EDUCACIÓN // CUARTA HUELGA CONTRA MARAGALL
Más pasos para la privatización encubierta

Colectivos de Estudiantes, profesores y madres
continúan con la denuncia de la apuesta del Tripartit por
la gestión privada del sistema público de educación.

- Nuevas movilizaciones en la comunidad educativa valenciana

01/03/10 · 0:00
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El 17 de
marzo miles de personas
se manifestaron contra la
ley Maragall de educación. / Anna Murillo

El 7 de abril se reúnen los sindicatos
catalanes de profesores de enseñanzas
no universitarias para decidir cómo
se concretan las próximas movilizaciones.
El Govern de Catalunya
no tiene previsto congelar diferentes
medidas anunciadas como el decreto
de autonomía de centros y el de
dirección después de la huelga. Ante
ello los sindicatos han decidido mantener
la movilizaciones después de
la primera reunión intersindical posterior
al 17-M, la cuarta que se realiza
bajo el mandato del actual conseller
d’Educació del Gobierno catalán,
Ernest Maragall.

De momento, sigue sin dar respuestas
a las demandas de los profesores.
En este sentido, Rosa
Canyadell, representante de Unió
de Sindicats de Treballadors de
l’Ensenyament de Catalunya (USTEC)
,
sindicato mayoritario en la
educación pública, señala que
“aunque afirman tener voluntad de
diálogo, en verdad no están dispuestos
a cambiar ni un ápice sus
reformas”. “La respuesta sindical
debe ser unitaria frente a un conseller
intransigente y con escasa sensibilidad
social”, afirma Emili
Cortavitarte, portavoz de CGT, que
añade que Maragall tiene una actitud
hostil, ya que “en estos años no
ha conseguido ni un solo pacto con
ninguna central sindical, y que
aprobó la Llei d’Educació de Catalunya,
que regula el sector, con todo
el profesorado en contra”.

La del 17 de marzo, según indican
representantes de los trabajadores
y de los estudiantes consultados,
ha sido una huelga poco
corporativa. “No pedimos aumentos
de sueldo ni mejoras laborales,
sino que luchamos por mantener
un modelo de educación pública”,
afirma Canyadell. El principal motivo
para ir a la huelga fue el decreto
de autonomía de centros y la
falta de actitud negociadora del
equipo del conseller. En opinión
de los sindicatos este decreto se
está cargando los principios democráticos,
de redistribución de la
riqueza y de igualdad de oportunidades
del sistema público de enseñanza
para promover su privatización
encubierta: gestión privada y
titularidad pública. “Es el modelo
norteamericano y anglosajón que
ya se ha demostrado fracasado”,
afirma Cortavitarte.

Sin gestión democrática

La nueva norma de autonomía de
centros acaba con la gestión democrática
de la comunidad escolar a
partir del claustro de profesores y
del consejo escolar, para “profesionalizarla”
a partir de la figura de un
director “omnipotente” que podrá
imponer su proyecto. Una situación
que se ha agravado con el decreto
de dirección, posterior a la huelga,
por el cual, según señala Pere Solà,
profesor de Historia de la Educación
de la Universitat Autónoma
de Barcelona, el director actuará
como un empresario. Solà acusa al
Govern de “no escuchar a los profesores”.

El nuevo sistema fiará la
educación a las direcciones que
tendrán libertad de presupuesto y
de selección de personal, de creación
de puestos de trabajo, de promoción
interna y de incoación de
expedientes. Los dos decretos establecen
criterios de competencia entre
centros y profesores, implantando
en las escuelas e institutos
una lógica del mercado más que
pública. “El decreto de autonomía
desregula las condiciones de trabajo
de los profesores –les hace competir
entre ellos por su promoción
individual–, y dificulta el necesario
trabajo en equipo y la participación
en la gestión de los centros de toda
la comunidad educativa, que es la
que conoce de cerca lo que pasa en
las aulas”, afirma Canyadell.

El decreto también impulsa la
competencia y la desigualdad entre
centros, cuando determina que cada
uno debe negociar sus dotaciones
económicas en función de su
proyecto educativo y de sus resultados
académicos y no en función
de criterios objetivos como hasta
ahora. “No se tendrán en cuenta las
dificultades socioeconómicas o de
integración que puedan tener los
alumnos: una escuela es algo más
que los contenidos, es lo que se vive
en la familia y en tu entorno, y
sus necesidades”, afirma Anna del
Pino, representante de l’Associació
d’Estudiants Progressistes.
Esta
competencia dará lugar a que unos
determinados centros públicos se
conviertan en espacios educativos
de élite en contraposición a los que
alberguen malos resultados que
contarán, además, “lo que ataca la
igualdad de oportunidades y es clasista”,
según del Pino porque “no
se dotará según necesidades sino
según resultados académicos”.

Esta filosofía “no es la del interés
público que tiene que garantizar los
recursos, sobre todo donde hacen
más falta”, añade Cortavitarte
quien señala que sólo se busca la
eficacia económica sin tener en
cuenta factores sociales, “quieren
excelencia con dotaciones de suficiencia”,
añade.

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