Las chicas jóvenes son uno
de los sectores sociales,
junto con las migrantes,
que más tardan en interrumpir
el embarazo. Con la ley
actual, el deber de informar a representantes
legales agrava esta situación.
Las interrupciones de embarazos
en menores de 20 años son
casi el 19% del total de los abortos
producidos después de las 14 semanas
(único plazo legal). La prohibición
de abortar sin conocimiento de
sus representantes legales provoca,
por miedo a su reacción, retraso en
la decisión y abortos clandestinos.

LA LETRA PEQUEÑA. Las chicas menores de edad
tendrán que informar a sus representantes legales
para poder abortar. Foto: Olmo Calvo.

En Suiza, uno de los países con
menor número de abortos, no se necesita
consentimiento ni notificación
a padres/madres. Ni siquiera
en menores de 16 años. En Finlandia,
las menores pueden abortar
hasta las 20 semanas, un plazo más
amplio que para las adultas. Saben
que las menores tardan más en tomar
la decisión. ¿Por qué? La regla
a edades tempranas suele ser irregular,
es fácil que se retrase de un
periodo a otro e incluso que no aparezca
durante dos meses. Si a esto
sumamos el tiempo para meditar la
decisión, los tres días de reflexión
que impone la ley, más el tiempo
para que padres/madres acudan al
centro a entregar el documento de
que lo saben, más el tiempo que tarden
los informes médicos en decidir
por ti, ¿no sería fácil que trascurran
las 14 semanas legales?

A esas edades existe un gran desconocimiento
sobre nuestro cuerpo
y nuestra sexualidad. El tabú se disfraza
de prevención, cuando es el
mayor factor de riesgo. Conocemos
casos de mujeres que daban a luz sin
saber que estaban embarazadas. Es
minoritario pero ocurre.

La ausencia de recursos económicos
–en especial si se mantiene
la cifra del 2% de abortos practicados
por la sanidad pública– provoca
que las jóvenes empleen tiempo
en conseguir dinero para interrumpir
el embarazo.

La Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción del
Embarazo (ACAI) realizó un estudio
en el que se concluyó que el 30% de
las chicas de 16 y17 años que abortaban
habría preferido no comunicarlo
a sus representantes legales.
Además, de las jóvenes de más de
18 años que abortaban, menos del
50% se lo comunicaba a su familia.
Esto mismo reflejaba un estudio con
menores de 21 años de la clínica ginecológica
Dator. De las jóvenes
mayores de edad que abortaban, un
59% no informaba a padres/madres
y sólo un 12% acudía con ellas/os.

Unas carencias desapercibidas

Estas carencias han pasado desapercibidas
por un riesgo aún mayor:
que algunas Comunidades Autónomas
no cumplan los mínimos legales.
La Ley establece que las chicas
de 16 y 17 años podrán tomar la
decisión de abortar sólo informando
a sus representantes legales. Podrán
no comunicárselo cuando aleguen
que “provocará un conflicto grave
(...), peligro cierto de violencia intrafamiliar,
amenazas, coacciones, malos
tratos, o se produzca una situación
de desarraigo o desamparo”.
Anteriormente, con esta edad no podían
abortar sin consentimiento de
padres/madres, pese a que en el resto
de intervenciones quirúrgicas sí
se les permitía decidir.

El decreto que desarrolla la Ley
establece que serán los/as representantes
legales de las chicas de 16 y
17 años quienes entreguen el documento
que acredite que han sido informados...
en el propio centro.
¿Qué diferencia hay con pedirles
permiso? ¿No coartará igualmente
la decisión? ¿Qué ocurre si la tutela
la ejerce una Comunidad Autónoma
con políticas de represión sexual
que financia asociaciones antielección
o que no aplica la Ley?
Por ejemplo, en 2008 se denunció al
Instituto del Menor y la Familia madrileño
por impedir que menores
bajo su tutela pudieran abortar.

El contexto familiar

Otro problema es demostrar la violencia
familiar que eximiría de contarlo.
¿Debe denunciar? ¿Acaso no
se van a enterar igual? Si ha sufrido
incesto, ¿podrá desvelar en unos días
ese hecho tan doloroso? En el caso
de alegar un “conflicto grave”,
que impide comunicar la decisión a
progenitores/as, será el personal
médico quien decida. Deberá apreciar
que las alegaciones de la mujer
son “fundadas”. Para ello podrá pedir
informes psicológicos o de profesionales
del trabajo social. ¿Cuánto
tiempo puede llevar ese proceso?
¿Podremos acudir a otro centro si
nuestro médico conservador se niega
a aceptar que esta decisión puede
suponer un maltrato?

La decisión de si la menor tiene
razones fundadas para no contárselo
a su representación legal quedará
en manos del personal médico, que
podrá realizar un test, solicitar informes
y decidir, entre otras “banalidades”,
si hay peligro de maltrato.
Seguimos sin ser dueñas de nuestro
propio cuerpo si las/os profesionales
médicos deciden por nosotras.