Dos habitantes del edificio de la Obra Social Cadete7, en Madrid, han sido citados a declarar el miércoles 29 de enero en los Juzgados de Plaza Castilla después de ser denunciados por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, conocido como "banco malo"), actual titular de la finca. En ella, solicita la adopción de la medida cautelar de desalojo y el lanzamiento de los ocupantes del inmueble sito en la calle Cadete Julio Llompart, en el barrio de Carabanchel.

El bloque, abierto desde el pasado 3 de octubre y puesto a disposición de seis familias que hasta entonces carecían de solución habitacional, forma parte de la Obra Social de Pueblos y Barrios de Madrid, un proyecto impulsado por las diferentes asambleas de vivienda 15M y enmarcado dentro de la campaña estatal de la PAH. La denuncia fue interpuesta a los pocos días de la apertura del edificio, pero no fue conocida por sus habitantes hasta el pasado cinco de enero, cuando recibieron la notificación judicial. Ahora, será el juez quién decida si hace efectivo el desalojo cautelar de un edificio inutilizado desde el final de su construcción. Antes de pasar a manos de la Sareb, pertenecía al Banco Gallego, adquirido en subasta pública por el Banco Sabadell al precio de un euro, a cambio de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le inyectara 245 millones de euros procedentes de fondos públicos para sanearlo.

Para anticiparse al posible desalojo cautelar, la comisión de Legal Sol, encargada de llevar la defensa jurídica del edificio, ha presentado un escrito en el que solicitan el sobreseimiento y archivo del caso, alegando para ello datos objetivos como la absoluta dejadez de la Sareb con respecto al inmueble, la falta de acreditación de un plan real para su venta u ocupación a corto plazo, o el elevadísimo número de inmuebles vacíos que posee actualmente esta sociedad, que cuenta con un 45% de capital público.

Por su parte, los habitantes del edificio han tratado de ponerse en contacto tanto con la Sareb como con Banco Gallego para iniciar negociaciones de cara a un posible alquiler social que resuelva la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran. Además han iniciado una campaña de presión para exigir a la Sareb la retirada de la denuncia y el final de la especulación inmobiliaria. A través de un comunicado publicado en su página web, han convocado una concentración de apoyo el mismo miércoles 29, a las 9h en Plaza de Castilla, para visibilizar el respaldo social con el que cuentan.

Aunque la amenaza de desalojo ha despertado preocupación entre los habitantes de Cadete7, aún hay motivos para mantener la esperanza: no sería la primera vez que un edifico de la Obra Social PAH se encuentra con una medida cautelar solicitada por la Sareb y el juez da la razón a los denunciados. El pasado mes de mayo, una jueza de Sabadell descartaba desalojar a 11 familias del edificio realojado, poniendo por encima del derecho a la propiedad la función social de la vivienda. Del mismo modo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decretaba el pasado octubre la suspensión cautelar del desalojo del Bloc Salt (de la Obra Social de PAH Girona) e instaba a las administraciones a demostrar que estaban cumpliendo con su responsabilidad de evitar la vulneración de derechos fundamentales de las familias que vivían allí. Éste fue desalojado en diciembre, pero, en ambos casos, las familias residentes consiguieron alquileres sociales en otros inmuebles.