Foto: Olmo Calvo.

“Aunque la Reforma no vaya destinada
directamente contra el movimiento
de okupación, seguramente
sí ha venido motivada por un aumento
de ocupaciones por motivos económicos
fruto de la actual crisis. Cada vez son más las personas que,
ante la dificultad de acceso a la vivienda,
deciden dar ese paso”, valora
Jaume Asens, abogado del movimiento
de okupación barcelonés. Y
es que la última reforma del Código
Penal (CP), la número 26 en 15 años,
que ha sido aprobada por el Senado
a primeros de junio y que entrará en
vigor en diciembre, endurece los castigos
para ciertos delitos de “usurpación”.

En respuesta a una petición de
CiU, el artículo 245.1, relativo a la
“usurpación violenta” (las realizadas
con “violencia o intimidación en las
personas”), ha sido modificado y su
castigo ascenderá a uno o dos años
de cárcel dependiendo “de la utilidad
obtenida y del daño causado”. Antes,
la okupación violenta se castigaba
con penas de entre seis y 18 meses.
Hibai Arbide, otro abogado con experiencia
en la defensa de okupaciones
en Barcelona, coincide en la
valoración de este cambio legal.

Considera que, junto a otras medidas
como el desahucio exprés, “son
reformas legislativas que supuestamente
son medidas anticrisis” y
que pretenden “dar la sensación de
que se protege más a los propietarios”.

Ambos letrados coinciden
también en que la modificación del
artículo estaría destinada, en todo
caso, a la llamada “ocupación con
c”, la realizada por personas que,
empobrecidas, no tienen acceso a
una vivienda o la pierden y deciden
entrar sin más planteamiento político
en una casa vacía. Así, según
aclara Asens, el cambio no afecta al
movimiento de okupación, puesto
que “la primera característica del
delito de usurpación violenta es que
ésta ha de ser ejercida sobre las
personas, no las cosas, y en el caso
de las okupaciones –con k, las politizadas–,
esto no se produce”.

La “okupación pacífica” recogida
en el artículo 245.2, no ha sufrido
cambios y sigue estableciendo penas
de multa de tres a seis meses,
que pueden agravarse con acusaciones
de resistencia a la autoridad,
o por infracciones relacionadas con
‘pinchar’ el agua o la electricidad.
Apenas ha habido condenas por este
delito desde 1995 y los casos suelen
ser archivados. Por ello, a juicio
de Arbide, la reforma podría tener
una función simbólica, ya que “el
mensaje que se lanza es que se protege
todavía más la propiedad”.

Para Iñaki Carro, abogado de la
Oficina de Okupación de Bilbo,
“podría tratarse de márketing, para
decir que se endurecen las penas,
cuando no es así”. Carro, que está
realizando un estudio de jurisprudencia
relativa a la okupación, remarca
la nula aplicación de este supuesto
al movimiento desde 1995.
Una preocupación electoral
En Barcelona, tanto PP como CiU están
utilizando la okupación como tema
estrella en sus actuales campañas
electorales. A la petición de CiU
de endurecer las penas por usurpación,
recogida ya en la reforma del
CP, se suma la campaña Desocupar
Barcelona de Okupas, impulsada
por el PP. El candidato popular Alberto
Fernández ha propuesto la creación
de Oficinas Antiokupas para
respaldar a propietarios y vecinos.

Asimismo, plantea modificar la ley
para establecer de modo más contundente
el desalojo exprés: que el
Ayuntamiento se persone judicialmente
en todas las diligencias abiertas
por okupación, incrementar la
plantilla de la Guardia Urbana o que
se actualice el censo de los inmuebles
ocupados, que en marzo se estimaban
en 249 –frente a los 307.859
pisos vacíos según el último censo
del Instituto Nacional de Estadística,
que data de 2001–, “para su desocupación
inmediata”. Fernández denuncia
“el ‘efecto llamada’ de radicales
y antisistema que se produce en
Barcelona”.

Tanto PP como CiU han realizado
en la prensa duras declaraciones en
las que descalificaban a los okupas y
acusaban al Tripartito de estar de su
lado. “En su imaginario, atacar a la
okupación implica poner en un
aprieto al Tripartit”, explica Arbide,
“cuando en la práctica todos sabemos
cómo actúan tanto los Mossos
como el Tripartit. Sin embargo, mediáticamente
lo utilizan”.

La reforma aprobada en el Senado
es, según apunta Arbide, “plenamente
coherente con el desahucio
exprés, incluido en la Ley de medidas
de fomento y agilización procesal
del alquiler [ver DIAGONAL nº
121]. Este conjunto de cambios en
la Ley de Enjuiciamiento Civil fue
introducido en diciembre para agilizar
al máximo el proceso de desahucio.
Cuando el juez admite la
demanda, ya puede señalar no sólo
el día de juicio sino también el del
desalojo, y se crean oficinas de señalamiento
inmediato. Para Jaume
Asens se trata de “otra vuelta de
tuerca, en clave neoliberal, de las
sucesivas reformas para favorecer
a los propietarios, en perjuicio de
los inquilinos”. “En el actual momento
de crisis económica”, reflexiona
el letrado, “igual que con la actual reforma laboral se nos dice
que para fomentar el trabajo deben
facilitarse los despidos, en materia
de vivienda se nos dice que
para incentivar el alquiler deben
facilitarse los desalojos, en vez de
proteger al que por razones económicas
no puede hacer frente a sus
hipotecas o al alquiler”.

Y es precisamente este tipo de
procedimientos, de carácter civil,
los que están suponiendo una amenaza
para el movimiento de okupación.
En ciudades como Barcelona,
donde el Ayuntamiento estima
que en el último año la okupación
ha ascendido un 11.2%, su verdadero
enemigo son los procedimientos
civiles, que permiten al juez
dictar el desalojo desde el mismo
momento de la denuncia. “Los propietarios
acuden cada vez más a
los juzgados civiles que a los penales,
cuando no a los dos a la vez,
para conseguir un desalojo rápido”,
señala Asens, “y así las okupaciones
cada vez duran menos”. En
estos procesos, las posibilidades
de defensa –a diferencia del penal–
son casi nulas y el desalojo es “un
fin inevitable”, afirma. Arbide, por
su parte, subraya que “lo que cansa
a la gente no es tanto una condena,
como que cada tres o cuatro
meses te echen de tu casa y tengas
que buscarte otra”. Para Asens, la
reforma del desahucio, “de hondo
calado, se ha hecho sin apenas
contestación en la calle” y “el movimiento
de okupación no ha demostrado
ninguna capacidad de
reacción a pesar de ser una grave
amenaza para su supervivencia.
En eso debemos ser autocríticos”.

Jornadas Europeas en Cornellà

Adrián Crespo

Entre el 16 y 20 de
junio se celebraron en
el Centro Social Okupado
Laforsa, de Cornellà
de Llobregat
(Barcelona) las Jornadas
Europeas de Okupación.
En ellas,
colectivos de todo el
continente (Alemania,
Francia, Holanda…)
se reunieron para
analizar el papel de la
okupación, con el
objetivo de reforzar
las luchas de resistencia
que intentan
plantar cara al sistema
capitalista, ante
un escenario europeo
cada vez más uniforme
e interrelacionado.

Para ello, se
plantearon charlas y
debates en las que se
valoraron tanto los
cambios legales, políticos
y sociales en
torno a la ocupación
como las respuestas
de los distintos colectivos.
Las jornadas se
cerraron el sábado
con una manifestación
en defensa de
los espacios liberados,
en el barrio barcelonés
de Vallcarca.