La historia que lleva a María Luisa Montiel, una de las ocupanetes del inmueble, comienza tras su divorcio, cuando se vio obligada a dormir en un coche durante 15 días. Posteriormente, según narra la afectada, accedió a vivir "en una habitación de alquiler sin saber que se trataba de un piso ocupado".    

Asegura que las personas que le habían estafado cobrándole "un alquiler durante un periodo de cuatro meses, desaparecieron" y ella fue recientemente acusada de un delito de usurpación, momento en el que afirma haber tenido conocimiento de su situación irregular. Desde febrero de 2015, en la vivienda también residían su hermano, Juan Montiel, que padece epilepsia y está operado del corazón, y Mariví León, la pareja de éste, ambos con grados de discapacidad reconocidos del 46% y del 52%, respectivamente. 

Desde la asamblea del espacio dicen estar "dispuestos a continuar luchando para que les proporcionen una vivienda con arreglo a sus posibilidades" 

 

Hace dos meses, los tres decidieron dar cobijo a un cuarto habitante, de 64 años, que vivía en la calle desde hacía catorce años y padece neumonía crónica. Los escasos ingresos que perciben entre los cuatro, procedentes de las prestaciones por desempleo y de la renta mínima de inserción (RMI), no les dieron la posibilidad de encontrar otro lugar donde vivir y el martes de la semana pasada fueron desahuciados por un operativo de más de 30 agentes de la Policía Nacional.

 

Desde entonces, María Luisa, Mariví y Juan han dormido en el portal de la comunidad de vecinos junto con algunos de los muebles que la Policía les permitió sacar de la vivienda antes de que la puerta de entrada fuese tapiada. Situación que, según miembros de la PAH, "estaba generando ciertas tensiones con algunos vecinos".

 

Una semana después del desahucio, han podido acceder a una vivienda en el edificio ‘La Dignidad’, en la población de Móstoles, cuyos ocupantes han puesto a disposición de los afectados vehículos para el transporte de personas y enseres.

 

El edificio, "recuperado" por la PAH en mayo de 2014 y propiedad de Valant Gestión Inmobiliaria SL –empresa en liquidación concursal con Bankia– cuenta con 18 pisos distribuidos en cuatro plantas y alberga numerosas familias en situación de inestabilidad económica, entre ellos 25 menores.

 

Desde la asamblea que gestiona el espacio dicen estar "dispuestos a continuar luchando para que los servicios municipales les proporcionen una vivienda con arreglo a sus posibilidades económicas y en el municipio de Madrid", más cerca de su entorno social, en el que hasta ahora venían recibiendo ayuda de amigos y vecinos.