Con motivo de la aprobación de los presupuestos del Consorcio de Transportes de Madrid, que tuvo lugar en la tarde de ayer, la plataforma Madrid en Transporte Público se concentró en en la mañana del martes ante la sede del organismo para denunciar la situación actual del servicio y plantear una serie de propuestas de mejora, lanzando así un guante a todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones locales y autonómicas.

La plataforma, de la que son parte múltiples organizaciones de la sociedad civil –estudiantiles, sindicales, ecologistas y sectoriales– denuncia un “preocupante deterioro del transporte sumado a un aumento considerable de las tarifas”, según ha explicado Elena Díaz, de Ecologistas en Acción. “Es una situación resultante de unas políticas de transporte que no responden a las necesidades de la población sino a intereses privados” que han elegido “la construcción de infraestructuras para poner en valor determinados terrenos”, proseguía. En consecuencia, según ha dicho, Madrid tiene “un modelo territorial disperso y dependiente del automóvil y un endeudamiento del Ayuntamiento que pretenden que paguen los usuarios del transporte público”.

Por ello, proponen que “la propiedad y la gestión del transporte público sean totalmente públicas”, así como una modificación de las tarifas actuales, con tres tipos de abono en función de las necesidades: un abono social, para las personas desempleadas y sin recursos; un abono joven por 30 euros para los menores de 30 años, y un abono para la Tercera Edad desde los 61 años, en caso de “jubilaciones anticipadas forzadas”. Además, abogan por elevar la gratuidad del servicio hasta los 13 años. “Sólo pedimos que se pueda tener un acceso real a la cultura, al trabajo, a la universidad y a la vida digna”, ha dicho una de las portavoces de la Plataforma.

Apuestan por recuperar los servicios suprimidos por los recortes, como los 19 accesos de metro que permanecen cerrados desde diciembre de 2012, los servicios de búho metro y el número de vehículos que transitan. Defienden igualmente la contratación del personal necesario atendiendo “al cumplimiento de los convenios de los trabajadores y al respeto de sus derechos laborales”.

Asimismo, abogan por la accesibilidad universal “con estaciones y vehículos adaptados y con personal de apoyo para personas con diversidad funcional o movilidad reducida”, y se posicionan radicalmente en contra de “la colaboración con las redadas de tipo racista” que se realizan en las instalaciones de metro.

Por último, reclaman la transparencia total en la gestión del consorcio de transportes, la realización de una auditoría ciudadana de la deuda contraída por la construcción de infraestructuras, y la implementación de una fiscalidad integral que priorice “las inversiones en transporte público colectivo” frente a las destinadas al automóvil.