"LA RECIE&#769
Medidas que limitan el acceso a la justicia

Bajo el pretexto de paliar
el atasco en la
Administración
de justicia, las medidas de agilización aumentan
las condiciones para
ponerse bajo su tutela.

- La administración invisible tiene sus propios recortes

- "Se está creando una justicia clasista"

17/11/11 · 8:30
Edición impresa

La Ley 37/2011, de 10 de octubre de Medidas de
Agilización Procesal, que
ha entrado en vigor el 1 de
este mes, contiene una batería de
normas dirigidas a aliviar la obstrucción arterial del sistema de administración de justicia en los órdenes procesales civil y contencioso-administrativo (pleitos contra
Administraciones públicas).

De entre ellas, cabe destacar en
materia civil por su mayor cariz antisocial la nueva regulación del
desahucio del arrendatario por impago de renta o cantidades asimiladas a la misma (luz, agua, impuesto
sobre bienes inmuebles, obras repercutibles), así como una importante limitación del acceso al sistema de recursos para los más pobres. Para lo primero, se articula
una modalidad procesal que presume la veracidad del impago por parte del arrendatario (similar al juicio
monitorio), de modo que si en diez
días el inquilino no responde en forma (con abogado y procurador), se
acuerda el desahucio sin necesidad
de juicio. Además, se establece el
plazo de tan sólo tres días para que
el arrendatario que pretenda oponerse solicite defensa jurídica gratuita, lo que es un plazo a todas luces pensado para que “se le pase” al
potencial beneficiario del derecho
de justicia gratuita (unidad familiar
con ingresos inferiores a mil euros
al mes), y así la propiedad se ahorre
el enojoso trámite del juicio, y la
Administración el coste de los abogados de oficio. La prioridad del legislador socialista es una vez más,
tranquilizar al ciudadano propietario frente a posibles abusos de los
desposeídos.

Se encarecen los recursos

En cuanto al acceso a los recursos,
tanto en el orden civil como en lo
Contencioso-Administrativo, la reforma establece que para poder interponer recurso de casación ante
el Tribunal Supremo la cuantía de
los procedimientos (interés económico en juego) deberá ser superior
a 600.000 euros , cuando la norma
anterior fijaba el rasero en 150.000.

Así, el Gobierno alivia la carga de
trabajo del Alto Tribunal, excluyendo del acceso al mismo los asuntos
de “poca monta” y preservando el
derecho de recurso de los ciudadanos de verdad, los que manejan intereses de ese volumen. Frente a las
críticas por esta modificación, se
defendía el señor Álvaro Cuesta (diputado socialista y presidente de la
comisión de justicia del Congreso)
alegando que como decía el insigne
procesalista Carnellutti (jurista decimonónico), “cuantos menos
asuntos, mejor justicia”, añadiendo
que los ilustrísimos magistrados del
Tribunal Supremo habían pedido
que el límite de acceso se fijase en
el millón de euros, con lo que la posición del grupo socialista había sido intermedia.

En el orden de lo Contencioso-Administrativo, la posibilidad de interponer recurso de apelación ordinario (segunda instancia) contra
sentencias dictadas en primera instancia se cierra a asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros, cuando
hasta ahora el límite estaba en
18.000. Se sigue la misma lógica,
que en la exposición de motivos de
la reforma se dice está orientada a
“limitar el uso abusivo de instancias
judiciales”, por parte de personas
con intereses inferiores a esas cuantías.

Pero la peor de todas las modificaciones es la instauración de la regla general de imposición de costas
al litigante que ve desestimadas sus
pretensiones en el procedimiento
Contencioso-Administrativo. Se
instaura así en los pleitos contra
Administraciones la regla propia de
los pleitos entre particulares (jurisdicción civil) de que “el que pierde
paga”. Esto supone que quien vea
desestimada su demanda contra
una Administración tendrá que pagar no sólo a su abogado y procurador, sino el de la Administración, el
pago de peritos que hayan intervenido, tasas judiciales, y cualquier
otro gasto del juicio.

Uno de los motivos determinantes de la gente para no acudir a la
justicia civil a defender sus derechos incluso cuando está cargada
de razón es precisamente el miedo
a perder y tener que pagar las costas. Evidentemente, cuanto más pobre es la persona, más se inhibe de
reclamar sus derechos, sobre todo
si lo tiene que hacer frente a entidades económicamente poderosas;
bancos, aseguradoras, ciudadanos
acaudalados... Lo que ha convertido tradicionalmente (no tanto en
asuntos de derecho de familia) a esta jurisdicción en territorio no aconsejable a las economías medias y
medias-bajas.

Ahora se implanta la misma regla en los conflictos entre particulares y Administraciones públicas,
precisamente en el terreno judicial
en que hay desigualdad de armas
entre las partes por definición.
Ahora, el particular que se oponga
a que el alcalde de turno le declare
en ruina su casa para construir encima, el extranjero que se oponga a
la denegación de la renovación de
su permiso de residencia, o la persona que se rompa la cadera por el
mal estado de la vía pública, tendrán que pensárselo dos veces an-
tes de reclamar contra la
Administración, so pena de quedar
gravemente endeudados.

Otras medidas aprobadas

A la reforma de Medidas de Agilización procesal se han sumado este
otoño la modificación de la Ley Concursal que busca «ofrecer a las
empresas una solución más ágil y
económica a sus crisis, a través de
acuerdos de refinanciación» en el
proceso de cierre concursal. También se ha implementado la nueva
Ley de Jurisdicción Social, que posibilitará «un tratamiento uniforme del
accidente de trabajo», según la
Federación de Servicios Públicos de
UGT, pero que también está destinada a fomentar la conciliación extrajudicial, la mediación y el arbitraje en
las relaciones laborales. Asimismo,
el Consejo General del Poder Judicial
presentó a principios de noviembre
una serie de propuestas encaminadas a un pacto de Estado para la
modernización de la justicia.

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