El ministro de Interior Pérez Rubalcaba.

Hasta el Ararteko [Defensoría del
Pueblo en Euskadi] insiste: “Hemos
recibido y seguimos recibiendo quejas
relativas a presuntas prácticas de
torturas o malos tratos infligidos a
personas detenidas, habiéndoseles
aplicado a la inmensa mayoría de
ellas el régimen de incomunicación”.
El 17 de enero, el Ararteko hacía
público un nuevo y extenso análisis
sobre el régimen de detención incomunicada.

El estudio, tras constatar
grandes deficiencias en las garantías
contra los abusos para las personas
detenidas, propone mejoras en aspectos
como la grabación audiovisual,
la asistencia letrada, los exámenes
forenses y la comunicación con
los allegados del arrestado.
“Lo primero que llama la atención
es que si admite seguir recibiendo
denuncias relacionadas con la detención
incomunicada, no es suficiente
en absoluto solicitar una ‘mejora’ de
esta detención restrictiva. Si en su
anterior informe –de 2004– abogaba
por su abolición, no puede entenderse
que no vaya más allá en sus exigencias.
Ha habido un claro retroceso”,
valora Iratxe Urizar del observatorio
vasco de Derechos Humanos,
Behatokia.

La posición del Gobierno

Por su parte, a mediados de enero,
el Gobierno ha aclarado que no
piensa acabar con los hasta diez días
de incomunicación que permite
la legislación española. Esta ha sido
su respuesta al informe del
Comité contra la Tortura de la ONU
(CAT, por sus siglas en inglés) de
noviembre de 2009, que se había
mostrado muy duro con un régimen
de incomunicación que podría
“vulnerar las salvaguardas propias
de un Estado de Derecho”.
El Gobierno “insiste una y otra
vez en argumentos que ya han sido
rebatidos, en alguno de los casos
incluso por el mismo CAT” sostiene
Urizar. “No ha dado muestras
de querer seguir ninguna de las recomendaciones;
no sólo eso, ni siquiera
ha variado sus respuestas a
la hora de explicar por qué no va a
seguir ninguna de las recomendaciones”.
Urizar cree que “es complicado
defender la aplicación de
un régimen que ha sido criticado
por tantas voces autorizadas”.

El 25 de enero, la organización internacional
Human Rights Watch
(HRW) hizo público su informe
anual sobre los derechos humanos
en el mundo, en el que se incluye un
pequeño apartado dedicado al Estado
español. En él se apuntaba que el
Gobierno ha rechazado las recomendaciones
hechas por HRW sobre
el régimen de detención y que le
fueron trasladadas en mayo. En
concreto, Human Rights Watch reclamaba
la supresión del régimen
de incomunicación.

Urizar remacha: “Con un balance
de 2010 en el que el Grupo Contra la
Tortura (TAT, por sus siglas en euskera)
ha recibido 63 denuncias de
tortura (se han llevado a cabo 83 detenciones,
de las que 79 han sido bajo
régimen de incomunicación),
nuestra valoración más inmediata es
que desgraciadamente todavía nos
queda mucho trabajo. Sin embargo,
las voces críticas son cada vez más
numerosas. Voces que no sólo critican,
sino que muestran hartazgo por
la actitud del Estado de hacer oídos
sordos a sus obligaciones”.