado de Honduras en Madrid, ondeaba vestida de luto la wiphala, bandera que representa a los pueblos indígenas de América Latina. Al lado, un ramo de rosas que acompañaba la foto de Berta Cáceres, de esta manera las personas reunidas pedían justicia por el asesinato impune de Berta.

Un grupo representativo de la sociedad civil madrileña se sumaba a la profunda indignación internacional por el asesinato de esta luchadora por los derechos del movimiento campesino e indígena hondureño y defensora acérrima de la justicia social y ambiental, Berta era líder de la resistencia contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos que amenazan los derechos del pueblo lenca.

Esta mujer indígena luchaba desde las organizaciones indígenas de base, de las que fue representante los últimos veinte años, como dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que denunció los tratados de libre comercio en el que se amparan las grandes transnacionales para saquear los recursos naturales y despojar de sus territorios ancestrales a los pueblos indígenas.

Berta fue galardonada en 2015 con el prestigioso premio Goldman por su labor en la defensa del territorio lenca, amenazado por grandes proyectos transnacionales. Desde su organización defendió el derecho al agua y los recursos naturales, denunciando el hostigamiento y represión a las organizaciones sociales que se oponían a los megaproyectos. Se pronunció firmemente en contra del golpe de Estado del 2009 y rechazó la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca. En continuas ocasiones fue perseguida, amenazada y llevada a juicio buscando su renuncia a la lucha social. A pesar del claro riesgo que corría su vida –lo que hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera al Estado hondureño medidas cautelares para protegerla– en la madrugada del 3 de marzo las amenazas se cumplieron, fue asesinada.

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Según el informe ¿Cuántos más? de la ONG inglesa Global Witness, entre los años 2002 y 2014, ciento once activistas ambientales han sido asesinados en Honduras, lo que apunta a un contexto de alta vulnerabilidad para los y las defensoras de derechos en el país. Según la ONG Hondureña ACI-PARTICIPA más del 90% de asesinatos y abusos contra defensores de los derechos humanos siguen sin resolverse.

En la actualidad siguen amenazados dos miembros de la COPINH, por lo que el comunicado leído y aplaudido en la Castellana de Madrid, exige al Gobierno de Honduras que asegure la integridad de estas personas y se ponga fin a la persecución y hostigamiento a defensoras de derechos, se ponga fin a la impunidad a los asesinatos de éstos, se suspendan los megaproyectos denunciados (hidroeléctricas en Agua Zarca, en los ríos Blanco y Cangel, junto al proyecto Blue Energy) y que se expulse a las empresas que amenazan y vulneran los Derechos Humanos.

Expresando las condolencias a la familia y las compañeras y compañeros de Berta, sumándose a las exigencias del comunicado que denuncia su asesinato, residentes hondureños y organizaciones de la sociedad civil madrileña se han pronunciado en solidaridad con el pueblo lenca por la pérdida de una líder que murió luchando.