El chiapaneco Mariano Abarca fue
detenido el pasado 17 de agosto por
un comando policial de agentes encapuchados
que viajaban en coches
sin placas ni distintivos. Los policías
no llevaban identificación ni orden
de detención. La presión social hizo
que a las 24 horas se informara de
dónde estaba detenido, aunque por
las irregularidades policiales y judiciales
no se sabe de qué se le acusa.
Abarca pertenece al municipio de
Chicomuselo, una zona donde las
concesiones mineras de empresas
canadienses devastan tierras y acuíferos.
Él es un luchador social reconocido
en Chiapas, perteneciente a
la Red de Afectados por la Minería,
que iba a celebrar en su pueblo, a los
pocos días, su segundo encuentro.
Sus vecinos se han organizado para
exigir su libertad y responsabilizan
de su detención a los gobiernos municipal,
estatal y federal y a la minera
canadiense Black Fire.

Casos como éste se dan con frecuencia
en México: la maquinaria
político-judicial-militar, amparada
en la llamada lucha contra el narcotráfico,
reprime la protesta social con
total impunidad. Recientemente, en
el Estado de Guerrero, seis camiones
de Ejército mexicano repletos de soldados
entraron en la comunidad
Puerto de las Joyas, municipio de
Petatlán, y según relatan integrantes
del Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI), dijeron que iban
“en contra de campesinos revoltosos”,
amenazaron a los lugareños
con quemar sus hogares y acabaron
llevándose a varios.

En ese Estado del sur mexicano
han sido asesinados ocho militantes
de organizaciones ecologistas en los
últimos dos años, y actualmente más
de 100 se encuentran en prisión por
acusaciones fabricadas desde el poder.
La directora adjunta de Amnistía
Internacional, Kerrie Howard, considera
que la región guerrerense de
Ayutla es “un peligro constante para
las personas que defienden los derechos
humanos de las comunidades
indígenas más marginadas”. Pero esto
no es una excepción, ni en Guerrero
ni en el resto del país.

Militarización y narcotráfico

México está militarizado. La presencia
de soldados, camiones y tanquetas
es constante, y se producen
abusos y violaciones de los derechos
de la población con total impunidad.
Además, como reconoce Gustavo
Castro, coordinador de la organización
Otros Mundos Chiapas, “ha empeorado
la situación, el narcotráfico
ha invadido el aparato gubernamental
y al mismo Ejército. Policías, autoridades,
funcionarios que combaten
supuestamente la delincuencia
organizada están pagados por el narcotráfico
que está mejor armado que
las policías”, por lo que la violencia
es constante. El país parece estar en
guerra, aunque “la guerra real es
contra los de abajo, por sus tierras,
los recursos naturales y para obtener
el silencio que necesita el sistema
para seguir avanzando”, precisa un
integrante de La Otra Jovel, una coordinadora
de organizaciones. Este
resalta que además “del robo de las
transnacionales y la corrupción de
las autoridades oficiales”, hay otros
agentes, como la industria del turismo
que necesita esas tierras para tener
infraestructura y los recursos naturales
para privatizarlos.

El presidente de los EE UU, Barack
Obama, de visita el pasado
agosto en México, recalcó su confianza
en el Gobierno mexicano y
en la lucha conjunta contra el tráfico
de drogas. La administración norteamericana
ha dado luz verde a seguir
con la Iniciativa Mérida (o Plan
México) con la que su gobierno apoya
económica y logísticamente al
Ejército mexicano y ha desbloqueado
la totalidad de estos fondos, a pesar
de que esta colaboración militar
estaba supeditada al esfuerzo en la
defensa de los derechos humanos
del Gobierno mexicano. Poco después
de la visita de Obama fueron
hechos públicos documentos desclasificados
de la Agencia de Inteligencia
de Defensa (DIA) que describen
el apoyo del Ejército de México a los
grupos paramilitares en Chiapas, entre
1994 y 1999, como práctica habitual
de contrainsurgencia aprobada
por las altas instancias del Gobierno.
Estos documentos, encontrados en
Washington por la investigadora
Kate Doyle, son una muestra clara
de la guerra sucia contra la rebeldía
chiapaneca y del protagonismo de
las autoridades en la masacre de 45
indígenas desarmados en Acteal.
Además, el reciente testimonio de un
ex comandante del grupo paramilitar
Paz y Justicia confirma que el
Ejército mexicano planificó, organizó
y apoyó, desde que lanzara en
1995 su ofensiva contra el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), a grupos paramilitares en
tres regiones de Chiapas.

La decisión de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación de liberar a
20 acusados de la masacre de Acteal
es interpretada por la izquierda mexicana
como el siguiente paso de la
represión: la impunidad.

“Todo eso se sabe, por eso estamos
tan indignados al ver que la
Corte intenta limpiar el expediente y
quitar responsabilidad en la comisión
de delitos de lesa humanidad a
los presidentes, funcionarios y mandos
militares de esa época. Quieren
limpiar la cara al régimen que gobernaba
entonces, que es el mismo
que está regresando”, afirma contundente
Raúl Vera, quien en esa
época era obispo adjutor de la diócesis
de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, junto a Samuel Ruiz.

A la pregunta de cómo hacer para
seguir luchando ante tanta represión,
Gustavo Castro, que también participa
en la Red de Afectados por la Minería,
responde: “No dejar de luchar
y manifestarse para no ceder a la criminalización
legalizada que hace el
Gobierno del movimiento social, de
los sindicatos o cualquier derecho a
la manifestación publica y pacífica.
La denuncia pública es importante
así como hacer visible la impunidad
a nivel internacional”.

Plan Mérida

A mediados de agosto el gobierno de
EE UU anunció que iba a liberar el
15% de las ayudas destinadas a
México a través del Plan Mérida que
el Congreso de EE UU había bloqueado
en 2008 hasta que hubiera avances
en el respeto a los derechos humanos
en este país. Ya el pasado
junio la cámara estadounidense había
aprobado la entrega de un paquete
de 420 millones de dólares como
parte de ese Plan, fondos que se
suman a los 700 ya autorizados
anteriormente. Así, sólo restan 280
millones de dólares para alcanzar los
1.400 millones prometidos a México
en 2007 en material y equipamiento
para sus fuerzas de seguridad.