Unos 220 vecinos del distrito centro de Madrid respiran tranquilos: sus viviendas, propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda, no acabarán en manos de fondos buitre ni ellos serán desalojados.

Unos 220 vecinos del distrito centro de Madrid, agrupados en la plataforma Yo No Me Voy, han conseguido evitar la venta de sus casas, pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y recuperar los contratos de alquiler social que les vinculaban a ellas.
En octubre de 2012 el ayuntamiento de Madrid inició la venta de cinco edificios de la EMVS a un fondo buitre, una operación que ahora ha detenido la nueva corporación municipal, según ha anunciado en rueda de prensa la alcaldesa, Manuela Carmena, quien ha asegurado que los 70 contratos de alquiler de estos vecinos se mantendrán y no se efectuará el desahucio en estas viviendas de titularidad pública.
Los inquilinos de esos inmuebles, "mayores de 70 años, delicados de salud y llevando más de veinte años en estas casas", explica a Diagonal Alberto Romeral, presidente de la asociación, comenzaron a organizarse para frenar la venta o los desahucios que llegarían tras ésta.
El primer intento de venta de los edificios se impidió pero entonces empezó una segunda fase en la que la EMVS trató de amedrentar a los vecinos para conseguir que se fuesen. "Intentaron otras tácticas para echarnos y dejar los inmuebles limpios para poder venderlos", denuncia Romeral, quien añade que algunas de esas maniobras fueron dejar de pasarles el recibo mensual de alquiler, para que figurase como impagado, o enviar cartas amenazantes sobre la no renovación de su contrato de alquiler. "Nos decían que íbamos a ir a juicio, cuando teníamos contratos en vigor, legítimos y protectores, y no habíamos hecho nada para que nos echasen de casa", asegura.
Estos contratos de alquiler social de la EMVS, efectuados en el marco del Decreto 100/86, se renuevan cada dos años automáticamente, siempre que la renta familiar no rebase determinada cuantía y si no se posee ningún bien inmueble en la comunidad de Madrid. En total, hay 2.086 contratos de este tipo distribuidos por los 21 distritos de la ciudad. Los que ahora se mantienen son 70.
"Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución", ha afirmado Carmena.
"Yo diría que en argot jurídico esto supone que se creará jurisprudencia y espero que con esta medida todos los restantes contratos queden así doblemente protegidos: por su validez legal y por este precedente nuestro", pronostica Romeral sobre lo que puede pasar con los numerosos contratos de alquiler social de la EMVS que se encuentran en una situación similar.
El presidente de la asociación ha agradecido la actitud del nuevo gobierno municipal. "Ana Botella no nos recibió ni una sola vez en tres años y Carmena nos llamó a los nueve días de su investidura. Los nuevos directivos de la EMVS también se han interesado mucho para resolver esto".
El abogado de Yo No Me Voy, Endika Zulueta, ha desvelado que existía un contrato confidencial entre EMVS y una empresa privada, que actualmente está en suspensión de pagos, para vender los cinco edificios a una segunda empresa por 12 millones de euros. "Los vecinos recibieron cartas, visitas, etc para que abandonaran los inmuebles. Muchas personas tienen situación precaria económica, física, etc. Hemos ganado algunos juicios, algunos se han recurrido, pero ahora ha cambiado el Ayuntamiento y los vecinos están tranquilos".
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