Campamento Dignidad
Los sin techo reclaman una voz propia en las políticas sociales sevillanas

Tras un desalojo por parte de la autoridad el pasado 21 de octubre, la situación de calle de entre 700 y 800 personas en Sevilla ha llevado a un grupo de ellos a instalar un campamento junto al Ayuntamiento. Reclaman soluciones a su problema de emergencia habitacional y tener una voz propia entre las ONG que trabajan junto a la Consejería de Bienestar Social en la ciudad.

30/10/15 · 16:24
Protesta de personas del Campamento Dignidad. / Benjamín Mengelle

Después de pasar cuatro horas detenido, sin recibir la visita de su abogado, Lagarder Danciu volvió al trabajo: organizarse con otros sin techo de Sevilla para montar el Campamento Dignidad, de nuevo junto a la estación de autobuses, en la ribera del Gualdaquivir.

El 21 de octubre, Lagarder y otras 20 personas se despertaron cuando un dispositivo policial ejecutó la orden del Ayuntamiento de desmantelar la acampada junto al río, en torno al paseo de Carlos I, en el que llevaban más de 30 días para reclamar una solución digna a su situación de calle.

El Ayuntamiento de Sevilla tenía que tramitar en su pleno de hoy, 30 de octubre, una moción de urgencia presentada por el grupo de Participa Sevilla para denunciar el desalojo de la noche del 21. Participa Sevilla, que apoyó al PSOE en la investidura del alcalde, Juan Espadas, pretendía que el pleno condene esa acción e hiciese pública una rectificación de sus actuaciones esa madrugada. Sin embargo, la alianza de PSOE y PP se ha hecho efectiva para rechazar la admisión de esa moción en un pleno tenso en el que Lagarder Danciu, que había asistido a la sesión ha sido expulsado después de llamar 'fascista' al alcalde sevillano. [Actualizado a las 20:15] 

Desde este grupo municipal se denuncia un desalojo en el que sólo se permitió a los ocupantes del campamento transportar "lo que les cabía en las manos", se perdieron sus pertenencias y parte de lo que la ciudadanía había donado al campamento y de produjeron hechos como que se retiró la insulina a un diabético, se zarandeó la tienda de la que trataba de salir una persona con problemas de discapacidad, se asustó a los ocupantes del campamento y se produjo la detención de Lagarder, quien denuncia su detención como un abuso de poder.

"Vinieron como fascistas", resume Lagarder, portavoz del Campamento Dignidad. Recuerda que esta política viene de lejos de los Gobiernos de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP), que ha "desmantelado" los servicios sociales y está llevando a cabo una política de "mercantilización de la pobreza".

Privatización de la pobreza

"El consistorio dice que no queremos recursos y es mentira", denuncia Danciu, "sólo han venido dos veces en 41 días para ver cómo nos organizamos. No dan ayuda". Asimismo, cree que se deben dar soluciones a las personas que sufren la ordenanza cívica de la ciudad, que permite la incautación de los materiales que venden los trabajadores del 'top manta' y las sanciones por rebuscar en la basura, que ascienden hasta 750 euros y afectan a más de 5.000 personas que se dedican a este tipo de reciclaje.

Los sin techo del campamento tienen cuatro reivindicaciones básicas. Las dos primeras son que se controle el presupuesto de Bienestar Social que, a pesar de ascender a cuatro millones, parece no ser suficiente para la población en situación de calle y una interlocución directa con el Ayuntamiento, en pie de igualdad con las ONG del sector.

Los afectados piden que se les escuche, que se les incluya en los espacios de toma de decisión por parte de Bienestar Social. Entre las 15 ONG que participan en estas reuniones, no hay ningún sin techo, denuncia Lagarder, quien reclama que los ciudadanos afectados tienen "derecho a un proyecto autogestionado", como es el campamento.

Las otras dos reivindicaciones del Campamento Dignidad de Sevilla son la puesta a disposición de los afectados de viviendas en régimen de alquiler social universal y, como medida transitoria, que se permita instalar "la carpa" para dar cobijo y un sitio seguro a los acampados, entre los que hay diez autóctonos y seis personas de otros orígenes.

 

 

¿Qué es la Carpa?

Felipe García Leiva, de La Carpa, un movimiento social de apoyo a las personas en situación de calle, confirma que "hay algo que va mal" cuando se gastan cinco millones de euros cada año en Bienestar Social y los profesionales dicen estar desbordados.

La idea de La Carpa surgió tras el incendio que sufrió un sin techo en un cajero el pasado mes de agosto. Aunque no es sólo una infraestructura física, nos cuenta García Leiva, uno de sus primeros objetivos es que el Ayuntamiento ceda un solar para que las personas sin hogar instalen lonas, aseos básicos y otros servicios para autogestionarse. "No queremos que el ayuntamiento ponga nada más que el suelo", puntualiza García Leiva.

Más allá del espacio, Leiva reivindica un movimiento social con pocos precedentes a nivel internacional, formado por personas solidarias y por personas sin hogar organizadas, que "quieren participar en la toma de decisiones en políticas públicas". El ejemplo de Los Hijos de Don Quijote que tras dos meses obtuvieron un compromiso de las autoridades parisinas para solucionar la situación de los sin techo, es el precedente más cercano de este tipo de movimientos.

Un modelo fallido

En la actualidad, 14 personas permanecen en el Campamento Dignidad de una población que ronda las 700 personas sin hogar en la capital andaluza. Los albergues no son suficientes para atenderlos, según Participa Sevilla apenas hay plazas para la mitad y los requisitos allí "son espartanos". Para García Leiva "es sintomático" que haya gente que prefiere vivir en la calle antes de pasar por los albergues.

A grandes pinceladas, cada una de las 700 personas sin techo tendrían asignadas 20.000 euros, o, lo que es lo mismo, por cada seis o siete personas en situación de calle hay un profesional asignado, una cifra a priori suficiente. Sin embargo, se ponen recursos al servicio de empresas privadas, como Grupo 5, que son financiadas al 90% por fondos públicos. Un modelo fallido, opina García Leiva; "en los 15 años que llevo en este tema he visto salir a 20 o 30 personas de la calle... es un sistema que no ha funcionado".

Por tanto, para este portavoz de La Carpa, al margen de parches y medidas cosméticas "que son como ponerle una tirita a un cáncer", la solución pasa por poner en marcha medidas estructurales; las primeras de ellas, es el derecho a la vivienda. Y es que en la provincia de Sevilla se produjeron 5.947 desahucios, en términos relativos una cifra muy por encima de las ejecuciones que tuvieron lugar en Madrid (6.961) o Barcelona (12.486). En segundo lugar, García Leiva cree que se tiene que universalizar una garantía de ingresos mínimos como la renta básica.

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