Esta mañana ha tenido lugar el juicio contra 13 personas imputadas por la okupación del Palacio Social Okupado Malaya, quedando visto para sentencia. El proceso ya se celebró en 2013, pero fue suspendido el 6 de febrero de dicho año al decidir el juez no celebrar el juicio debido a las diferencia en las imputaciones, dado que mientras la Fiscalía únicamente hacia referencia al delito de usurpación, la acusación por parte de la propiedad pedía que también se imputase a las personas acusadas el delito de daños, por lo que el caso volvió a la fase de instrucción.

Este centro social, situado en el numero 49 de la céntrica calle Atocha de Madrid, permaneció activo desde marzo de 2008 hasta diciembre del mismo año y fue sede de decenas de proyectos sociales como el Centro de Medios, la Cicloficina Malaya, el seminario Historia de la Okupación en Madrid o la Red de Apoyo Zapatista. Asimismo, el espacio daba cabida a diferentes grupos que trabajaban sobre temáticas feministas, artísticas o de crianza.

El inmueble fue adquirido en marzo de 2004 por una sociedad mercantil llamada Atocha 49 SL, que a su vez estaba compuesta por otras dos sociedades. La primera, Inversiones Paduana, tenía como administradora a Pilar Román, hija de Pedro Román, exteniente de alcalde del GIL. Ambos están imputados por cohecho, fraude, blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio en el caso Malaya. Además, están acusados de ser testaferros de Juan Antonio Roca, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. La segunda sociedad era AMACU SL, cuyo administrador es Javier Pérez Villena, acusado de falsedad continuada e hijo de Ismael Pérez Peña, quien a su vez está acusado de cohecho y falsedad continuada. Ademá, al padre se le acusa de ser también testaferro de Roca, al que habría entregado 30 millones de las antiguas pesetas a cambio de la adjudicación del servicio de grúas municipales.

Tanto a Pilar Román Martín como a Javier Pérez Villena se les acusó de utilizar dinero sustraído de las arcas de Marbella (por parte de Pedro Román) para blanquearlo con la compra de inmuebles en su condición de testaferros. Se sospechaba que el edificio de Atocha 49 pudo haber sido comprado con dinero de dicho Consistorio, aunque la sentencia finalmente no lo considera probado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas embargó el edificio en abril de 2013, junto con otros inmuebles de familiares de Román a los que considera testaferros.

En el juicio celebrado hoy, la Fiscalía ha retirado la petición de daños y sólo mantiene la acusación de usurpación. Por su parte, la acusación particular Atocha 49 SL, mantiene la petición de ambos delitos para las 13 personas imputadas, quienes se encontraban en el edificio el día 1 de diciembre de 2008, día del desalojo, y fueron identificadas por la policía. Los daños que se les reclaman ascienden a 300.000 euros, 60.000 de ellos en concepto de retirada de basuras del interior del inmueble. Asimismo, les acusan de inutilizar el ascensor y de haber sustraído diez chimeneas de mármol, aunque no se les imputa un hurto. La Fiscalía les pide 4 meses de multa a 7 euros diarios (840 euros) y la acusación particular la misma cantidad de meses a 100 euros diarios (12.000), además de una indemnización.