El pasado sábado 6 de septiembre representantes de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar y de la plataforma Salvem el Cabanyal realizaron una exitosa recogida de alegaciones contra el plan de expolio del barrio del Cabanyal, en Valencia. Después de 17 años de lucha, cuando parecía que el plan se había paralizado, Rita Barberá desempolvaba su plan urbanístico estrella: la prolongación de la avenida Blasco Ibañez. El 25 de julio el Ayuntamiento de la ciudad levantina aprobó, sólo con los votos del PP, una modificación que le permitiría retomar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) para destruir la barriada.

Esta nueva ofensa institucional ha provocado de nuevo la respuesta de los vecinos, ya habituados a la lucha por la defensa de su barrio. Llevan desde 1998 movilizados contra lo que consideran un expolio, algo desde las instituciones se denomina eufemísticamente “conectar Valencia con el mar”. Las plataformas de defensa barrial denuncian que este plan en realidad supondría el derribo de 2.527 edificios, de los cuales 774 estaban declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Con la modificación del plan 637 inmuebles serían derribados. Además, el entorno también está protegido. Pero no se trata sólo de edificios: como señalan desde la asociación de vecinos, son más de 1.600 familias las que se verían afectadas de manera directa.

Al igual que han hecho otras veces, los vecinos están organizados y en la actualidad siguen recogiendo alegaciones contra el plan del Cabanyal, una estrategia de lucha legal que les ha concedido victorias exitosas estos últimos 20 años, como en 1999, cuando presentaron 20.000 alegaciones contra el PEPRI.

Pero esta forma de protesta parece no ser del agrado de todos, como demuestran las declaraciones de Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, quien ha declarado que dicha recogida de alegaciones constituye un ejemplo de “mala praxis” y se hace con ánimo de “meter arena en el engranaje de la administración para entorpecer su legítimo funcionamiento".